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Derechos de vía en calles urbanas

José S. Azcona

Nuestro parque vehicular en el Distrito Central continúa creciendo más de un 4% anualmente. La tasa de motorización (porcentaje de la población adulta con acceso a un vehículo) se encuentra alrededor del 40%, mientras en países más avanzados con condiciones similares se llega a un 80%. Por tanto, podemos esperar una duplicación (y más) del tráfico. El desafío de la capacidad vial de las ciudades es que la cantidad de calles crece únicamente por la expansión geográfica, pero la mayoría de este tráfico converge hacia las zonas centrales. Por tanto, se requiere aumentar la capacidad de las vías existentes.

Expandir las calles y avenidas urbanas se puede lograr al ampliarlas (más y mejores carriles), mejorar las intersecciones y crear alternas. Las intersecciones se mejoran con semáforos, rotondas y puentes, obras necesarias pero limitadas y caras. Las vías alternas nuevas, como los alivios en las cuencas de los ríos, solo se pueden lograr en condiciones muy específicas. La ampliación puede tomar la forma de expropiar o comprar propiedad privada o utilizar los derechos de vía ya consignados. Creemos que el aprovechamiento de estos derechos de vía debe ser la prioridad en la política de desarrollo vial.

El pavimento de un derecho de vía puede costar L. 1,500 por metro cuadrado con todos sus costos. 1 km lineal (3.5 m trocha cada sentido) costaría L. 10,500,000. Aun considerando sobrecostos y obras adicionales, con el costo de un solo paso a desnivel de L. 300,000,000 se cubrirían 29 km de ampliación de carriles. El corredor de El Carrizal tiene 1 km de longitud, el Blvd. Morazán 2.5 km y el Blvd. del norte del mercado Belén hacia el norte tiene 1.7 km. Se podrían ampliar estas vías cinco veces por este monto. 

Un carril adicional puede representar hasta un 50% de capacidad adicional para una calle (como vemos, a un costo bajo), pero con salvedades importantes que requieren un compromiso público significativo. Generalmente, quien posee la propiedad contigua los utiliza como estacionamiento, y a veces construye mejoras temporales o permanentes. Existen propietarios que hasta remiden el espacio público para apropiarse de él.   

El efecto de este fenómeno solo aumenta con el tiempo, por lo cual es urgente actuar. El costo de remover obstáculos (incluyendo postes y alambrados) y usos acostumbrados crece. La Alcaldía debe tomar posesión de todos los derechos de vía que no tengan mejoras y crear un plazo a los propietarios para desmontar las mismas en caso de que existan. Esto incluye quitar estacionamientos en estas áreas (que además afectan al tráfico al usar la vía pública de espacio de maniobra) y obligar a alinear los postes de servicios públicos (o crear un sistema subterráneo). 

Existen todas las herramientas legales para agilizar la toma de posesión, pero no hay que despreciar el efecto que una vía más amplia tiene en la plusvalía y accesibilidad de los colindantes. Al pasar de cuatro a seis carriles y tener mayor capacidad de tráfico, la vía mejora las condiciones de negocios de forma significativa. En cualquier caso, es importante proceder a pavimentar apenas se tome posesión y que el espacio quede saneado de forma definitiva.

En caso de las arterias principales (Blvd. Morazán, Ave. La Paz, Blvd. Del Norte, etc.), deben ser cubiertas primero. No aplica únicamente el concepto para llegar a seis carriles, ya que el Blvd. Fuerzas Armadas, Suyapa y Anillo Periférico (puede haya más) tienen el retiro para llegar a ocho carriles sin expropiaciones. Igualmente, vemos que las salidas de la ciudad se siguen llenando de estacionamientos y construcciones en los derechos de vía, por lo que también deben ser sujetas a una intervención. Se ve el ejemplo de la Calle Berlín (en Las Lomas) y Blvd. Los Próceres, donde hacer la ampliación logra buenos resultados viales sin afectar los intereses de los propietarios. 

Podemos recuperar y habilitar estos espacios para mantener un nivel mínimo de calidad de circulación vial. Esto se logra a un menor costo que otras soluciones y sin dañar intereses legítimos.  La necesidad de intervenir en este problema aumenta cada día, al igual que los costos. Por tanto, la urgencia de actuar.

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