Guatemala– El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales advirtió este sábado que la «debilidad fiscal crónica» del Triángulo Norte, una de las regiones más pobres y violentas del mundo formada por Honduras, Guatemala y El Salvador, le «agudiza la crisis migratoria» a Estados Unidos.
Con motivo de la visita a esta área de una comitiva bipartidista de congresistas estadounidenses, encabezada por la presidenta de la Cámara de Representantes de ese país, Nancy Pelosi, el ente regional reiteró que la migración a la que se ven forzados miles de centroamericanos se debe a la «incapacidad de los Gobiernos».
Esto porque no son capaces de solucionar «la carencia de oportunidades económicas y la violencia, propias de un modelo económico que no genera una transformación productiva, ni suficientes empleos ni mucho menos un piso de protección social que garantice el bienestar y la paz social».
El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales dijo que la ruta hacia una solución efectiva requiere del diseño e implementación de «políticas fiscales que coadyuven a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, siguiendo principios de suficiencia, equidad, sostenibilidad, probidad y transparencia».
Las encuestas más recientes de la Agencia de Migración de las Naciones Unidas (OIM) evidencian que el 76,9 % de las personas que han migrado en situación irregular buscaron mejores condiciones de vida, el 46,5 % por reunificar su familia, el 36,9 % por trabajo y el 7 % huyeron de la violencia.
A criterio del ente regional, estos datos verifican «la continuada inefectividad de la política fiscal de El Salvador, Guatemala y Honduras para fomentar el crecimiento económico y el empleo, promover el bienestar y la protección social, y mejorar las condiciones de vida de la mayoría, según los datos ya citados, algunas de las principales causas estructurales de la migración».
Prueba de esto, continuó, son los escándalos de corrupción, la opacidad fiscal creciente, el gasto público que no incrementa las inversiones sociales y la disminución de los ingresos tributarios.
En contraste con los escándalos de corrupción que continúan en el Triángulo Norte de Centroamericana, el Instituto dijo que las autoridades están «desmantelando las iniciativas de cooperación internacional que han sido claves en la persecución penal de los responsables del saqueo y uso indebido de recursos públicos», como la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que termina el próximo 3 de septiembre.
Es por ello que señala que el fortalecimiento de la cobertura, calidad y efectiva del Gasto público social es la vía para enfrentar estos problemas y advierte que ahora mismo es «insuficiente» para garantizar los derechos básicos, como la educación, la salud y la protección social.
Los datos muestras que Guatemala ahora mismo tiene un gasto público social del 7 por ciento del PIB, El Salvador del 8,9 y Honduras del 9,2, mientras que la inversión pública directa anual per capita para niños y adolescentes es de 406 dólares en Guatemala, 713 en El Salvador y 454 en Honduras.
El «deterioro» de estos indicadores sociales evidencia para la organización la «inefectividad y la falta de voluntad política de los Gobiernos», contribuyendo a la «persistencia y deterioro de la crisis migratoria, al extremo que alcance proporciones humanitarias» y afecte principalmente a los más vulnerables, entre ellos mujeres y niños.
La Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de los EEUU informó que hasta julio de 2019 detuvo en la frontera sur de ese país a 58.317 menores del Triángulo Norte, un 52,7% más que el total de detenidos en 2018, dato que contrasta «dramáticamente con la exigua inversión pública dirigida a la niñez y la adolescencia realizada por los gobiernos de esos países».
Ante esta tragedia humanitaria, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales reiteró su rechazo al convenio de «tercer país seguro» que el Gobierno de Estados Unidos suscribió con Guatemala porque este último ha demostrado su «incapacidad fiscal e inefectividad para garantizar los derechos fundamentales de la población» e instó a los Estados de la región a mejorar las condiciones sociales de la población para evitar la migración irregular.
