Tegucigalpa – En tiempos de la actual pandemia del COVID-19, seis son los patrones que han sido identificados como un obstáculo al ejercicio del periodismo y la libertad de expresión en América Latina, destacando entre ellos las medidas de excepción vinculadas a la suspensión de garantías, el acceso a la información, las tendencias autoritarias de los gobiernos y el espionaje, entre otros.
Se suma a estos factores, el tema de los procesos electorales en la era digital, donde países que están abocados a elecciones están siendo sujeto de estrategias que pueden socavar el ejercicio de la democracia y, por ende, la libertad de expresión.
El ejercicio de la libertad de expresión son sovacados en países con proceso electoral
Esos son algunos de los hallazgos que han fijado en sus informes y ponencias expertos en materia de libertad de expresión, entre ellos la Relatoría para la Libertad de Expresión y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ambas instancias que forman parte de la Organización de Estados Americanos (OEA).
En países como Bolivia, por ejemplo, golpeado por la pandemia, las denuncias de corrupción en la compra de insumos y de paso inmerso en un proceso electoral, las tendencias autoritarias se reforzaron con suspensión de garantías constitucionales e incluso censurando la información que el gobierno interino consideraba que “incitara” en contra de la salud pública de ese país sudamericano.
Esa decisión y las presiones locales e internacionales llevaron al gobierno de la presidenta interina Jeanine Añez a retirar la medida que ampliaba la sanción penal a “personas que inciten el incumplimiento de la cuarentena o difundan información de cualquier índole, sea en forma escrita, impresa y/o artística que afecte a la salud”.
El periodismo ha sido amenazado en varios países de transmitir información de COVID-19
Tendencias autoritarias se han visto también en Brasil y El Salvador, mientras en Honduras, los informes regionales destacan la decisión del gobierno de suspender la garantía constitucional de la libertad de expresión al iniciar la cuarentena por la pandemia, pero la medida fue revertida.
Principales riesgos identificados
Dentro de esas tendencias autoritarias el periodismo latinoamericano, y en el Triángulo Norte de Centroamérica, se vislumbra un inusitado interés de los gobiernos por hacer creer que en la pandemia la prensa es “enemiga” de los gobiernos y haciéndose valer de la restricción de garantías, aprueban mecanismos que atentan contra la independencia de los medios y el periodismo en general, alertan los entes regionales de libertad de expresión.
La prensa ha sido tildada como enemigos del gobierno durante la pandemia
En El Salvador, los enfrentamientos del presidente Nayib Bukele con los poderes legislativo y judicial están arrastrando también a la prensa que denuncia intolerancias, cierre de fuentes, negativa de acceso a información pública y campañas de descrédito, entre otros mecanismos identificados por parte del gobierno de ese país.
Honduras, El Salvador, Guatemala, Brasil y Colombia enfrentan también en el manejo de la pandemia, cuestionamientos por limitar el acceso a la información pública, en especial ligada a la compra de insumos y equipo biomédico necesarios para hacer frente a la emergencia sanitaria. En tanto Nicaragua es considerado el país más cerrado en cuanto al tema de la pandemia, el acceso a la información y las fuertes limitaciones que se viven en libertad de expresión.
Las denuncias de corrupción en la adquisición de insumos y equipo para atender la emergencia de pandemia, están generando graves restricciones al acceso a la información pública, y según registros llegados a las instancias regionales de la OEA, países como Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, El Salvador, Honduras y México habrían suspendido o extendido los plazos de tramitación de procedimientos administrativos de forma general y/o vinculados con solicitudes de información pública a inicios de la pandemia, señala en un comunicado conjunto del 18 de abril de 2020 la CIDH y la Relatoría de la Libertad de Expresión de la OEA.
Cada vez son menos los periodistas que acceden a las ruedas de prensa
Otras de las restricciones identificadas por estas instancias en la pandemia se relacionan a el acceso de periodistas a ruedas de prensa y en la posibilidad de realizar preguntas sobre la pandemia, también algunos Estados han recurrido a figuras del derecho penal para sancionar la difusión de ideas e información calificadas como falsas o incitaciones al pánico respecto a la salud pública. “Por otra parte, con el legítimo interés de detener la dispersión de la pandemia, en algunos Estados se ha recurrido a medidas de ciberpatrullaje digital, lo que podría afectar las libertades fundamentales”, señalan en su comunicado.
En la región latinoamericana el tema de la libertad de expresión en los tiempos del COVID-19 se ha visto obstaculizado por las obstrucciones para ejercer el periodismo y la suspensión de garantías, así como por la desinformación, denominada también como “desinfo-pandemia”.
También se ha detectado una persecución a los periodistas bajo figuras vagas o ambiguas que buscan restringir su derecho; algunos países han intensificado su persecución en las redes sociales, según los patrones detectados por los organismos internacionales de libertad de expresión.
Otro de los patrones identificados en la región son el uso de la tecnología aplicadas para la vigilancia para levantar perfiles a periodistas, siendo Colombia el país que más está siendo denunciado en este aspecto, una violación que la han estado llevando a cabo las fuerzas militares y de seguridad, según las denuncias. Un total de 130 periodistas han sido perfilados en ese país sudamericano, mientras en México trascienden también espionajes a la prensa desde sistemas montados por el gobierno.
Un tema que también llama la atención de los organismos especializados en libertad de expresión es cómo la crisis sanitaria por la pandemia está también golpeando la sostenibilidad de los medios de comunicación, ante las primeras decisiones de recortes o suspensión de personal por caída en la publicidad, ante la recesión económica que ello trae consigo.
Elecciones, prensa y democracia
Sobre las elecciones y la democracia en la era digital, los relatores de libertad de expresión y de opinión en el mundo, emitieron una declaración conjunta por considerar que se viven momentos complejos para la libertad de expresión en estos tiempos de pandemia y elecciones, al hacer hincapié que sin libertad de información difícilmente se puede tener acceso a la salud, demandar democracias fuertes y gobiernos legítimos.
En tal sentido, exhortan a los Estados a establecer un marco regulatorio e institucional que promueva la libertad, independencia y diversidad de medios de comunicación, tanto en el sector tradicional como en el de los medios digitales, capaz de brindar a los votantes acceso a información amplia, precisa y confiable sobre los partidos políticos, los candidatos y el proceso electoral en su totalidad.
Organismos internacionales condenan la censura en medios de comunicación
“No debe haber censura previa de los medios de comunicación, lo que incluye el bloqueo administrativo de sitios web de medios y las interrupciones del servicio de internet”, demandan los relatores de las Naciones Unidas (ONU), la OEA y de Europa.
“Los actores estatales nunca deben utilizar su posicionamiento ni su poder para adoptar medidas orientadas a influir indebidamente sobre la información que brindan los medios de comunicación, incluso sobre elecciones; ya se trate de medidas directas, como por ejemplo, el otorgamiento de licencias para medios o el ejercicio del control sobre los medios públicos o los organismos que regulan los medios, o bien a través de medidas indirectas, como por ejemplo, la limitación del acceso al papel prensa y a frecuencias radiales, o la reducción de la capacidad de los medios de comunicación para distribuir sus productos libremente en todo el país”, manifiestan.
La actual pandemia está dejando al menos seis patrones o características que están limitando la libertad de expresión y en tal sentido, la Relatoría para la Libertad de Expresión y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, señalan en su pronunciamiento conjunto que “toda suspensión, restricción o limitación que se imponga a los derechos humanos con la finalidad de protección de la salud en el marco de la pandemia del COVID-19 debe cumplir con el principio de legalidad, ser necesaria en una sociedad democrática y, por ende, resultar estrictamente proporcional para atender la finalidad legítima de proteger la salud pública”, aseguran.
