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Cuatro diputados oposición investigarán a presidente Guatemala por corrupción

Guatemala – El futuro político del presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, quedó en manos de cuatro diputados de oposición y uno de su partido, quienes fueron designados hoy por sorteo para evaluar si el mandatario debe perder su inmunidad por una acusación de corrupción en su contra ante el Supremo.

Los cinco diputados fueron nombrados este viernes en el Congreso de Guatemala, tal y como lo establece la ley, para conformar una comisión que investigará a Pérez Molina con el objetivo de determinar su responsabilidad por los cargos en su contra.

La comisión está presidida por el diputado Baudilio Hichos, un veterano con 24 años de experiencia como legislador que pertenece a la mayor agrupación de la oposición en el Parlamento, el partido opositor Libertad Democrática Renovada (Líder).

Los otros diputados designados son Hugo García Gudiel y Armando Chún, ambos de Líder, además de Hugo Morán, de la bancada Compromiso, Renovación y Orden (CREO), y Mario Linares, del gobernante Partido Patriota (PP), que llevó al poder a Pérez Molina en 2012.

De acuerdo al sorteo, Hichos quedó como presidente de la comisión, García como secretario, y Linares, Chún y Morán fueron nombrados vocales.

El Congreso conformó la comisión después de que el pasado 10 de junio la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le diera trámite a la denuncia del diputado opositor Amílcar Pop en contra de Pérez Molina, por su supuesta vinculación a dos escándalos de corrupción: uno en el ente recaudador de impuestos y otro en el Seguro Social.

La comisión investigará las acusación en contra de Pérez Molina y posteriormente presentará un informe en el que recomendará al Congreso retirar o no la inmunidad que el mandatario ostenta por su cargo.

Los 158 diputados harán entonces una votación en la que se necesitan al menos 105 votos para que el presidente de Guatemala pierda la inmunidad y pueda ser juzgado en caso de que el Ministerio Público encuentre evidencias en su contra.

Hichos afirmó que aún no tienen establecido cuándo tendrán listo el informe sobre la investigación, pero aseguró que empezarán a trabajar desde hoy al «ser un tema de trascendencia» nacional.

La elección de los diputados se llevó a cabo al azar, mediante una tómbola con pelotas numeradas que representaban a cada legislador, y de donde salieron los cinco miembros de la denominada «Comisión Pesquisidora».

La decisión del Supremo que avaló el trámite contra Pérez Molina fue dictada por unanimidad tras analizar la solicitud de antejuicio presentada ante el Ministerio Público (MP) el 22 de mayo por el diputado Pop, del partido Winaq.

El legislador, de la agrupación política de la premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, acusó al presidente de cuatro delitos relacionados con los dos escándalos millonarios de corrupción, desarticulados por las autoridades en los últimos dos meses.

Por ambos casos hay 44 sospechosos en prisión preventiva, entre funcionarios y particulares, incluido el exsecretario general de Pérez Molina y presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), Juan de Dios Rodríguez.

La ley del país centroamericano señala que Pérez Molina cuenta con inmunidad en su cargo y no puede ser juzgado hasta que el Congreso avale por votación la investigación en su contra por parte del MP.

La ahora exvicepresidenta del país, Roxana Baldetti, renunció a su cargo el 8 de mayo pasado ante la presión de la cúpula empresarial y la sociedad civil, después de que las autoridades señalaran a su secretario privado, Juan Carlos Monzón Rojas, de dirigir la trama de corrupción en el ente recaudador de impuestos.

Baldetti dejó su cargo un día después de que el Congreso designara una «Comisión Pesquisidora» para investigarla, también por una denuncia del diputado Pop ante el Ministerio Público que, al igual que en este caso, fue avalada por el Supremo.

Pérez Molina reiteró hoy su inocencia de nuevo, tal y como lo ha hecho en al menos una docena de declaraciones públicas, y aseveró además que cumplirá su mandato presidencial hasta el 14 de enero de 2016, como lo señala la reglamentación guatemalteca.

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