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Cruciales desafíos de la Depuradora en nuevo mandato

Tegucigalpa. –  La Comisión de Depuración de la Policía Nacional tiene un año más de respiro para poder sentar las bases de una inconclusa reforma, que de entrada les obliga a ser más quisquillosos en su trabajo de reestructuración, ante el compromiso de dejar instalada la DIDADPOL y un sistema de monitoreo que siga la pista a los depurados.

Igualmente han enfrentado la ruidosa denuncia de una agencia noticiosa que salpica a la actual cúpula policial con presuntos nexos con el narco.

En la atmosfera, tras la condena aplicada por Estados Unidos al exoficial Víctor Oswaldo López Flores, no pasa inadvertida y aún está a flor de piel la colusión de oficiales y policías de base con el crimen organizado.

López formaba parte del grupo de seis miembros de la Policía Nacional de Honduras que fueron acusados por narcotráfico en julio de 2016. Otros dos, Mario Guillermo Mejía Vargas y Carlos José Zavala Velásquez, también se han declarado culpables, pero aún no se ha emitido veredicto en su contra. Tres acusados más: Ludwig Criss Zelaya Romero, Juan Manuel Ávila Meza y Jorge Alfredo Cruz Chávez.

Pero al margen de estas circunstancias, la Comisión Depuradora debe impulsar la aprobación de los reglamentos que den fuerza a la nueva Ley Orgánica de la Policía y a la nueva Ley de la Carrera Policial. Es decir, dejar sentada las bases con sus herramientas plenas y vigentes. Tienen un año más para ello.

Antes de finalizar su legislatura, los anteriores congresistas aprobaron la extensión de la comisión depuradora por un año más, ante el reclamo de diversas instancias civiles de alargar su trabajo por sus resultados y para asegurar que el mismo no cayera en mar muerto, cuando se hicieran los relevos que se venían en la cúpula policial. Relevos que fueron anunciados por el presidente Hernández, previo a la continuidad de su mandato el 27 de enero pasado.

Con una nueva cúpula policial al frente y un mandato ampliado a la depuradora, el proceso de reforma indicaba que entraba a otra etapa: la de fortalecimiento y de un nuevo perfil policial orientado a generar confianza en la ciudadanía.

Pero un reporte de la agencia noticiosa Associated Press (AP) publicado por la prensa internacional, remeció el tema de la depuración al salpicar a su actual cúpula al mencionársele de haber colaborado del capo de la droga, Wilter Blanco. Los hechos citados por la AP hablan acerca de una presunta entrega controlada de droga, pero en el mismo reporte se indica que hubo dificultades para comprobar algunos elementos, pero que otros ex miembros policiales—que se presume depurados—confirmaron su trabajo.

¿Confiables archivos policiales?

La noticia cayó como bomba y la Comisión Depuradora salió al paso a decir que, si bien nadie era químicamente puro, el comisionado Morán había pasado todos los filtros y prueba de confianza, y que habría una reevaluación de la actual cúpula y se abriría una investigación al respecto. Y que todos ellos quedaban ratificados en su cargo.

Y fueron más allá en sus argumentos al presentar un reporte citado por la publicación periodística que al parecer correspondía a otra información, pese a tener el mismo código. La Comisión Depuradora habló de “presunta alteración” de documentos oficiales y que habría que tener duda acerca de lo que se publica, pues los archivos policiales no eran “tan seguros” como se prevé.

Sus integrantes dejaron entrever que estarían circulando documentos falsos asignados a códigos policiales oficiales. Evidenciaron así la fragilidad en que se encuentran los archivos policiales, un problema que pone cuesta arriba el trabajo de la depuradora al no tener certeza sobre la información que le llega. Los archivos de la Secretaría de Seguridad son claves como parte de los filtros y custodia a ejercer para determinar con certeza que es cierto y que es ficticio en esa institución. 

José David Aguilar MoránEl jefe policial Morán ha enviado su abogado al Ministerio Público para que lo investiguen, dicen que el dinero que devenga es producto de su trabajo y no está manchado de sangre ni de ninguna procedencia ilícita, mientras se advierten presuntas acciones legales contra la publicación periodística si se prueba que lo difundido es falso.

Mientras ese lío se desvanece o no y se hacen controles aún más rigurosos en el proceso de reestructuración, los miembros de la comisión enfrentan también la instalación de la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (DIDADPOL), el ente que tendrá a su cargo la depuración policial a futuro y que sustituye a la desaparecida Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), quien nunca arrancó plenamente por limitaciones presupuestarias, técnicas y logísticas.

La DIDADPOL deberá ser dotada de todos los recursos logísticos, técnicos y profesionales necesarios para profundizar la etapa de la depuración y evitar que la contaminación que por décadas ha caracterizado a la Policía Nacional con mafias y redes criminales, no avance, sino que sea atajada y extirpada como parte de un proceso permanente del saneamiento policial.

Hasta ahora la depuradora ha logrado reestructurar a más de cuatro mil policías de diversos rangos y especialidades, algunos de ellos han resultado implicados en hechos delictivos comunes y en nexos con bandas criminales ligadas al narcotráfico, otros simplemente ya no eran aptos para formar parte de ese cuerpo del orden. Esa participación permite avizorar el tipo de policía que tenía el país: una extensión del crimen común y organizado. Los esfuerzos de los depuradores han logrado bajar un poco estos niveles.

Instalar la DIDADPOL

En el caso de la DIDADPOL, se han girado convocatorias para el reclutamiento de quienes aspiran a dirigirla y sus perfiles deben pasar el filtro de la depuradora, que en paralelo debe también impulsar la aprobación en el legislativo de los reglamentos de la Ley Orgánica de la Policía Nacional y de la Ley de la Carrera Policial.

En esta ampliación de su mandato, la Comisión Depuradora debe dejar montado en el engranaje jurídico que deberá regir a la Policía Nacional como palancas de la reforma, pues no basta con la creación de postas policiales, mejora en el pensum académico de formación e instalaciones físicas apropiadas, si las leyes que los facultan responden a los viejos vicios del pasado que permitieron la opacidad para que la institución fuera presa de las bandas criminales.

Otro reto en esta ampliación es la de montar, a su vez, un buen sistema de monitoreo que dé seguimiento a los policías objetos de reestructuración. A su vez, las autoridades sospechan que otro grupo de los policías reestructurados operen bajo la complicidad de grupos criminales.

A su vez, la Comisión Depuradora deberá también, en esta otra etapa, dar continuidad a las denuncias de policías corruptos presentadas al MP y de sus nexos en otros hechos criminales, al tiempo que documenta algunos nuevos casos para empujar este proceso de limpieza hasta su etapa final de judicialización, en compañía del MP y del Tribunal Superior de Cuentas.

Continuar depurando la policía, fortaleciendo sus cuadros, aplicando leyes, vigilando por el cumplimiento de los reglamentos y generando confianza ciudadana en sus miembros, más allá del discurso, son los nuevos desafíos que enfrenta la comisión de depuración policial para evitar quedar atrapada en los esfuerzos inconclusos de echar a andar una profunda reforma policial.

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