Tegucigalpa – Si el asesinato de dos jóvenes universitarios, entre ellos el hijo de la rectora de la UNAH, Julieta Castellanos, en octubre de 2011, dio paso a un proceso de reforma policial que incluía la depuración de ese organismo, cinco años después, justo en el 2016, los esfuerzos se aceleraron como nunca al trascender que miembros de la institución habrían sido partícipes del asesinato de importantes personajes en el país.
En abril, reportes de prensa local e internacional señalaron a varios miembros de diversas cúpulas policiales de estar tras la muerte del zar antidroga, Julián Arístides González en el 2009, del experto anti narcóticos, Alfredo Landaverde, en diciembre de 2011, así como del fiscal de oro, Orlan Chávez en el 2013.
Sus muertes, según los reportes periodísticos, fueron planificadas desde las mismas instalaciones policiales, y algunas, se asegura, fueron ordenadas por el narcotraficante hondureño Winter Blanco, capturado en Costa Rica y en proceso de extradición a Estados Unidos.
El antes y el después
Fue entonces que el gobierno del presidente Hernández decidió nombrar una Comisión Especial para Depurar y Transformar la Policía Nacional, integrada por miembros de sociedad civil, representantes gubernamentales y el propio ministro de Seguridad, el general retirado Julián Pacheco, en medio de una conmoción nacional tras la denuncia.
Con amplio mandato, los depuradores iniciaron su trabajo y comenzaron a remover desde la cúpula hacia la base y más de mil policías, entre oficiales, comisionados, clase y la base han sido sacados de la institución bajo la modalidad de la “reestructuración”.
Así un total de nueve comisionados generales de la cúpula fueron evaluados, 47 comisionados, 108 subcomisarios y 108 comisarios entre otros fueron parte de las evaluaciones para seguir el número bajando a las escalas básicas.Un poco más de mil policías han sido depurados bajo la figura de la reestructuración.
La comisión depuradora, que desde que entró en funciones ha emitido más de una treintena de comunicados, denunció a mediados de año las primeras amenazas por su trabajo y al finalizar el 2016, un atentado en contra de uno de sus integrantes—achacado presuntamente a policías depurados o reestructurados—evidenció la incomodidad que este proceso está concitando a lo interno de la institución.
Se trata del pastor evangélico Jorge Machado quien salió del país a fines de este mes de diciembre con su familia como parte de las medidas de precaución recomendadas, pero retornará en enero para incorporarse a las actividades de la depuradora, se informó.
Antes del atentado a Machado, otros dos integrantes de la depuradora, Carlos Hernández y Omar Rivera, de sociedad civil, se vieron forzados a sacar a su familia del país por amenazas graves contra su integridad, según los cuerpos de inteligencia del Estadio.
Ahora ellos se manejan en carros blindados y con un fuerte contingente militar y policial como escoltas.
La depuradora en sus informes o declaraciones no ha dudado en indicar que encontraron una policía altamente contaminada y coludida con la criminalidad común y organizada. Ellos apuestan que, al concluir su trabajo en los primeros meses de 2017, el país tenga una policía un poco más creíble y profesional.
Los expedientes en poder del MP
Han apostado en la formación policial con amplia capacitación e incluso han inaugurado modernas instalaciones en donde se forman los nuevos policías, pero todo apunta que la labor de depurar y restructurar sigue siendo titánica.
En la lista de los policías que han sido cesanteados, los depuradores han indicado que muchos de ellos podrían estar ligados a los cuerpos delictivos más oscuros que operan en el país e incluso entregaron un legajo de más de 142 expedientes al Ministerio Público (MP), para que proceda a investigar las denuncias de casos. El MP creó desde ese instante, una unidad especial para dar respuesta.
En el trabajo contrarreloj que inicia a partir de 2017, cuando se vence el período de un año para el cual fue creada, la comisión depuradora impulsa también la aprobación de una nueva ley orgánica de la Policía Nacional y nuevas acciones de coordinación con la institucionalidad de los operadores de justicia para que ese cuerpo del Estado recobre la confianza y legitimidad en la ciudadanía.
Si bien la depuración fue el centro de los acontecimientos en el ámbito de la reforma de la seguridad, el panorama en este aspecto estuvo dominado también por la violencia, el repunte de las masacres, la muerte violenta de mujeres, la lucha contra las drogas, el desmantelamiento de carteles de la droga y la extradición de personas.
Dentro de las extradiciones destaca que por primera vez en la historia de este país son pedidos en extradición por parte de Estados Unidos, un grupo de seis oficiales de la Policía Nacional, los cuales fueron separados de la policía al trascender la información y para no ser llevados en un avión especial, optaron por entregarse voluntariamente a la justicia de ese país en donde se encuentran desde hace algún tiempo. El último en sumárseles será otro oficial que luchó por quedarse, pero la justicia hondureña dijo que procedía su extradición.
Este grupo de oficiales, acusados de diversos delitos de criminalidad organizada, son señalados también de ser parte de una estructurada y bien montada red criminal que operaba desde la policía y que habría participado supuestamente en los crímenes emblemáticos de González y Landaverde, entre otros.
De esta forma, la seguridad del lado de la depuración policial y el desmantelamiento de las redes criminales que operaban a lo interno de la policía, tuvo un fuerte acento en Honduras durante el año que se va. Los depuradores aseguran que aún falta camino por recorrer y que en el desmantelamiento de cárteles internos descubrieron cómo algunos se disputaban plazas territoriales a lo largo y ancho del país como parte de la colusión con el crimen organizado. El pus aún no termina de salir, aseguran.
