Lo comentado en este escrito sucede en los Estados Unidos de América. Con la tesis que nunca existió el magno fraude electoral, que le hizo perder la reelección a Donald Trump, como candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos.
La obstinación de Trump fue inefectiva. No hubo fraude electoral. A pesar de su insistencia, nunca pudo probarlo en los tribunales. Demostrando con ello, una vez más, que en un estado de derecho ni el presidente de la nación está por encima de la ley.
El artículo comenta cómo la Constitución de los Estados Unidos, con más de 200 años de vigencia continua, se respeta y resuelve desde los más pequeños y cotidianos problemas hasta los más grandes y complejos de la nación. El artículo ahonda en esa capacidad, destacando la ejemplar respuesta que dieron tres de sus más vitales componentes institucionales y sus actores: el judicial, militar y el electoral. Cerraré el escrito con una conclusión sobre lo analizado.
Judicial
Tanto los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, como los jueces de instancias menores, por falta de evidencias, rechazaron más de 50 demandas judiciales, presentadas por Trump y sus abogados. Tales demandas pretendían probar el supuesto fraude electoral que habían practicado los demócratas, y por lo tanto, de ser comprobado, hubieran anulado los resultados de las elecciones 2020 realizadas.
Pero el golpe final contra el fraude se lo dio el Fiscal General de los Estados Unidos, abogado William Barr, uno de los principales aliados de Donald Trump durante su mandato. El 1 de diciembre 2020, casi un mes después del día de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, Barr declaró que el Departamento de Justicia no había encontrado evidencia de fraude en las elecciones presidenciales de 2020. Esto dijo el máximo funcionario de la legalidad estadounidense: «Hasta la fecha, no hemos visto fraude a una escala que pudiera afectar y dar lugar a un resultado diferente en las elecciones”.
Después, Barr renunció a su cargo por discrepancias que tuvo con Trump, debido a las valoraciones que había hecho sobre las elecciones y sus resultados. Hizo pública su dimisión del equipo trumpista el 7 de enero, 2021, poco después que el Colegio Nacional Electoral confirmó oficialmente la victoria de Joe en una sesión conjunta del poder legislativo bicameral federal, moderada por el vicepresidente de Donald Trump, Mike Pence.
Militar
El 11 de noviembre de 2020, una semana después de haber perdido las elecciones, Trump despidió inesperadamente a Mark Esper, su Secretario de Defensa y máxima autoridad en la preservación del orden y de la paz. Interna y externa de los Estados Unidos. Esper venía ocupando ese cargo desde julio de 2019. En su lugar Trump nombró, de forma interina y «de manera inmediata», a Christopher Charles Miller, con el visto bueno del Senado federal, controlado por los Republicamos. Miller, que fue confirmado por el Senado para su actual cargo con un voto a viva voz, que es lo habitual cuando hay consenso en el pleno, se convertía en el cuarto jefe del Pentágono en los 4 años de mandato del presidente Trump.
A Miller le sobraban antecedentes y credenciales para el nuevo cargo. Había sido antes director del Centro Nacional Antiterrorismo/CNA, desde 10 de agosto de 2020 al de noviembre de 2020. Cuando era candidato para dirigir el Centro fue confirmado unánimemente por el Senado. En medios locales era, y sigue siendo conocido como el Zar del Anti-terrorismo.
Miller llegó al CNA oportunamente, cuando Estados Unidos sufría una nueva ofensiva terrorista. El 78% de los atentados y complots ocurridos en los primeros ocho meses del 2020 provenían de grupos «supremacistas blancos», de extrema derecha, de base nacional, donde 39 personas habían muerto, el 16% se les imputaba a grupos anti-gubernamentales y solo el 2% se atribuían al extremismo islámico doméstico.
Un día después que Trump le hizo renunciar a Eser, su Secretario de Defensa, también le renunció la cúpula civil del Pentágono. En el verano 2020, Esper se había opuesto enviar unidades militares para sofocar las protestas raciales que sucedían en más de 100 ciudades estadounidenses, por la muerte del afroamericano George Floyd. Igualmente sucedían disturbios violentos y abusos policiales, en más de 100 ciudades estadounidenses, debidamente constatados por las cámaras de seguridad que monitorean vía pública.
La destitución del Ministro de Defensa y el nombramiento de su sucesor levantó sospechas en ciertos círculos políticos estadounidenses que “se estaba preparando un golpe de estado en Washington D.C., esta vez promovido por el actual inquilino de la Casa Blanca.” Algo inédito en los Estados Unidos y muy contrario a la lógica gringa. Hecho hasta ahora muy posible de suceder fuera de los Estados Unidos y en nuestras “repúblicas bananeras”.
Pero además de lo anterior, había un dato de conocimiento público. Miller, el recién nombrado Ministro de Defensa, seguía siendo un fiel seguidor del presidente Trump. Hecho. Tal preferencia fue denunciada públicamente por David Adam Smith, congresista demócrata por el Estado de Washington y conocedor del tema, por ser el director del Comité de Servicios Militares, en el Senado federal.
A ello se sumaron unas declaraciones del alto mando militar estadounidense. Diez ex-ministros Defensa firmaron un artículo de opinión aclarando, que en cumplimiento de sus cargos, se oponían al uso de efectivos castrenses “en apoyo” a las falsas reclamaciones que se hacían contra los resultados y alegatos de fraude en las últimas elecciones realizadas. Entre los firmantes del artículo estaban los Generales Jim Mattis y Mark Esper, ambos habían sido antes Ministros de Defensa en el Gabinete de Trump.
La declaración fue divulgada el 5 de enero, 2021, un día antes de la ratificación por el Congreso de EE.UU. de la victoria del presidente electo, Joe Biden, tras una larga y extraordinaria jornada, que fue interrumpida por el vergonzoso asalto al Capitolio Nacional de Washington, estadounidense.
El asalto impactó negativamente en la Cámara baja de Estados Unidos. Porque aprobó la apertura de un nuevo «impeachment» o juicio político contra el presidente Trump, el segundo durante su mandato. En esta ocasión, por «incitar a la insurrección» a los grupos que asaltaron el Capitolio, todos declarados seguidores del presidente.
Institucionalidad electoral
En esta institucionalidad están incluidos los funcionarios federales, estatales y municipales, que directa o indirectamente protegen, administran o supervisan las elecciones generales y sus resultados. Tales funcionarios públicos juran sus cargos ante la Constitución de la República, con independencia del partido, grupo de interés o entidad que los llevó al poder.
Por juramento, los mencionados no están obligados a cumplir ninguna orden o mandato del presidente; menos aún, si lo solicitado conlleva amenaza, limita o coacciona el libre ejercicio del desempeño del cargo, como funcionario público. Si eso sucediera, le restaría confianza y validez a la soberanía del voto ciudadano y a la legitimidad de las contiendas electorales.
Trump abusó de su poder cuando quiso revocar los datos oficiales de la elección presidencial que perdió. De prueba hay una llamada telefónica que le hizo el sábado 2 de enero de 2021, a Brad Raffensperger, republicano, secretario del Estado de Georgia. En esa llamada, de entrada, le afirma al funcionario estatal que ha ganado las elecciones en su Estado y que por eso le exige que “encuentre” los 11,780 votos que necesita para anular el triunfo demócrata, que por fraude logró en ese estado su rival, Joe Biden, resultado, que por haber pasado antes por un recuento de voluntarios independientes, estaba ya certificado.
Raffensperger, el funcionario de Georgia, amablemente, se negó a hacer lo solicitado por el presidente. Pero Trump, usando un lenguaje más suave, lo amenazó, diciéndole que podría ser llevado “a juicio” al no hacer lo que le solicitaba el Presidente, y “que por eso podía estar cometiendo un “delito penado” por ley”. La llamada telefónica duró más de una hora. Fue obtenida y divulgada por The Washington Post.
Conclusión
Si bien es cierto que las denuncias de fraude electoral produjeron grietas que en la democracia estadounidense aún necesitan curarse. Lo positivo es que el estado de derecho se impuso ante los falsos alegatos y mentiras repetidas por Trump. Para orgullo, los responsables en ese país proteger y hacer efectiva la legalidad y legitimidad de las elecciones, declararon ante los tribunales y respaldaron con su conducta, el hecho de no haber encontrado los elementos que hubieran probado el fraude electoral.
En paralelo, algo parecido sucedió al exterior de los Estados Unidos. También de rebote, en estos primeros días del nuevo gobierno Biden-Harris ya se ven reacciones positivas por el cambio de dirigencia en la Casa Blanca de Washington. El nuevo equipo de gobierno tiene la voluntad inmediata, expresada con rectificaciones que eliminan del escenario internacional las amenazas, acciones y políticas unilaterales y aislacionistas que Trump y sus asesores pusieron en marcha durante su mandato. Irónicamente, perjudicando más a los 40 socios y aliados que conforman la comunidad de naciones democráticas del mundo, entre las 197 existentes en todo el planeta.
Pero el nuevo gobierno no está exento de riesgos. Tal como lo insinúan los resultados de las elecciones 2020, donde tanto el ganador como el perdedor logró un inédito caudal de votos directos en el electorado, 74 millones el republicano Trump y 81 millones el demócrata Biden. De aquí en adelante tales parámetros servirán de base para evaluar el desempeño, efectividad y aceptación que vaya teniendo la nueva dirigencia demócrata en los Estados Unidos y resto del mundo
