Tegucigalpa – La Bancada del Partido Nacional (PN) se manifiesta en contra y rechaza de manera unánime el proyecto de decreto que presentó la bancada de Libertad y Refundación (Libre) encaminado a derogar el Decreto Legislativo y consecuentemente el Decreto PCM que permite el otorgamiento de permanencia laboral a personal sanitario de Honduras.
En un amplio comunicado, el opositor instituto político indica que el decreto en referencia protege la estabilidad laboral a miles de empleados públicos que estuvieron en primera fila combatiendo el COVID, arriesgando sus vidas, para proteger la de todos los hondureños.
Esta medida, que tiene el apoyo de todos los diputados de Libre y del Partido Salvador de Honduras (PSH) -expresa el escrito-, pone en peligro la estabilidad económica de más de 50 mil hogares en todo el país, en especial de miles de maestros del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (Proheco), quienes estaban contratados de manera temporal.
Además, médicos, enfermeras y personal técnico de centros de salud, clínicas y hospitales, que combatieron de frente el COVID, a quienes se les reconoció su antigüedad y estabilidad laboral como premio por su servicios en tiempos de emergencia y que ahora el partido de gobierno pretende mandar a la calle de manera violenta, grosera y desconsiderada.
Esta medida, además de afectar directamente a miles de hondureños que tienen años de prestar sus servicios al Estado, también pone en riesgo las finanzas públicas, ya que si se aplica esta reforma, a todas luces ilegal, el país va a ser receptora de miles de demandas laborales.
En ese sentido, la bancada del Partido Nacional alerta que “en lo contencioso administrativo que seguramente van a ser reconocidas por los tribunales de justicia y con ello la obligación de pagar indemnizaciones, costas judiciales, ingresos no devengados y hasta una posible reincorporación futura a sus cargos”.
El organismo político es del criterio que la contratación de este personal no afecta la sostenibilidad financiera del Presupuesto General de la República porque se trata de empleados que vienen trabajando y devengando salarios mensuales en diferentes Secretarías de Estado desde hace 4, 8, 12 y hasta 16 años.
El escrito, subraya finalmente que “únicamente en base a la Constitución de la República, convenios, Ley Laboral y principios, como el Protectorio, estabilidad laboral, progresividad y la jurisprudencia laboral, se les reconoció su antigüedad y estabilidad laboral”. JP
