“La Comisión recibió el 22 de julio a la Ministra Asesora en Derechos Humanos del Gobierno de Honduras, Sra. Ana Pineda y a la Fiscal Especial de los Derechos Humanos del Ministerio Público, Sra. Sandra Ponce, quienes informaron extensamente sobre su trabajo y sobre la situación actual de derechos humanos en Honduras. Hicieron entrega de dos documentos, incluyendo un resumen con información general sobre denuncias de violaciones a los derechos humanos que el Ministerio Público recibió después del golpe de Estado y un informe sobre el estado de casos específicos de violaciones a la libertad de expresión y a los derechos humanos, así como casos de corrupción que tuvieron lugar durante el régimen de facto”, señala el informe en su página 3.
“Con relación a la información entregada por los representantes del Gobierno de Honduras en materia de derechos humanos, en especial por la Ministra Asesora en Derechos Humanos y por la Fiscal Especial en Derechos Humanos del Ministerio Público destacan los casos de violación a la libertad de expresión (…) En materia de casos de corrupción durante el régimen de facto, destacan el caso de la aprobación irregular del contrato de concesión de la Represa Hidroeléctrica José Cecilio del Valle a la Empresa Eléctrica de Nacaome, de origen italiano. Este caso salió a la luz en febrero del año en curso y motivó al Congreso actual a crear una Comisión Especial para revisar dicha concesión, la cual fue aprobada por el anterior Congreso”, refiere el documento en su punto nueve.
Las representantes oficiales gubernamentales no citaron en su informe ante la Comisión Especial ninguna presunta corrupción durante la administración del ex presidente Zelaya, exonerándole así de cualquier delito a él y sus ex funcionarios. El informe tampoco destaca que en el caso de la represa de Nacaome la comisión nombrada no llegó a nada, y se produjo otro delito que fue la clonación de las Gacetas, sin que existan culpables en ambos delitos.
El nuevo salto de los derechos humanos Asimismo, una competencia exclusiva de los órganos de control de la corrupción del Estado fue suplantada por instancias humanitarias, que incluso solicitan más presupuesto y recursos humanos para su trabajo, sin definir claramente cuáles serán sus competencias.
Los grupos humanitarios achacan al gobierno del presidente Lobo cerca de cinco mil violaciones a los derechos humanos en seis meses y acusan de ser una continuidad del gobierno de Micheletti. En el informe de la Comisión Especial de la OEA no existe un tan sólo párrafo que descargue estas acusaciones. En nota enviada mediante oficio número MDH 007-23-07-2010, la asesora de derechos humanos de Honduras, indica al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, que con respecto a brindar los medios necesarios para el funcionamiento de la Comisión Interinstitucional de Derechos Humanos, “el señor Presidente en el marco de la transformación del Estado, ha tomado la decisión de buscar un mejor desarrollo institucional y no un espacio coyuntural de respuesta, en tal sentido, se creará un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con el mandato legal y el presupuesto necesario para que de manera especial pueda planificar, coordinar, facilitar e implementar todas las acciones que se requieran en el ámbito nacional e internacional en materia de derechos humanos y adoptar en el corto y mediano plazo el diseño y ejecución de una política pública con enfoque de derechos que se concretice en un Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, consensuado con las organizaciones de derechos humanos, grupos vulnerables, sectores e instituciones concernidas”. |
Todo listo para nueva burocracia En este sentido, el canciller hondureño, Mario Canahuati, informó el fin de semana que muy pronto se creará este Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a cargo de Ana Pineda, actualmente asesora sin cartera con rango de ministra y comisionada en derechos humanos del gobierno del humanismo cristiano. Para la conformación de esta nueva Secretaría, que se suma a la recién anunciada de Etnias, la burocracia hondureña deberá aumentar aún más su deuda interna pública de 40 mil millones de lempiras, según fuentes del sector Finanzas.
La repuesta hondureña de la asesora presidencial en derechos humanos enviada al secretario de la OEA y citada en la parte de los anexos del Informe de la Comisión Especial se indica que “sobre la revisión de las medidas en contra de jueces y juezas que participaron en actividades contra el golpe de Estado, me permito compartirle que los perjudicados han interpuesto el recurso correspondiente ante el Consejo de la Carrera Judicial; no obstante, el Señor Presidente ha manifestado públicamente su desacuerdo con dicha medida y siendo el Presidente de la República, el administrador general del Estado por mandato de la Constitución y en base al principio de complementariedad entre poderes, ha solicitado que dicha medida sea revisada”. |
¿De vuelta a los años ochenta?
De concretarse esta última petición, el país estaría reeditando la época de los años ochenta donde el Alto Comisionado de Naciones Unidas tuvo una oficina en vista que Honduras era parte de una guerra fría de baja intensidad promovida por Estados Unidos, por razones político e ideológicas, la persistente violación a los derechos humanos como política de Estado y porque en el territorio se albergaban tres ejércitos: el de Guatemala, el de El Salvador, la base estadounidense de Palmerola y la desaparecida resistencia nicaragüense conocida como “los contras”. Esas acciones justificaron la presencia en el país del Alto Comisionado de Naciones Unidas, pero todo indica que la actual administración estaría aceptando tácitamente no solo incapacidad en la garantía de los derechos humanos sino que sus violaciones son parte de una política del actual gobierno, lo cual sería grave y pondría cuesta arriba cualquier retorno al seno de la OEA como quiere y pretende el presidente Lobo. |
Zelaya e Insulza definen agenda El informe de la Comisión Especial de la OEA deja entrever que la agenda temática la impuso el ex presidente Zelaya, con quien el secretario José Miguel Insulza acordó, en la minuta de puntos sostenida en diálogo con Zelaya en Santo Domingo, República Dominicana, cuáles serían los elementos para un “eventual acuerdo de retorno de Honduras a la OEA”.
Los otros puntos abordados en esa minuta con Manuel Zelaya, fueron la reafirmación de Honduras de promover y proteger el respeto a los derechos humanos; convocatoria de parte del Presidente Lobo de un diálogo amplio en el que se trate entre otros los siguientes temas: justicia y reforma; libertad democrática (derecho y proceso constituyente). También el establecimiento de una Comisión de la OEA para el seguimiento de la situación de Honduras, lo cual fue aceptado incondicionalmente por el gobierno abriendo paso así al inicio en el país de las llamadas “democracias tuteladas” con intervención supranacional. Del informe especial se vislumbra que los puntos de Zelaya e incluso los de la delegación permanente del Ecuador ante la OEA—quien a su vez tiene la Presidencia del Consejo Permanente de la OEA—fueron los que dominaron el trabajo de los expertos técnicos delegados por Insulza, donde la voz oficial hondureña apenas se percibe en un par de líneas en el documento. |
