Tegucigalpa – La violencia es una de las causas del desplazamiento forzado interno en Honduras, un delito “invisibilizado” pese a afectar a diferentes actores sociales entre ellos, a los profesionales del periodismo, quienes, en muchos casos, se ven obligados a huir de sus hogares para salvaguardar su vida y la de sus familiares, reveló hoy el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), ente que atendió, al menos, 133 casos de desplazamiento forzado de periodistas y comunicadores sociales, entre los años 2016 y el 2024.
– Obligar a desplazarse a quien ejerce el periodismo es una forma de “censura previa” prohibida en los tratados internacionales de protección de los derechos humanos, señaló el Conadeh.
La violencia delincuencial, las amenazas, las tentativas de homicidio, los atentados a la propiedad y el asesinato de parientes, son parte de las razones por las que los periodistas y comunicadores sociales, en Honduras, están en riesgo o se ven obligados a huir de sus hogares.
Los casos de desplazamiento forzado son cada vez más frecuentes, situación de violencia que fomenta el temor y propaga el miedo entre los profesionales de los medios de comunicación que prefieren abandonar sus hogares y trabajo para salvaguardar su integridad física, su vida y la de sus familiares.
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Los actos de violencia que se cometen, en total impunidad, contra periodistas, comunicadores sociales y demás trabajadores de medios de comunicación, también ponen en riesgo la libertad de expresión en el país, advirtió el ente estatal.
Obligar a desplazarse a quien ejerce dicha labor es una forma de “censura previa” prohibida en los tratados internacionales de protección de los derechos humanos, señaló.
“Alto impacto”
Elsy Reyes, coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, expresó su preocupación por el “alto impacto” que tiene el desplazamiento forzado en los profesionales del periodismo.
Indicó que la situación es de tal magnitud, en el país, que, entre el 2016 y el 2024 el Conadeh atendió, al menos, 133 casos de periodistas y comunicadores sociales que estuvieron en riesgo o fueron víctimas de desplazamiento forzado, de estos, el 50% se registraron en los últimos tres años, es decir, 20 en el 2022, cifra que aumentó a 27 en el 2023 y 20 en el 2024.
Posiblemente se mantengan las causas en el 2025, lo que indica que el ejercicio del periodismo en Honduras es una profesión de alto riesgo para quienes la ejercen, expresó Reyes.
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Reveló que, las amenazas contra los periodistas y los comunicadores sociales representan el 75% de las quejas, seguidos por daños a la propiedad, las tentativas de homicidio e incluso el asesinato de parientes, acciones que se constituyen en las principales causas del desplazamiento forzado por violencia.
Solo en el 2024, al menos 8 departamentos del país fueron escenario de actos de violencia que pusieron en riesgo la integridad física y la vida de periodistas y comunicadores sociales, por lo que se vieron en la obligación de denunciar los hechos ante el Conadeh.
Entre estos departamentos, Reyes mencionó a Choluteca que registra el mayor número de casos, seguido por Francisco Morazán, La Paz, Olancho, El Paraíso, Atlántida y Copán.
El 2025, ataques constantes
Los primeros meses del 2025, el ejercicio del periodismo, en Honduras, estuvo marcado por una serie de hechos violatorios a la libertad de expresión que van desde amenazas, agresiones, hostigamiento, intimidación, demandas en los tribunales, desplazamiento forzado y la persistencia de la impunidad de los crímenes cometidos contra personas que laboran en medios de comunicación.
Las acciones de violencia contra periodistas y comunicadores sociales, ya sea provenientes de agentes del Estado como de particulares, son condenables, porque atentan contra el derecho al trabajo, a la libre expresión y emisión del pensamiento y ponen en riesgo la integridad física y la vida de las personas, según la Institución Nacional de Derechos Humanos de Honduras.
Es evidente que la violencia contra periodistas y medios de comunicación continúa siendo una amenaza muy grave para el ejercicio de los derechos de expresión e información, particularmente contra quienes cubren y denuncian problemas sociales como el crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción en todos sus niveles.
La protección del derecho a la libertad de expresión exige que las autoridades del Estado hondureño aseguren las condiciones necesarias para que los periodistas y comunicadores sociales realicen su trabajo con libertad y la más absoluta tranquilidad, concluyó el Conadeh. JS
