San José – El fiscal general de Costa Rica, Jorge Chavarría, anunció hoy la captura del «núcleo» de una organización criminal de tráfico de órganos que tenía vínculos en Israel y un país de Europa del Este que prefirió no identificar.
En una serie de diligencias realizadas hoy las autoridades judiciales costarricenses detuvieron al jefe de nefrología del estatal Hospital Calderón Guardia, identificado con los apellidos Mora Palma, y a una oficial de policía sospechosa de reclutar donadores.
El fiscal explicó en una conferencia de prensa que Mora Palma era el encargado de comprobar que los donadores fueran compatibles con israelíes que necesitaban un trasplante y además de practicar las cirugías en una clínica privada en Costa Rica.
Según las investigaciones, a los donadores se les ofrecían sumas de hasta 20.000 dólares a cambio de sus órganos y algunos de ellos viajaron a Israel para realizar el trasplante.
Las autoridades no informaron el número de trasplantes que se investigan.
Chavarría dijo que hay información de que al menos un costarricense murió en un país europeo donde hacía escala luego de que donara un órgano en Israel, pero aclaró que ese caso aún está en investigación.
Según el fiscal, la oficial de policía de apellidos Cordero Solano se dedicaba en su tiempo libre a trabajar como taxista informal y en ese momento se encargaba de reclutar donadores por medio de ofertas económicas.
El tráfico ilegal de órganos es un delito castigado por tres leyes. La sanción más fuerte la establece la Ley contra la trata de personas, que impone de 8 a 16 años de cárcel a quien posea, transporte, venda o compre de forma ilícita órganos, tejidos o fluidos.
Las autoridades también investigan al personal médico que participó en los trasplantes para determinar si tienen algún vínculo con la red criminal.
Chavarría aseguró que las personas que vendieron sus órganos no serán acusadas por ningún delito y les hizo un llamado para que se comuniquen con las autoridades judiciales y denuncien, pues su información es vital para continuar con la investigación y determinar si existen otras redes de tráfico de órganos.
Además, el fiscal afirmó que solicitará prisión preventiva para las personas detenidas, pues se trata de un delito «grave» del crimen organizado.
El pasado 27 de mayo el diario mexicano El Universal, en un reportaje firmado por un corresponsal en Costa Rica, dio cuenta de dos casos de personas que vendieron riñones por 6.000 dólares a dos israelíes y que supuestamente se sometieron a los trasplantes en San José.
Al día siguiente, la viceministra costarricense de Salud, Sisy Castillo, dijo en una conferencia de prensa que Costa Rica «no es un terreno fértil para trasplantes ilegales pues existe un marco normativo».
La funcionaria afirmó que ese tipo de reportajes periodísticos «lastima y daña la imagen del país y la capacidad científica, profesional y ética de profesionales del campo».
El fiscal explicó en una conferencia de prensa que Mora Palma era el encargado de comprobar que los donadores fueran compatibles con israelíes que necesitaban un trasplante y además de practicar las cirugías en una clínica privada en Costa Rica.
Según las investigaciones, a los donadores se les ofrecían sumas de hasta 20.000 dólares a cambio de sus órganos y algunos de ellos viajaron a Israel para realizar el trasplante.
Las autoridades no informaron el número de trasplantes que se investigan.
Chavarría dijo que hay información de que al menos un costarricense murió en un país europeo donde hacía escala luego de que donara un órgano en Israel, pero aclaró que ese caso aún está en investigación.
Según el fiscal, la oficial de policía de apellidos Cordero Solano se dedicaba en su tiempo libre a trabajar como taxista informal y en ese momento se encargaba de reclutar donadores por medio de ofertas económicas.
El tráfico ilegal de órganos es un delito castigado por tres leyes. La sanción más fuerte la establece la Ley contra la trata de personas, que impone de 8 a 16 años de cárcel a quien posea, transporte, venda o compre de forma ilícita órganos, tejidos o fluidos.
Las autoridades también investigan al personal médico que participó en los trasplantes para determinar si tienen algún vínculo con la red criminal.
Chavarría aseguró que las personas que vendieron sus órganos no serán acusadas por ningún delito y les hizo un llamado para que se comuniquen con las autoridades judiciales y denuncien, pues su información es vital para continuar con la investigación y determinar si existen otras redes de tráfico de órganos.
Además, el fiscal afirmó que solicitará prisión preventiva para las personas detenidas, pues se trata de un delito «grave» del crimen organizado.
El pasado 27 de mayo el diario mexicano El Universal, en un reportaje firmado por un corresponsal en Costa Rica, dio cuenta de dos casos de personas que vendieron riñones por 6.000 dólares a dos israelíes y que supuestamente se sometieron a los trasplantes en San José.
Al día siguiente, la viceministra costarricense de Salud, Sisy Castillo, dijo en una conferencia de prensa que Costa Rica «no es un terreno fértil para trasplantes ilegales pues existe un marco normativo».
La funcionaria afirmó que ese tipo de reportajes periodísticos «lastima y daña la imagen del país y la capacidad científica, profesional y ética de profesionales del campo».
