Tegucigalpa (Especial Proceso Digital)– A pesar de ocho procesos depurativos para sacar las manzanas podridas de la Policía Nacional de Honduras, la institución sigue infiltrada por el narcotráfico y por el crimen organizado, y la captura de más de 35 agentes durante este año, por estar vinculados en actos de corrupción y criminalidad, lo confirma.
– La población hondureña ha perdido la confianza en la Policía Nacional donde casos de agentes ligados con el crimen organizado aumentan esta desconfianza.
– En los próximos días, una veintena de policías “desde generales para abajo”, serán cancelados, pero “no los vamos a estar exhibiendo”, anunció el ministro Gustavo Sánchez.
La persistencia de criminales en la institución castrense es señalada desde el interior de la Secretaría de Seguridad.
“Hay bandas de la Policía que están dentro y continúan vigentes”, reiteró la subsecretaría de Seguridad, Julissa Villanueva, quien en varias ocasiones ha apuntado que policías corruptos ligados a las estructuras del crimen organizado fueron los responsables de la masacre en la cárcel de mujeres de Támara.
Incluso el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez confirmó a inicios de julio la participación de exmiembros de la carrera policial, así como exmilitares en las desapariciones masivas que han sacudido a la población y ha advertido que en los próximos días la institución expulsará a miembros activos, aunque dijo que no revelar nombres por respeto a la legítima defensa.
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Analistas consultados por Proceso Digital señalan que la confianza en la Policía ha sido históricamente baja, en gran medida como producto de casos de corrupción de alto impacto y la falta de resultados en indicadores de seguridad.
Depuraciones totales y parciales
Pese a esa percepción, el secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez asegura que la labor de vigilancia y monitoreo a la Policía es permanente “estamos haciendo depuración”, dijo a periodistas.
Sánchez recordó que, desde su creación, la Policía Nacional ha sido depurada ocho veces, de estas cuatro han sido generales y cuatro parciales.
La depuración más mediática fue la de 2016, cuando se creó la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional (CEDTPN), que destituyó a más de seis mil elementos policiales de una fuerza de alrededor de 13 mil.
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En la administración de Xiomara Castro, estos policías depurados han protagonizado varios plantones en puntos clave como la principal vía de comunicación del país, la CA-5, la carretera a Oriente y la carretera Panamericana; asimismo frente a Casa Presidencial y en los bajos del Congreso Nacional. Las exigencias de este grupo son el reintegro y el pago de salarios caídos.
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En la actualidad más de cuatro mil policías han demandado al Estado. A la fecha, según el ministro Sánchez, cinco depurados que fueron reintegrados han ganado demandas, lo que representa una erogación para el Estado de unos 30 millones de lempiras.
De la purga de 2016 a la Didadpol
De la purga policial de la administración Hernández nació la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Didadpol), creada en 2017 para investigar faltas graves y muy graves de miembros de la carrera policial y empleados de la Secretaría de Seguridad por personas externas a la institución. Sus autoridades fueron seleccionadas mediante concurso público.
Para 2022, un estudio realizado por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), con datos proporcionados por la Didadpol, mostró un incremento en casos de faltas graves y muy graves, alcanzando 3 mil 156 casos en 2021 en comparación con mil 072 casos en 2018.
“Con base en la cantidad total de policías para 2021 (17,981) se puede calcular que hay un caso de faltas graves o muy graves por cada seis policías”, refiere el análisis realizado por ASJ a los datos oficiales.
Fuentes consultadas por Proceso Digital revelaron que, durante los primeros años de funcionamiento de esta dirección, los actos de corrupción iban desde policías que llenaban sus vehículos personales con órdenes de combustible para vehículos oficiales, oficiales en estado de ebriedad, hasta bandas de asaltos integradas por policías, agentes ligados al crimen organizado o con licitaciones fantasmas.
“A nivel nacional hay promociones de policías que ya se conocen y que están diseminados por todo el país y a veces ellos se estructuran, se coluden para realizar algunos quites de drogas”, relató la fuente que agregar que en la actualidad la Policía está con bandas infiltradas y advierte que su colapso será pronto porque “el ente disciplinario ya está coludido con ellos y así no hay un contrapeso de investigación”.
El crimen viste de azul
El ministro Sánchez ha defendido que, en la administración actual, han presentado 40 policías ante los entes competentes y siguen presos por la comisión de diferentes ilícitos penales.
Esos casos que mencionó Sánchez involucran a los cinco agentes pertenecientes a la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO), acusados por secuestro y extorsión.
También a ocho oficiales activos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), acusados de robo con violencia e intimidación, abuso de autoridad, allanamiento de morada por funcionarios públicos, falsificación de documentos públicos y tratos crueles, inhumanos o degradantes por funcionarios públicos.
Además de la captura realizada de siete oficiales de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), por robo de más de 13 millones de lempiras y 24 tarjetas de crédito en la ciudad de San Pedro Sula.
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El encargado de la seguridad interna del país agregó que además de estos 40 casos presentados ante el Ministerio Público se han aplicado sanciones administrativas, incurriendo en despido de dos mil policías más.
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“Estamos trabajando con Didadpol, con inspectoría y los demás entes investigativos para sancionar a los oficiales policiales”, dijo al agregar que en los próximos días estarán cancelando a una veintena de funcionarios policiales por acciones ilícitas y por falta de cumplimiento de sus obligaciones de la ley, los que incluyen “desde generales para abajo”, pero aclaró que “no los vamos a estar exhibiendo”.
La depuración permanente expresada por el ministro Sánchez ha dejado 360 audiencias de descargo al primer trimestre de 2024.
Las cifras proporcionadas por la Didadpol refieren que en 2023 se realizaron mil 422 audiencias de descargo, de las cuales 884 agentes fueron cancelados por despidos y a 353 les suspendieron por 15 días.
En tanto, en los primeros tres meses del año, la institución recibió 730 denuncias, con 630 audiencias de descargo de las cuales 329 fueron calificadas como muy graves; 119 como graves y 32 autos motivados de archivo.
El departamento con más denuncias por faltas disciplinarias es Francisco Morazán, con un total de 321, lo que representa el 44 % de todas las realizadas a nivel nacional.
En segundo lugar, está Cortés, con 81 faltas, seguido por El Paraíso, Copán y Olancho con 50, 40 y 34 respectivamente.
La desconfianza persiste
La ASJ retrata en su Estado de País sobre Seguridad y Justicia que la confianza iba mejorando de 2011 a 2015, cuando 62.9 % de la población tenía poca o ninguna confianza en la Policía.
No obstante, desde entonces, la desconfianza ha aumentado nuevamente hasta llegar a 72.9 % en 2020, es decir que siete de cada 10 personas en Honduras desconfían de la Policía.
El delegado adjunto del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Ricardo López, indicó que se puede hacer más para fortalecer el estado democrático de derecho y en esa medida dar seguridad a la población.
En esa línea, la directora del Observatorio Nacional de la Violencia del Instituto Universitario en Democracia, Paz, y Seguridad (ONV-IUDPAS) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Migdonia Ayestas, dijo que falta fortalecer la confianza que la ciudadanía tiene en una institución que merece mejor suerte.
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“El acercamiento de la Policía a la comunidad, así como trabajar con las secretarías de Educación y de Salud será importante”, aseveró al resaltar el tema de la prevención.
Mientras que el director del Observatorio Nacional del CONADEH, Daniel Cáceres destacó que es importante que las autoridades estén siendo cuidadosas con las depuraciones ante eventuales demandas que surjan por procedimientos erróneos.
“Eso es algo bastante importante porque nos va a permitir no solamente ubicar de forma adecuada aquellas personas que están coludidas o que no están cumpliendo de forma adecuada, sino también cuida este respaldo estatal de no afectar financieramente”, expresó. VC/PD
