Los Ángeles- Por años, María Ramírez, como millones de indocumentados, ha presentado sus impuestos como una prueba de sus contribuciones a EE.UU., pero ahora se siente atribulada porque hacer lo correcto puede suponer un posible boleto a la deportación.
La angustia de la inmigrante frente a la política migratoria del Gobierno del presidente Donald Trump aumentó la semana pasada cuando se firmó un acuerdo entre el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y el Departamento de Seguridad Interna (DHS) para que las autoridades de inmigración accedieran a información de ciertos contribuyentes.
Aunque, los términos del acuerdo establecen que el DHS presentará al IRS los nombres y direcciones de los contribuyentes que supuestamente tengan una orden de deportación para que esta agencia contraste la información y confirme su exactitud, el pacto ha encendido las alarmas.
Los activistas y legisladores demócratas esgrimen que el pacto puede ser un primer paso para que se acceda a información confidencial de los contribuyentes sin necesidad de obtener una orden judicial, como exige la ley.
“Este acuerdo es una completa traición al compromiso de décadas del gobierno federal de nunca utilizar la información de los contribuyentes con fines políticos·”, se quejó el senador por California Alex Padilla.
Fuentes del DHS, citadas por el Washington Post, dijeron que inicialmente enviarían consultas preliminares de aproximadamente 2 millones de contribuyentes y que eventualmente buscarían ayuda para localizar a 7 millones de personas.
Encontrar a los indocumentados que declaran impuestos es en teoría relativamente fácil ya que la mayoría usa un Número de Identificación del Contribuyente Individual (ITIN) expedido por el IRS, por lo que organizaciones como MaketheRoadNew York alentaron a los inmigrantes a consultar con un experto antes de realizar sus declaraciones.
Ramírez, que tiene su número ITIN hace más de dos décadas, lamenta no haber esperado hasta este martes 15 de abril, fecha límite para declarar impuestos en EE.UU., y tener tiempo para consultar con un abogado sobre las consecuencias de entregar nuevamente su información.
“Como todos los años hice mis impuestos temprano, ahora ya saben donde trabajo, donde vivo, realmente es muy angustiante”, dice a EFE la inmigrante.
Es el mismo sentimiento de los clientes del abogado de inmigración Alex Gálvez, que han estado llamando a su oficina para saber qué hacer. “Mi consejo es que no coloquen su dirección en la declaración de impuestos, que utilicen un P.O. Box, con eso cumplen con la obligación con el IRS pero no se exponen a compartir información”, indicó a EFE el jurista.
El acuerdo ha sido tan controversial que Melanie Krause, quien se desempeñaba como directora interina del IRS renunció a su cargo tras el anuncio del pacto, en el que había participado y revisado, pero que resultó ser diferente al que se había acordado, según reportó CNN.
Krause era la tercera persona en liderar el IRS desde el pasado enero, después de que el comisionado interino Doug O’Donnell dejara el cargo tras negarse a firmar el acuerdo.
Un golpe al bolsillo de los gobiernos
La alarma no es solo entre los indocumentados, las arcas tanto del Gobierno federal como de los estados también se pueden ver afectadas con esta política. Para 2022 estos inmigrantes pagaron cerca de 100.000 millones de dólares en impuestos federales, estatales y locales.
“Esta revocación del precedente (de confidencialidad del IRS) solo generará más temor en nuestras comunidades inmigrantes y reducirá la probabilidad de que las personas indocumentadas presenten sus impuestos, lo que podría costar miles de millones en ingresos fiscales perdidos para los estados y el gobierno federal”, advirtió Padilla.
La semana pasada un grupo de senadores demócratas, incluido Padilla, instaron al Inspector General del Tesoro a investigar si la Administración Trump podría estar violando las leyes de privacidad del contribuyente al proporcionar al ICE los datos legalmente protegidos.
Es el mismo argumento que dos grupos de defensa de los inmigrantes argumentaron en una demanda federal que busca frenar el acuerdo entre el IRS y ICE.
Entre tanto Ramírez asegura que el mal ya está hecho. «Lo que quieren es aburrirnos y asustarnos tanto que nos tengamos que ir. Da tristeza ver como este país hoy no nos valora, pero en la pandemia éramos esenciales», puntualizó la trabajadora de la limpieza. EFE
