Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – A diferencia de los años ochenta, el periodismo centroamericano no cubre su oficio en medio del fuego cruzado de las guerras intestinas, lo hace en democracias que cada vez avanzan hacia el autoritarismo y se alejan de las llamadas democracias plenas. La libertad de expresión se ahoga en naciones como Nicaragua y El Salvador, donde la embestida al periodismo es fuerte, pero también ese tipo de expresiones se manifiestan a lo largo de la subregión.
En Centroamérica las democracias no respiran libertad de expresión, prevalece un fuerte ambiente de censura y autocensura, en unos países más intensos que en otros, y de acuerdo con el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Jorge Canahuati, la libertad de expresión amenaza con entrar “a noches oscuras y profundas crisis de violaciones a los derechos humanos”.
“Cuba, Nicaragua y Venezuela son un ejemplo, pero también hay señales en otros países donde se busca estigmatizar el trabajo de los periodistas, la libertad de expresión ha tenido hasta ahora noches oscuras y días claros, pero ahora vemos amenazas de caer en noches oscuras y profundas”, dijo el presidente de la SIP al hacer público un informe preliminar sobre la situación en Nicaragua y la libertad de expresión.
El informe que detalla la crítica situación que atraviesa ese país centroamericano fue realizado luego que una misión del organismo recabara información de primera línea, destacando entre sus hallazgos “el creciente pedido de las fuentes para que no se las consulte o al menos no se les mencione”.
El silencio de la calle…
Según Canahuati, de nacionalidad hondureña y presidente del Grupo OPSA, en Nicaragua la libertad de expresión enfrenta momentos agónicos, de ahí que entregara los hallazgos del Informe al relator para la libertad de expresión de la OEA, el colombiano Pedro Vaca, y a la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola.
Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, dijo que, en Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega, “busca acallar todo cuestionamiento al poder concentrado del matrimonio gobernante”. Dijo que uno de los entrevistados describió a la delegación de la SIP “el silencio de la calle habla”.
El informe preliminar de la SIP destaca que entre los principales problemas para el ejercicio del periodismo en ese país se encuentran “el éxodo de personal y directivos de los medios, dificultades para acceder a insumos esenciales; presiones a anunciantes, retenes policiales frente a redacciones o domicilios de periodistas; estigmatizaciones y amenazas para generar autocensura; menos actividad de las redes sociales por temor a ser perseguido; falta de acceso a información pública; concentración de medios en manos del Estado o de la familia gobernante y el creciente pedido de las fuentes para que no se les consulte o al menos no se les mencione”.
Cerca de 21 opositores políticos, entre ellos al menos cinco aspirantes a la presidencia, han sido detenidos por el régimen de Ortega, invocando leyes lesivas a los derechos humanos y civiles, así como a la libertad de expresión. Una de las familias más castigadas por el gobierno han sido los Chamorro, dos de ellos detenidos por sus aspiraciones políticas, en tanto el periodista Carlos Fernando Chamorro, se vio obligado a salir nuevamente al exilio, luego que su casa fuera allanada para capturarlo. Chamorro es uno de los periodistas de mayor trayectoria y credibilidad en ese país y la región latinoamericana.
La democracia no respira
De acuerdo con el relator de la libertad de expresión de la OEA, Pedro Vaca, en ese país no se respira democracia, ni libertades civiles, “existe un fuerte ambiente de autocensura y censura, ahí se vive represión o rejas”, dijo. Sus expresiones fueron reforzadas por la presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola, al destacar que, en Managua, “cualquier voz que proteste, es asfixiada, acosada o presionada por los aparatos del Estado”.
No solo Nicaragua…
Pero no solo Nicaragua está viviendo su propio calvario, El Salvador ha entrado también a la ola de países que se alejan de las democracias plenas, y así lo ha hecho sentir el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, luego de asumir, bajo comicios democráticos, el control del Congreso Nacional, tumbar magistrados de la sala constitucional y al fiscal general para obtener así un control absoluto de la institucionalidad en ese país.
Con esos poderes, Bukele ha iniciado una estrategia contra los medios de comunicación que cuestionan sus políticas, entre ellos medios tradicionales y no tradicionales. La última de sus acciones fue expulsar del país a Daniel Lizárraga ( https://proceso.hn/la-sip-repudia-expulsion-de-el-salvador-de-periodista-y-editor-de-el-faro/ ) , uno de los editores del diario digital El Faro.
Lizárraga, de nacionalidad mexicana, es un experto en periodismo de investigación, leyes de transparencia y acceso a la información y es docente de la prestigiada Fundación Gabo del extinto nobel de literatura, Gabriel García Márquez. Las autoridades migratorias argumentaron que Lizárraga debería salir del país porque no había podido “probar” que era periodista.
El Salvador, lejos de una democracia plena
Carlos Dada, director de El Faro, hizo la denuncia en una entrevista a un medio catalán en España, y dijo que ello era la sumatoria de una serie de acciones del gobierno de Bukele, en contra de ese medio de comunicación, a quien incluso el gobierno ha ordenado una especie de intervención fiscal para auditar sus finanzas y los recursos que les proporcionan los donantes. Públicamente, el presidente Bukele se ha ido contra El Faro, la revista Factum, entre otros medios.
La salud de la libertad de expresión según la APES, el ente gremial de ese país no pasa por su mejor momento, el bloqueo al acceso a la información pública va en aumento. La presidencia de Nayib Bukele ha pedido al menos 11 reformas a la ley de acceso a la información pública orientada a declarar secreta información relacionada con el enriquecimiento ilícito de los funcionarios, viajes oficiales o datos de contratos públicos, entre otras acciones.
La comunidad internacional sigue con asombro los avances hacia el autoritarismo a que ha entrado El Salvador, donde el populismo del presidente es la mejor estrategia para poder controlar y romper los moldes de la democracia, a criterio de los expertos.
De acuerdo con el Índice de la Democracia que elabora la Unidad de Inteligencia de The Economist, estos retrocesos en que están cayendo gran parte de los países en el mundo, y en América Latina, en especial, donde Centroamérica no es la excepción, está afectando las libertades individuales y la democracia, en la región latinoamericana, experimenta por quinto año consecutivo fuertes retrocesos.
Honduras y Guatemala, realidades similares
En el 2020, el informe indicó que la pandemia ha sido uno de los factores por los cuales la democracia ha sido afectada por medidas autoritarias, y en el caso de Latinoamérica, ésta tampoco “escapa al fenómeno global: la democracia de la región registra su quinto año consecutivo de retroceso y recibe su puntaje más bajo en la historia del índice (6,09 promedio sobre 10 puntos posibles).
El informe clasifica a 167 países entre democracias plenas (entre 8 y 10 puntos), democracias imperfectas (entre 6 y 8), regímenes híbridos (entre 4 y 6 puntos) y regímenes autoritarios (por debajo de 4 puntos).
En Centroamérica el único país que tiene una democracia plena es Costa Rica, y es junto a Uruguay y Chile, los únicos tres países de América Latina que caen en esta categoría.
El Salvador en el 2019 tenía la categoría de democracia imperfecta, pero cada vez avanza a las llamadas democracias híbridas con fuertes tendencias para caer en la categoría de regímenes autoritarios que en Centroamérica solo la tiene, por ahora, Nicaragua.
Honduras, bajo la categoría de regímenes híbridos, sigue siendo una nación de alto riesgo para la libertad de expresión, y los días claros dejaron de serlo desde hace más de una década. Al menos 90 periodistas y comunicadores sociales han sido asesinados del 2000 a la fecha, y de estos casos solo siete han sido judicializados, evidenciando así el nivel de impunidad.
De acuerdo con la organización francesa, Reporteros sin Fronteras, Honduras ocupa el lugar 151 de 180 países en el ranking de la libertad de expresión, es uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo. Leyes restrictivas, querellas, calumnias, juicios, amenazas, intimidaciones y muertes configuran el ciclo de violaciones a la libertad de expresión.
Un reciente sondeo sobre la libertad de expresión en el país, realizado en el marco de un programa de autorregulación en sociedades democráticas, señala que el 67% de los hondureños considera que el clima para el ejercicio de la libertad de expresión en Honduras es de alto riesgo, un 19.3% lo considera incierto y apenas un 11.4% estima que el país tiene una libertad de expresión robusta.
En Guatemala, el asesinato de un activista social que efectuaba labores de comunicación social, ocurrido el 11 de julio de este año, crítico del presidente Alejandro Giammattei, desató las alarmas, pues el clima no ha sido de fortalecimiento a la libertad de expresión, se ha caracterizado por el hostigamiento, acceso limitado a la información pública y obstrucción en las investigaciones relacionados con ataques u amenazas a los periodistas.
Las agresiones hacia la prensa subieron de tono tras la instalación de la pandemia del coronavirus, según organizaciones de protección a la prensa como el Comité de Protección para Periodistas, CPJ y Human Rights Watch.
De acuerdo con la organización Artículo 19, persisten en ese país modelos autoritarios que atentan contra la finalidad legítima de la libertad de expresión, con amenazas, persecuciones, al grado que solo en el 2020 se registraron 820 denuncias de amenazas contra la prensa. Así el panorama de la libertad de expresión, como afirmaba el presidente de la SIP, va de días claros a noches oscuras. (PD)
