Tegucigalpa – El Ministerio Público consiguió este jueves una sentencia condenatoria vía procedimiento abreviado en contra del empresario Cristian Adolfo Sánchez en perjuicio de la Secretaría de Salud.
El imputado es acusado por el delito de fraude a título de cooperador necesario.
El Juzgado de lo Penal en Materia de Corrupción programó la notificación de la pena contra el imputado dentro de tres días.
No obstante, el Ministerio Público solicitó una sentencia de tres años con nueve meses privado de su libertad, más una multa de 712 mil 300 lempiras y la inhabilitación por el doble que dure la pena.
El empresario aceptó que formó parte de una red de corrupción dentro de la Secretaría de Salud, en la que también está implicada la exministra Yolany Batres.
También están señaladas la exdirectora del Marco Normativa de la Regulación Sanitaria, Gladys Hermelinda Paz Díaz; el exadministrador de la Dirección del Marco Normativo, Benelio Alvarado Membreño; la excoordinadora de la unidad de información, Lolita Vanessa Cordero; y los empresarios Héctor Rolando Figueroa Fúnez y Luis Gerardo Zelaya.
Los siete señalados, según lo indagado por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), entre marzo y septiembre de 2014, defraudaron al Estado por más de 7.8 millones de lempiras mediante la adjudicación irregular y fraudulenta de nueve contratos de consultorías y diseños de software orientados a la automatización de procesos para la vigilancia, fiscalización y control del Marco Normativo en Salud.
Según el ente acusador, se comprobó que estas contrataciones se dieron en total violación a la ley y a las disposiciones generales de presupuesto, con procesos directos que buscaron favorecer a personas naturales y empresas de maletín.
De acuerdo al expediente, se incorporó información falsa en torno a empresas que nunca participaron como oferentes, tratando de dar una apariencia que habían cotizado varias empresas a fin de obtener la oferta más favorable a la administración pública, simulación que fue descubierta por el Ministerio Público.
Al final, tras la colusión y contubernio entre los exfuncionarios de la Secretaría de Salud y los tres empresarios acusados, las empresas que resultaron beneficiadas fueron: ORBIT Tecnology, Tecnología e Informática, Sat Media y Telesat, así como una persona natural, determinándose además que el software nunca fue entregado y la sobrevaloración del mismo es de un 90 por ciento aproximadamente. AG
