Tegucigalpa.- El comandante de la Policía Militar de Orden Público (PMOP), el coronel de
caballería German Velásquez, anunció la noche del domingo que los cuatro efectivos de esa rama implicados en el intento de secuestro de un comerciante en la capital hondureña, serán dados de baja de ese cuerpo elite y de las Fuerzas Armadas “sean culpables o inocentes, pues ya mancharon la institución”.
El general Velásquez dijo lo anterior en el programa televisivo 30/30 de Televicentro, tras argumentar que uno de los principios que rige la PMOP es la política de “cero tolerancia” en la cual no se acepta ninguna falla por parte de sus miembros y que a raíz del bochornoso caso en el que se inculpa a cuatros de sus efectivos, entre ellos un oficial, la institución ha ordenado revisar todas las hojas de vida de los actuales miembros de la policía militar.
Se refirió así al caso de Noé Moisés García Rodríguez, quien tenía una orden de captura desde el 2011 y logró burlar los filtros de la policía militar para ser parte de sus filas. De acuerdo al comandante general de esta fuerza castrense, “algo pasó que no detectamos a tiempo esta anomalía”.
“Pero a partir de esa experiencia, todo el historial de los integrantes de la policía militar será revisado minuciosamente otra vez para detectar si existen casos similares y poner orden a fin de evitar que se siga manchando esta fuerza joven, que en 18 meses de creación ha dado buenos resultados al país y queremos que siga ese camino”, acotó.
Los militares implicados en la tentativa de secuestro del comerciante Luís Portillo, del mercado zonal Belén, son el subteniente de Infantería German Josué Hernández Velásquez (26), y los soldados Josué Jeremías Rodríguez García (22), Santos Raúl Antúnez Fúnez (26) y Noé Moisés García Rodríguez. Según información oficial, García Rodríguez tenía una orden de captura pendiente por el delito de robo agravado y posesión ilegal de armas.
El general Velásquez, quien nunca calificó a los cuatro policías militares como “delincuentes”, al aseverar que “son mis soldados y están siendo investigados”, fue claro al indicar que independientemente del resultado de las pesquisas, “sean culpables o inocentes, ellos saldrán de la institución, serán dados de baja porque ya mancharon el nombre de la policía militar”.
“Aunque sean inocentes, se tendrán que ir porque sus nombres ya fueron salpicados y eso no es correcto. Yo creo que así debe ser y así debe ser en la administración pública cuando un funcionario público es señalado por cosas incorrectas”, dijo en tono rígido el general Velásquez.
El alto oficial se hizo acompañar del director de la Dirección de Investigación Criminal, el comisionado Leandro Osorio, de la Policía Nacional, quien advirtió que existen fuerzas del crimen organizado que estarían interesadas en echar a pelear a la Policía Nacional y la Policía Militar de Orden Público, cuando ambas lo que hacen son funciones complementarias.
Osorio dijo que no es cierto que el presidente Juan Orlando Hernández hará desaparecer a la dirección de investigación criminal, sino que más ésta será fortalecida con una inyección financiera de al menos 13 millones de dólares procedentes de la comunidad internacional para relanzar ese órgano investigativo luego de una minuciosa selección de aspirantes y depuración y certificación de los actuales miembros.
En la comparecencia, tanto Osorio como el general Velásquez dejaron entrever que su trabajo es complementario y que la depuración de lo que llaman “manzanas podridas”, en alusión a las fuerzas del orden implicadas en actos reñidos con la ley, debe ser una constante en las fuerzas policiales, militares y de seguridad del país.
La semana pasada, la PMOP se vio implicada en uno de los escándalos más fuertes que ha tenido en 18 meses de creación, luego que la Policía Nacional capturara a cuatro efectivos de la Policía Militar de Orden Público cuando intentaban secuestrar al comerciante Luís Portillo, a quien pedían por su libertad 120 mil lempiras, según la denuncia de la víctima.
Los cuatro efectivos de la Policía Militar de Orden Público fueron llevados a los tribunales y un juez les dictó detención judicial. La defensa de los imputados dicen que el comerciante debe estar agradecido con los policías militares porque “le salvaron la vida” al “informarle que lo querían matar”.
