CSJ envía al Congreso informe sobre expediente de jueces despedidos

Tegucigalpa – El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jorge Rivera Avilés, dijo hoy que ese poder del Estado envió al Congreso Nacional los informes necesarios para aclarar las dudas surgidas sobre los expedientes de cuatro jueces despedidos por participar en actividades políticas.
 

– Las dudas surgieron porque la documentación cuestionada corresponde «a distintos momentos», explica Rivera Avilés.

– «No hay nada que esconder», pero «estamos obligados a limpiar nuestra cara», señala.

– Pide que Fiscalía y Ministerio de Seguridad investiguen actuaciones de magistrados si es necesario.

Rivera Avilés reiteró que en la CSJ «no hay nada que esconder», explicó que las dudas se debieron a que la documentación cuestionada corresponde «a distintos momentos» del proceso contra los jueces y que si es necesario el Ministerio Público y el Ministerio de Seguridad podrán investigar las actuaciones de los magistrados en este caso.

«Hicimos la revisión de los expedientes», en los cuales «se encuentran totalmente arreglados los procedimientos, esta información se la hicimos llegar al Congreso Nacional», indicó.

«Lo que hay es una situación de dos distintos momentos, y si es cierto que en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puede haber una información y en el Congreso Nacional de la República otra, esto significa que atiende a diferentes momentos», afirmó.

Rivera Avilés confirmó que ha mantenido contactos con el presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, pues era «necesario hacer algunas aclaraciones» sobre los señalamientos que éste había hecho contra la CSJ.

«Creo que el Congreso Nacional de alguna manera estaba esperando la documentación real, que es la que respalda ese expediente», agregó el titular del Poder Judicial.

En una entrevista en el programa «Frente a Frente» de Canal 5, y en posteriores declaraciones a otros medios, Hernández no descartó que el Congreso destituyera magistrados de la CSJ por la supuesta falsificación de documentos relacionados con el caso de los jueces despedidos, como indicaba un mensaje que dijo haber recibido por internet, aunque no precisó quién se lo envió.

Estas expresiones de Hernández han sido consideradas por sectores políticos como amenazas a la estabilidad del Poder Judicial.

«Esperamos que queden superados completamente (los problemas) una vez que se determine en el Congreso Nacional cuáles son los documentos que hay en el Poder Judicial», dijo Rivera Avilés.

«Estamos claros que en ese momento el expediente estaba únicamente con la recomendación de administración de personal, y unos meses después al expediente le fue agregada la redacción, porque se lleva su tiempo hacer una redacción, y estas eran las diferencias», explicó.

Sobre los señalamientos contra la CSJ, «no hemos revisado minuciosamente las declaraciones del presidente del Congreso», dijo Rivera Avilés.

Empero, comentó que «él expuso que no era una información comprobada, que estaba en proceso de investigación y que le había llegado esa información».

«Pero nosotros estamos obligados a limpiar nuestra cara ante la opinión pública», afirmó.

Reafirmó que «las puertas y los expedientes de la CSJ están a la disposición de la ciudadanía en general, de los honorables diputados del Congreso Nacional, de todos los abogados de Honduras y de todas las personas del concierto internacional de naciones que tengan interés en revisar nuestras actuaciones».

«Desde ningún punto de vista las vamos a esconder, (y) ya que así lo ha manifestado el presidente del Congreso Nacional, con mucho gusto estaremos enviando el informe de nuestras propias investigaciones», añadió.

El presidente de la CSJ excitó «al Ministerio Público, como ente competente, así como si fuese necesario el Ministerio de Seguridad, para que se aboque y tenga a la vista los expedientes que se señalan para que se establezca por cada uno de los interesados cuáles han sido nuestras actuaciones».

«En definitiva no hay nada que esconder y los expedientes están a disposición de todos los interesados», aseveró.

Reiteró que «la investigación oficial le corresponde al Ministerio Público y al Ministerio de Seguridad, pero eso no significa que no pueden estar a la vista, no sólo de los diputados del Congreso Nacional, sino de todo el pueblo hondureño en general y de todos los interesados, los expedientes que obran en poder de los estrados judiciales».

Rivera Avilés reconoció que «la presunción del presidente del Congreso Nacional y la preocupación de él es entendible».

«Tenemos que guardar una buena imagen de nación, y si del exterior viene alguna información que pone en duda las actuaciones, es lógico que tengamos que preocuparnos por aclarar qué es lo que está sucediendo», expuso.

Sobre el porqué de las dudas, insistió en que «así como en el Congreso Nacional de la República hoy se aprueba una ley por los honorables diputados y se pasa a una comisión de estilo para su redacción, así también en la resolución de la Corte Suprema de Justicia se señalan comisiones de redacción para la firma final».

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