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Declaran culpables de terrorismo a manifestantes por quema radio en Nicaragua

Managua – Un juez de Nicaragua declaró hoy culpables por terrorismo a tres manifestantes antigubernamentales acusados de incendiar una estación de radio en el marco de la crisis que vive el país desde abril pasado, y la sentencia será leída el próximo viernes. 



El juez Séptimo de Distrito Penal de Juicio, Melvin Vargas, declaró culpables por terrorismo, tráfico ilegal de armas y entorpecimiento de servicios públicos a Hansel Vásquez, de 25 años, Marlon Fonseca, de 26 años, y Kevin Rodrigo Espinoza, de 21 años.

La Fiscalía pidió las penas máximas por cada uno de esos delitos, que en total sumaría 28 años de cárcel, mientras que el abogado defensor, Julio Montenegro, solicitó la pena mínima, por lo que no superaría los 20 años.

Los sindicados fueron arrestados el pasado 11 de julio acusados de haber participado el pasado 30 de mayo en la quema de la emisora la Nueva Radio Ya, de corte oficialistas.

El juez Vargas exoneró a los tres jóvenes del delito de homicidio en grado de frustración contra el personal de la radioemisora oficialista.

Organismos humanitarios han insistido en que los jóvenes son inocentes y que forman parte de más de 300 personas que el Gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, mantiene como «presos políticos» por haber protestado en contra.

Las mismas organizaciones sostienen que las manifestaciones contra el presidente nicaragüense han dejado entre 322 y 512 muertos desde que comenzó el conflicto, el 18 de abril.

La oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) ha responsabilizado al Gobierno por «más de 300 muertos», ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros, violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.

El Gobierno de Nicaragua reconoce 199 muertos y más de 200 detenidos durante el conflicto, que tilda de intento de «golpe de Estado».

Las manifestaciones antigubernamentales comenzaron por unas fallidas reformas a la seguridad social que el Gobierno anuló en un intento fallido por desactivar el conflicto, que derivó en pedidos de renuncia de Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, en medio de acusaciones de autoritarismo. 

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