Tegucigalpa.- Mientras la gobernanza se estabiliza en la Secretaría de Educación con el cumplimiento de los días clases, las jornadas laborales y otras normas derivadas de la Ley Fundamental de la Educación, el magisterio empieza a vivir su propio viacrucis ante nuevas denuncias de abuso de poder y presunta corrupción que tiene al borde la quiebra a dos importantes colegios magisteriales.
Al menos, eso es lo que reflejan los últimos informes de auditoría hechos por el Tribunal Superior de Cuentas que registra, entre otros hechos, el pago indebido de 8.3 millones de lempiras a cinco dirigentes magisteriales, el pago a una docente por tres cargos que desempeñaba al mismo tiempo en horarios incompatibles, entre otros.
Se suma a esta cadena de abusos y beneficios, en comparsa con funcionarios de la Secretaría de Educación porque de allí salieron los cheques, el hallazgo de otro docente que cobraba como tal, como jubilado y también como regidor político.
El Tribunal Superior de Cuentas también detectó que el Primer Colegio Profesional Hondureño de Maestros (Pricphma) adeuda al Instituto de Previsión del Magisterio (Inprema) la cantidad de 34.7 millones de lempiras por cuotas vencidas de dos préstamos otorgados para comprar terreno, construcción y mejoras al edificio. Hoy están a punto de perder el edificio, se asevera.Pero no solo el Pricphma se encuentra en aprietos financieros, también el Colegio Profesional de Unión Magisterial de Honduras (Coprumh) y ello ha generado un revuelo en el magisterio pues se desconoce dónde ha ido a parar tanto dinero que por años aportaron sus afiliados, al grado que hoy estos dos bastiones magisteriales estén a punto de perder sus activos.
Una cadena de abusos
Canonjías, abusos de poder, derroche y ahora crisis financiera son algunos de los problemas que enfrenta el magisterio, en especial alguna de su dirigencia que por años se mantuvo a la sombra de la impunidad que tuvo entre sus cómplices a una bien montada red que operaba desde la misma secretaría de Educación, eso es lo que se desprende de los informes del tribunal de cuentas.En el caso del Pricphma, el informe establece que cinco dirigentes magisteriales de ese organismo obtuvieron licencias con goce de sueldo por asuntos gremiales durante el año de 2006 a enero de 2013, contraviniendo la ley orgánica de ese colegio magisterial.
Amparados en estas licencias gremiales, cobraron indebidamente un dinero por el que no trabajaron, indica el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
Este abuso de poder le permitió al Estado hondureño erogar un monto de 8.3 millones de lempiras al haber efectuado pagos de sueldos a docentes amparados en las licencias con goce de sueldo por asuntos gremiales “infringiendo la ley orgánica del Pricphma y no haber cumplido con sus funciones en los centros educativos donde estaban nombrado”, acota el TSC en su informe.
De otro lado, el TSC también confirmó una irregularidad siempre con ese mismo colegio magisterial sobre el destino de un préstamo hipotecario que el Inprema le otorgó para la construcción de un edificio.
El Pricphma recibió del Inprema dos préstamos hipotecarios, uno en el año de 2008 por casi 46 millones de lempiras para la compra de un terreno y construcciones de un edificio en la colonia Luís Landa. El segundo préstamo se otorgó en el 2009 por casi 63 millones de lempiras para la ampliación y mejoras del edificio.
En igual situación trascendió que se encuentra el Coprumh, quien se asegura está tratando de negociar con el Inprema el pago del préstamo para no perder el edificio, el cual está a punto de ser rematado.
Las otras manzanas podridas
La lista de irregularidades que golpea la transparencia magisterial se visualiza en casos relevantes como el de una docente que cobró salarios indebidos por más de 727 mil lempiras por conceptos de plazas no cumplidas y licencias con goce de sueldos sin tener documentación de respaldo.La maestra tenía casi tres cargos simultáneos con salarios que le fueron otorgados por la Secretaría de Educación de los años 2012 al 2014.
Otro caso que llamó la atención del TSC fue el de un docente que también tenía tres cargos diferentes y por todos ellos cobraba salario.
Se trata de un maestro que fue regidor en la alcaldía de Siguatepeque, al tiempo que era docente en una escuela pública y asistente en la Dirección Distrital de Educación.
El docente fue electo regidor en la alcaldía de Siguatepeque en el período de 2010-2014 y no pidió licencia en el magisterio para desempeñar el cargo de elección popular, al contrario, demostró habilidades profesionales al desempeñar tres empleos en forma casi simultánea.
En sus informes de auditoría el TSC deslinda pliegos de responsabilidad civil por los casos que les han sido denunciados por la ciudadanía y cuyas investigaciones han permitido estos hallazgos que ponen en vergüenza el gremio magisterial y a la mayoría de sus dirigentes.
A esos hallazgos se suma otro informe, siempre del ente contralor, en el que se habla de otros siete docentes que recibieron salarios, pese a tener una ausencia laboral comprobada y ser nombrados en distintos centros educativos con incompatibilidad de horarios.
Estos maestros eran de los departamentos de Francisco Morazán, Comayagua, Olancho y Yoro, y de acuerdo al Tribunal han ocasionado al Estado un perjuicio económico de 4.7 millones de lempiras por estos cobros irregulares.
La corrupción magisterial parece ser un filón que no termina de despuntar, pero lo poco que sale, solo evidencia que se estaría frente a redes corruptas que por décadas han usufructuado al Estado desde el llamado movimiento magisterial con la colusión de muchos gobiernos, en detrimento de la calidad educativa y de la infraestructura física.
Los informes del TSC obligan a las autoridades de Educación a diseñar mecanismos para dar el otro salto en la estrategia de consolidar la gobernanza en esa dependencia. Esa etapa es desmontar las estructuras corruptas que aún pernoctan y que requieren de una sólida voluntad política para dar a la Educación y al magisterio el sitial de calidad, respeto y credibilidad que merecen.
