Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – La promesa política de reformar o derogar el Código Penal y con ello despenalizar los delitos contra el honor, una acción necesaria para fortalecer la libertad de expresión y abolir la criminalización de la prensa, siguen siendo una deuda social.
Del discurso político que en el pasado se mostraba anuente a llevar los delitos contra el honor del ámbito penal a lo civil, ahora, meten ruido y dudas entre quienes, siendo servidores públicos, buscan cobijarse en la obsoleta figura del desacato por considerarse intocables figuras públicas.
El Congreso Nacional nombró una comisión especial para analizar y socializar la derogación o reformas al Código Penal, considerado por los activistas de lucha contra la corrupción, como un “código de impunidad”, los defensores de la libertad de expresión y de prensa, lo ven como una herramienta que criminaliza la libertad de expresión al incluir sanciones y penas carcelarias contra los periodistas.
Esa comisión ha comenzado a reunirse con sectores claves de sociedad civil, organizaciones gremiales, de juristas, y de libertad de expresión y humanitarias para debatir por dónde podrían venir las reformas o si es preciso derogar el Código Penal e impulsar otro, de acuerdo con las condiciones y coyunturas del país.
El presidente del Congreso Nacional, Luís Redondo, ha sido del criterio que debe elaborarse un nuevo Código Penal, ante los cuestionamientos que fue objeto el actual.
El Código Penal, tras cuya aprobación hubo un amplio debate y propuesta ciudadanas y gremiales para mejorarlo, fue aprobado por el pasado Congreso Nacional, sin tomar en consideración las iniciativas ciudadanas.
Para algunos entendidos, el Código penal tiene algunos avances sustantivos que deben rescatarse, pero son conscientes que amerita de reformas profundas en temas relacionados con lucha contra la corrupción, crimen organizado, delito de trata, violencia contra la mujer, y libertad de expresión, entre otros.
Veinte artículos criminalizan la prensa
En el caso de la libertad de expresión, el Código Penal contempla alrededor de 20 delitos que lesionan la libertad de expresión y los derechos humanos, unos de esos delitos se relacionan con las penas carcelarias contra los llamados delitos contra el honor que implican directamente a la prensa, el periodismo de investigación y la protección de las fuentes.
Los delitos de injuria y calumnia, sobre una institución sujeta a la supervisión e inspección de la CNBS, publicidad y las injurias y calumnias, difusión de noticias y rumores falsos y abuso de información privilegiada, son algunas de las figuras penales que contempla el Código Penal.
A ellos se suman delitos como espionaje, desórdenes públicos, perturbación del orden, asociación terrorista, persecución de la protesta pacífica, y algunos relacionados con las telecomunicaciones. La criminalización del ejercicio de la libertad de expresión se manifiesta claramente en el actual Código Penal.
De ahí que en la socialización iniciada por los integrantes de la comisión especial del Congreso Nacional, el tema de la despenalización de los delitos contra el honor y otras formas de criminalización a la libertad de expresión, hayan sido colocados en el debate, y aunque parece existir anuencia entre sus integrantes para avanzar en este paso y pasar la figura de los delitos contra el honor del ámbito de lo penal a lo civil, a lo interno de la Cámara hay voces opuestas a ello, y desde el gobierno central, algunos funcionarios empiezan a acomodar sus discursos y mostrar reservas al respecto.
La despenalización de los delitos contra el honor como recomienda la doctrina en materia de libertad de expresión, busca que los periodistas que cometen estos delitos no paguen con cárcel, sino con sanciones civiles (multas no exageradas), servicio social (barrido de calles o actividades de voluntariado) disculpas públicas (campos pagados en medios de comunicación y otros) y otro tipo de sanciones morales que recuerden a los periodistas que la libertad de expresión tiene límites y éstos no pueden ser transgredidos.
No obstante, este paso necesario para fortalecer la libertad de expresión, pilar en el cual descansan todas las otras libertades y la democracia, tiene opositores que estiman los excesos de la prensa deben pagarse con cárcel y lo recuerdan, cuando la crítica acrecienta o el discurso político se eleva de tono y arrastra consigo la desinformación.
Primeros síntomas de intolerancia a la crítica
Como un factor que busca polarizar, descalificar y estigmatizar, la desinformación ha cobrado fuerza dentro del discurso político y hay quienes la usan para querer “censurar” la libertad de expresión.
El Colegio de Periodistas de Honduras, el Comité por la Libre Expresión, la Asociación de Prensa Hondureña, la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos en Honduras, entre otras instancias civiles defensoras de la libertad de expresión y los derechos humanos, han colocado nuevamente en el debate la necesidad de despenalizar los delitos contra el honor, para avanzar en materia de progresividad de los derechos humanos.
Asimismo, han exhortado por una mayor tolerancia a la crítica y la construcción de escenarios en donde la libertad de expresión sea protegida, alejando toda posibilidad de revivir la obsoleta figura del desacato, ya derogada en el país, pero añorada por algunos servidores públicos. La crítica hacia una autoridad, investida de poder, debe ser parte de la tolerancia del servidor público.
No obstante, algunas expresiones de quienes antes abogaban por despenalizar los delitos contra el honor y fortalecer la libertad de expresión como herramienta clave en el combate contra la corrupción, han generado reservas en cuanto a la solidez de su discurso.
Recientemente la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, reaccionó airada por una caricatura difundida en un medio digital, que cuestionaba su papel en torno al último acontecimiento suscitado a lo interno de la Policía con los jóvenes aspirantes de la Anapo, donde fallecieron tres y otros están internos por causas aún no muy claras ligadas a presunta intoxicación de alimentos.
La caricatura no gustó a la funcionaria, que respondió de la siguiente manera: “Desprestigiar a las personas y burlarse es una máxima en Honduras. La ética, la honradez y mi apego al profesionalismo seguirá siendo mi bandera, no es una chamba, que decepcionante esta apreciación de Doumont a quien creí ser un caricaturista serio. Dar la cara es ser responsable”.
En tanto el actual ministro de la Transparencia y Combate a la Corrupción, Edmundo Orellana, posteó recientemente en sus redes: “Quien publica o reproduce injuria o calumnia debe tener presente el segundo párrafo del artículo 231 del Código Penal: “A las penas previstas en los artículos 229 y 230 debe quedar sometido quien publica, reproduce, repite injuria o calumnia imputada por otro…”
La lucha contra la despenalización de los delitos contra el honor de nuevo asoma en la agenda pública y mediática, y con ella, el discurso político se pone a prueba, entre las promesas y convicciones del pasado y las nuevas amenazas y dudas del presente. La libertad de expresión sigue estando bajo riesgo, según ha advertido la organización internacional Reporteros sin Fronteras que ubica a Honduras en el ranking 165 de 180 países donde el ejercicio de la libertad de expresión y del periodismo es de alto riesgo. (PD)
