El viernes una juez en San Pedro Sula, norte de Honduras, decidió quitar la prohibición que tenía el Estado de Honduras para hacer el cobro de unos 48 millones de lempiras que debía de pagar el importador por la entrada de más de 14,382.67 toneladas de arroz.
Según el funcionario, la orden judicial es para que el barco atraque, no para que el producto sea nacionalizado, la ampliación consiste en que el interesado deberá presentar una garantía bancaria de un banco o de una institución financiera autorizada por la DEI para que este barco pueda desembarcar el grano.
Respecto al pago de los aranceles, agregó que la garantía bancaria deberá cubrir un monto de 48 millones que es el costo aproximado del pago del tonelaje de arroz.
Explicó que la orden judicial causó un poco de confusión, en el sentido que ordena el trasbordo del producto, “pero no específica el trasbordo del lugar, entonces precisamente en eso va la aclaración de la ampliación de la orden judicial, en el sentido que se ordena atracar el barco, porque la espera de estos barcos tiene un costo sustancial y eso va en perjuicio del importador, lo cual pues es oneroso”.
Este caso de importación de más de 14 mil toneladas de arroz se conoce como el “arrozazo II” y pretendió ingresar al país sin el pago respectivo de impuestos. El mediático caso ha generado controversias y contradicciones entre distintos funcionarios del gobierno de Porfirio Lobo.
Mientras estaba en la palestra pública este escándalo asomó el “arrozazo III”, denunciado por el propio presidente Lobo y que consistió en el ingreso al país de más de cuatro mil toneladas del grano, cargamento que llegó supuestamente para la Merienda Escolar, versión que aún no ha sido aclarada por las instituciones gubernamentales involucradas.
