Tegucigalpa.- Al menos cuatro defensores del ambiente de los departamentos de Santa Bárbara, Ocotepeque y Lempira, en el occidente de Honduras, denunciaron este martes que son víctimas de agresiones y amenazas de muerte por parte de estructuras criminales asociadas al exgobernante Partido Nacional.
«Estamos denunciando la represión que estamos viviendo en el municipio de La Iguala, departamento de Lempira, en primer lugar agresiones físicas que hemos sufrido este domingo mientras intentábamos ingresar a una casa comunal donde íbamos a realizar una asamblea del Consejo Indígena Lenca Municipal», dijo a EFE Bernardino Pérez, comunicador social de la Radio Comunitaria El Taragual.
Agregó que en la comunidad de Olominas, jurisdicción de La Iguala, seguidores del alcalde, Francis Adalid Paz, les impidieron el paso cuando se disponían a ingresar a la casa comunal.
Y aunque Bernardino, según su relato, pudo ingresar a la casa comunal, activistas del comité político anterior, intentaron sacarlos a él y otros de sus compañeros, siendo agredidos físicamente.
Los otros defensores del ambiente que denunciaron ante el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), en Tegucigalpa, ser víctimas de amenazas de muerte y agresiones, son Pedro Pinto, defensor de la Reserva del Güisayote, en Ocotepeque, y Ángel Yobany Mejía, coordinador del Movimiento Ambientalista Santabarbarense, en Santa Bárbara.
Se suma Néstor Zelaya, de Ocotepeque, quien pidió a la Secretaría de Seguridad que pare la persecución de la que están siendo víctimas los defensores del ambiente en el occidente del país.
Ángel Yobany Mejía afirmó que desde hace más un año está recibiendo amenazas de muerte y que en 2021 sobrevivió a un ataque criminal que le dejó graves secuelas.
Este año, junto a otros ambientalistas y autoridades municipales, fueron víctimas de un ataque con armas de fuego a manos de desconocidos, mientras evaluaban un posible daño ambiental en la región, agregó.
Mejía también denunció que en abril de este año un primo suyo fue asesinado.
La coordinadora del Cofadeh, Bertha Oliva, indicó que la situación es «preocupante» porque se está amenazando a defensores del medio ambiente y que en esas acciones están implicadas estructuras criminales que operaban durante «la dictadura de doce años» del Partido Nacional.
Agregó que las agresiones tienen un efecto cascada sobre las familias y las comunidades de las víctimas, porque causan temor en ellas y pueden, en ocasiones, ser un desincentivo para continuar con su ejercicio de defensoría.
(ir)
