Tegucigalpa – “Nada está escrito en piedra”, manifestó en las últimas horas el presidente de la comisión legislativa de presupuesto del Congreso Nacional, Francisco Rivera al consultarle si ese organismo considera derogar la polémica reforma a la ley de Presupuesto General que abre la puerta a la impunidad.
La reforma contempla que sea el Tribunal Superior de Cuentas el que investigue el destino de los recursos del fondos públicos y mientras se encuentre en auditoría “no procederá ninguna acción judicial para reclamar ningún tipo de responsabilidad sea administrativa, civil o penal”. Tras una Fe de errata, los diputados han limitado el alcance de la reforma al Fondo Departamental, especificando que el procedimiento es aplicable al Fondo Departamental y únicamente ampara a los diputados, no así a otros funcionarios.
La polémica reforma 16 y 131-A de la Ley Orgánica del Presupuesto, publicada en La Gaceta ha desatado un polvorín luego que la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), hiciera la denuncia al calificar esa modificación como “un pacto de impunidad”.
Aquí la comparación de textos entre lo aprobado por el Pleno del Congreso y lo publicado en La Gaceta. No es un error de redacción o errata como se puede observar. Se cambia el sentido totalmente para que no procedan acciones judiciales contra diputados. Hay que investigar cambio pic.twitter.com/iMZB9RYTLz
— Juan F Jimenez Mayor (@JuaJimenezMayor) 26 de enero de 2018
En opinión de la MACCIH, la reforma busca “frenar” las investigaciones a altos funcionarios y diputados. Ha señalado que la iniciativa blinda a los involucrados en la llamada Red de Diputados en la que según el vocero de la Misión, Juan Jiménez Mayor, están involucrados unos 60 parlamentarios, incluido el presidente del legislativo Mauricio Oliva.
Jiménez Mayor denunció que la reforma consiste en aplicar un nuevo procedimiento de liquidación de fondos públicos destinados a la ejecución de proyectos o ayudas sociales, incluyendo los fondos gestionados, recibidos, administrados y ejecutados por servidores públicos, diputados y Organizaciones No Gubernamentales (ONG).
Los miembros de la MACCIH en conferencia de prensa para denunciar el pacto de impunidad.
La denuncia ha desencadenado una andada de críticas no solamente a nivel interno a través de organizaciones civiles, sino que también se han sumado países como Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, entre otros que han pedido que la normativa se derogue, a fin de retomar la confianza en que hay transparencia y rendición de cuentas en la gestión de los recursos públicos.
Las críticas contra la reforma, obligaron al presidente del Congreso, Mauricio Oliva, a nombrar una comisión multipartidaria para socializar con instituciones del Estado los alcances de la modificación al tiempo que ordenó hacer una fe de erratas al obviarse algunas líneas en los controversiales artículos que contiene el decreto.
Pero lo actuado, según los denunciantes no es una respuesta satisfactoria de parte del poder legislativo.
Nada está escrito en piedra
Diputado Francisco RiveraTras conocerse públicamente la reforma, altos directicos del legislativo y varios diputados fueron enfáticos en defender la reforma a la ley y aseguraron que la mantendrían firme, pero tras acentuarse los señalamientos públicos nacionales e internacionales, han modificado su discurso.
“Hay que aclarar, yo como miembro de la comisión de presupuesto, quiero manifestarle al pueblo hondureño que lo que está escrito y lo que se ha rectificado con la fe de erratas, es lo que contenía el dictamen del proyecto”, aseveró el diputado Francisco Rivera.
Contrario a lo que opina el vocero de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor, Rivera aseveró que con la reforma y la fe de erratas, “no se ha cometido ningún delito y estamos dispuestos a probarlo donde quieran llevarnos”.
Arguyó que la forma en cómo a través de un video se le observa dando instrucciones al ahora exsecretario del Congreso Nacional, Román Villeda, para que leyera más rápido el contenido del decreto, tampoco significa que se trate de un delito porque él estuvo orientando a la junta directiva y al secretario desde el curul para indicarles que artículo seguía y esa imagen no necesariamente corresponde al momento en que se leía el artículo de la reforma. “No es ningún delito decirle al secretario que avance”, recalcó.
Enfatizó que hasta el momento el controversial artículo de la reforma a la Ley Orgánica de Presupuesto, sigue vigente, pero aclaró que ante la petición de varios sectores nacionales e internacionales, “nada está escrito en piedra” al tiempo que aseveró que “estamos dispuestos a cualquier investigación, nosotros no escondemos nada, aquí se va a cumplir con lo que establece la ley y esperamos que la comisión tenga sus resultados.
Comienza socialización
Diputado Mario PérezPrecisamente, la comisión especial multipartidaria nombrada por Oliva, inicia este lunes su trabajo de socializar con distintas instituciones del Estado en que consiste la reforma.
El diputado Mario Pérez, jefe de la bancada nacionalista y quien preside la comisión, informó que este lunes iniciarán el proceso de socialización con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Pérez también informó que posiblemente el próximo miércoles se convoque al pleno para celebrar sesión donde los diputados presentarán proyectos de ley, pero donde el punto central podría ser la discusión del controversial decreto.
Juan Jiménez Mayor, partió este domingo desde la capital hondureña hacia la ciudad de Washington
Consultas en Washington
Por su lado, a raíz de la controversia, el vocero de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor, viajó el domingo a Washington a petición del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.
Jiménez Mayor anunció que sostendrá reuniones importantes en la capital estadounidense sobre la situación de investigación de casos de corrupción en Honduras.
“Saliendo para la ciudad de Washington DC ante llamado del Secretario General de la @OEA_oficial Luis Almagro y para otras reuniones importantes sobre situación de investigaciones de corrupción en el país”, posteó Jiménez Mayor en su cuenta de Twitter.
Saliendo para la ciudad de Washington DC ante llamado del Secretario General de la @OEA_oficial Luis Almagro y para otras reuniones importantes sobre situación de investigaciones de corrupción en el país
— Juan F Jimenez Mayor (@JuaJimenezMayor) 28 de enero de 2018
Liquidación retroactiva
Mediante la reforma, el anterior Congreso Nacional, designó la auditoría de los recursos al Tribunal Superior de Cuentas a los períodos de gobierno 2006-2010, 2010-2014 y 2014-2018, señaló Jiménez.
Petición de derogación
El diputado, Tomás ZambranoLa comisión nombrada por el Congreso Nacional se reunirá con funcionarios de la Corte Suprema de Justicia, del Ministerio Público, del (TSC), de la Procuraduría General de la República y del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), a quienes se les expondrá “los verdaderos alcances legales que tendrá en la lucha contra la corrupción y en favor de la transparencia y la cultura de la rendición de cuentas”.
Los diputados que integran la comisión son los nacionalistas Mario Pérez, quien la preside, José Tomas Zambrano y Oswaldo Ramos Soto, los liberales Yuri Sabas y Víctor Sabillón, Enrique Yllescas de la Alianza Patriótica Hondureña, y Edgardo Casaña de Libertad y Refundación.
Diversas organizaciones como el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y la Asociación Por una Sociedad Más Justa (ASJ), entre otras, han emitido comunicados para pedir directamente la derogación de la reforma y lo mismo han hecho países como Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea que financian el funcionamiento de la MACCIH.
