Washington – Un grupo de congresistas demócratas de Estados Unidos, liderados por el legislador Hank Johnson, presentó hoy de nuevo el «Proyecto de Ley Berta Cáceres sobre los Derechos Humanos en Honduras», coincidiendo con el aniversario de su muerte.
El texto legislativo fue presentado por primera vez tras la trágica muerte de la líder ambiental e indígena hondureña Berta Cáceres el 2 de marzo del año pasado, con el objetivo de suspender la financiación estadounidense a Honduras para sus operaciones policiales y militares.
Sin embargo, era necesario volver a presentarla tras la renovación del Legislativo este enero.
Según la legislación, Honduras no podría contar con fondos destinados a las fuerzas de seguridad hasta que el gobierno hondureño no inicie una investigación sobre las violaciones de derechos humanos por parte de las mismas.
«Informaciones recientes señalan que dos de los hombres presuntamente involucrados en el asesinato de Berta Cáceras fueron entrenados en Estados Unidos, en Fort Benning, en Georgia para ser exactos, a través del Instituto del Hemisferio Occidental para la cooperación de seguridad (WHINSEC), más comúnmente conocido como la escuela de las Américas», dijo Johnson.
«Este hecho subraya la necesidad de aumentar el monitoreo de los recursos de Estados Unidos y de la ayuda en el área de seguridad suministrada a Honduras y es otra razón por la cual era importante reintroducir la Ley Berta Cáceres de Derechos Humanos», agregó el congresista.
El proyecto de ley, que también suspende los fondos para los equipos y la formación de las fuerzas de seguridad, ha ido ganando terreno y el apoyo de otros miembros claves de la Cámara, que ya son más de un centenar.
La familia de Cáceres envió precisamente hoy una carta a la congresista Norma Torres, la primera centroamericana en llegar al Congreso estadounidense, para que apoye el texto legislativo.
Asimismo, el veterano senador demócrata Patrick Leahy, uno de los más involucrados con Latinoamérica, recordó hoy el asesinato de la líder ambiental e indígena y las dudas que aun recaen sobre el suceso.
«Después de un primer intento por parte de la policía hondureña, e incluso de algunos funcionarios de alto rango, de presentar falsamente el asesinato como un delito de pasión, una maniobra poco común para ocultar la complicidad oficial en tales casos, ocho hombres fueron arrestados, y dos militares retirados», apuntó Leahy en el pleno del Senado.
«Aunque lo funcionarios hondureños han negado cualquier participación del gobierno en el asesinato de la señora Cáceres y minimizado el arresto del Mayor Mariano Díaz, quien fue rápidamente dado de alta del ejército, hay razones para ser escépticos», reiteró Leahy, quien quiso una vez más alertar sobre las violaciones de derechos humanos en el país centroamericano.
Cáceres, coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares de Honduras (Copinh), activista ambiental y opositora de grandes proyectos hidroeléctricos que amenazaban el medio ambiente, fue asesinada a tiros en su casa en la occidental ciudad de La Esperanza hace ahora un año.
La activista contaba con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a su favor para protegerla de las amenazas constantes que recibía.
