Tegucigalpa – Los acuerdos políticos de las últimas horas indican que la solución a la crisis del Poder Legislativo está por llegar a su fin con Luis Redondo reafirmado en la Presidencia del Congreso Nacional y con la incorporación de Jorge Cálix y su grupo de diputados de Libre incorporados a sus curules, pero sin renunciar formalmente a sus puestos directivos, según informaron altas fuentes políticas que participan de las negociaciones para encontrar una salida al diferendo institucional.
Los acuerdos entre las partes en conflicto, donde el expresidente Manuel Zelaya es el gran negociador, indican que la facción de Cálix será integrada nuevamente al partido Libertad y Refundación (Libre) y sus integrantes ocuparán al menos tres posiciones importantes en el Poder Ejecutivo.
Igualmente se conoció que si las negociaciones siguen avanzando, los diputados de las bancadas de los partido Nacional y Liberal, que juntas hacen la mayoría simple en el Parlamento, se integrarán a la sesión convocada para el día martes.
Hasta el momento la facción que respalda a Redondo no acepta ir a otra elección, lo que lo mantendría su presidencia en el CN en irregularidad, pero acuerpada por nacionalistas y liberales con su presencia en la cámara legislativa.
Se desconoce si los diputados nacionalistas aceptarán a Redondo como presidente o se mantendrán en rebeldía. Tampoco se sabe si consultarán sus decisiones con la base de su partido, que tras perder las elecciones pasadas ha quedado bastante resquebrajado.
Fuentes políticas e alto nivel que han participado en las negociaciones.
Más de 15 días en conflictos
La crisis política institucional del Congreso Nacional cumplió una quincena, luego que dos juntas directivas fueron juramentadas y reclaman la representatividad de dicho poder del Estado, aunque ha circulado este domingo que la crisis puede resolverse esta semana cuando asistan al Legislativo la mayoría de diputados propietarios que han resistido acudir al mismo.
La crisis tuvo su génesis en el oficialista partido Libertad y Refundación (Libre), ya que 17 de sus diputados, en alianza con los opositores Partido Nacional y Liberal, acordaron oponerse a la línea partidaria, sugerida por la presidenta Xiomara Castro.
Previo a las elecciones generales del año anterior, Castro comprometió su palabra con Salvador Nasralla, que una vez ganados los comicios, el Poder Legislativo sería presidido por un diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), pero no contaba inicialmente con que 20 de sus más fieles parlamentarios se opondrían, esa postura fue considerada como una traición. Luego tres de los legisladores rebeldes desistieron y regresaron a las filas del oficialismo de Libre.
Los protagonistas de la crisis, de ambos lados aseguran que es cuestión de horas para que todo se solucione, pero las horas se han convertido en días para que regrese la normalidad al Congreso. Sin embargo la junta directiva de Luis Redondo, sesiona en el hemiciclo y cuenta con el apoyo de la presidenta Castro.
Por su lado la junta directiva de Cálix sólo sesionó dos veces, una presencial el 23 de diciembre y la siguiente virtual, debido a que son objeto de amenazas de los seguidores de Libre, convocados por su dirigencia.
Esta semana que pasó, Redondo y un grupo de diputados titulares, junto a suplentes incorporados, aprobaron subsidios a la energía eléctrica, rebajas a los combustibles, la instalación de una misión internacional de lucha contra la corrupción, además en medio de la crisis se aprobó un decreto que busca mecanismos para derogar el proyecto de ley que permite instalar Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).
Pero la polémica se apodera de tres decisiones concretas de la junta directiva de Redondo, una las renuncias de Rixi Moncada y Enrique Reina del Consejo Nacional Electoral y Tribunal de Justicia, respetivamente. También el nombramiento de los titulares de la Procuraduría General de la República.
Los cuestionamientos más potentes son por la aprobación de la Amnistía para Presos Políticos y Reconocimiento a los Mártires y Condena al Golpe de Estado en 2009 en Honduras, ya que sectores políticos y sociales creen que es un nuevo pacto de impunidad en beneficio de funcionarios involucrados en corrupción. Incluso Naciones Unidas cuestionó la reforma.
Diversos sectores llaman al diálogo para encontrar una solución, incluso la mandataria, fue juramentada el 27 de enero en Tegucigalpa por una juez y con la presencia de Luis Redondo, pero el documento de promesa de ley manifiesta que la representante del Poder Judicial, participa en el evento en ausencia del presidente del Congreso.
Manuel Zelaya Rosales, manifestó la semana anterior que la crisis podría solucionarse en las próximas horas, sin embargo eso no ocurrió. Incluso Cálix y Castro se reunieron, sin mayores novedades porque todo concluyó en una propuesta para que el diputado pasara a formar parte del gabinete y hasta entonces no hubo una respuesta para la jefa del Poder Ejecutivo.
Cálix jamás ha mostrado indiferencia para dialogar, pareciera que no existe discrepancia con su partido, igual Xiomara por su parte. De momento todo indica que los diálogos siguen su curso sin dar los frutos deseados. Por otro lado, la oposición cree que un diputado de Libre debe liderar el Congreso, liberales y nacionalistas, insisten que el diálogo es la vía.
Crisis legislativa casi resuelta
Fátima Mena, parlamentaria del Partido Salvador de Honduras (PSH) en Cortés, reveló que la crisis política está casi resuelta en el legislativo. Dijo que al igual que su bancada, las demás necesitan tener claridad en temas importantes para el país en los próximos cuatro años, para honrar el voto de confianza que les dio el pueblo en las urnas a los legisladores.
Según la legisladora, la junta directiva que lidera su compañero de bancada, el diputado Luis Rolando Redondo, es la que goza del reconocimiento de la institucionalidad pública “por ello creemos que esto está casi resuelto y es bueno por el bien de todos”.
En ese sentido, Mena espera que a partir de la próxima semana, los diputados que todavía no se han integrado a las reuniones parlamentarias, se presenten para poder legislar de manera normal en el hemiciclo legislativo y de esta manera avanzar en los objetivos de nación, urgente de certidumbre.
Consulta popular y constituyente
Las acciones que se viven en el país abren la posibilidad que se convoque a una consulta popular que permita la disolución del Congreso Nacional y luego convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, advirtió el director de Transparencia y Gobernanza de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Lester Ramírez.
El líder y representante de la sociedad civil en Honduras considera que esas acciones, abren la posibilidad que el gobierno de Castro esté conduciendo a la clase política para realizar una Asamblea Nacional Constituyente “el camino conduce para la realización de una consulta popular, para luego disolver el Congreso Nacional y convocar a una Constituyente”.
Ramírez se pronunció respecto a la crisis política que impera desde el 23 de enero por la disputa de la presidencia del Congreso, cuando se instalaron dos presidencias y sus respectivas directivas. En tanto el líder de sociedad civil considera que es urgente solucionar las discrepancias y se proceda a legislar en un ambiente de normalidad.
Honduras en Unidad de Cuidados Intensivos
El país en está en UCI -Unidad de Cuidados Intensivos-, venimos de una pandemia colapsada, el pueblo volcado en un punto medio buscando armonía social y legítima a Xiomara en las urnas, pero en menos de un mes de las elecciones, los políticos actúan a su conveniencia y en detrimento de los intereses ciudadanos, según el constitucionalista Oliver Erazo.
El profesional del derecho considera que el expresidente Zelaya Rosales, hizo un camino al andar, pues logró hacer un partido en su ejercicio abierto democrático y constitucional, pero al volver –a echar- la vista atrás, está volviendo al desorden generado en 2009 “eso es preocupante, porque solo el hombre tropieza dos veces con la misma piedra”.
Agregó que primero la amnistía, recordó que la crisis de 2009 llevó a aprobar un decreto con la amnistía donde el eje central era el expresidente Zelaya, por lo que están utilizando el tema de amnistía para solo generar un pacto de impunidad.
“Aquí se están tratando de generar una capucha, un manto para protegerse de otro tipo de delitos, la población debe de saber que debe de incluir una amnistía y un indulto, pero acá tiraron la atarraya y sacaron pardos, chingolos, cervina, ahí viene todos los delitos, no sólo son delitos político, comunes y conexos “, arguyó.
¿Qué pasa entonces con estos decretos?, preguntó y respondió que toda ley cobra vigencia y obligatoriedad una vez publicados en La Gaceta, “pero esto nace de una junta directiva que no está reconocida ante la crisis que hay en el Congreso dividido, por lo que están creando una tensión al proceso constitucional de la ley tras la aprobación del poder Ejecutivo”.
No es un pacto de impunidad
El Comité de Familiares de Desaparecidos y Detenidos en Honduras (Cofadeh), ente encargado de evaluar los casos que abarca el decreto denominado Amnistía para los Presos Políticos, Reconocimiento a los Mártires y Condena al Golpe de Estado en 2009, no es un pacto de impunidad sino la finalización de la persecución política en el país centroamericano.
El organismo defensor de los derechos humanos, indicó en un comunicado que este instrumento de protección surge como una propuesta de la sociedad civil ante la grave situación que se enfrentan las víctimas del golpe de parte de la dictadura y busca poner un alto inmediato al acoso a actores políticos.
Después del golpe de Estado – añade el escrito del Cofadeh-, los organismos de investigación y judiciales, se convirtieron en instrumentos del régimen, iniciando una persecución contra todo ciudadano que se opuso al gobierno de facto y a la dictadura que se instaló durante los doce años siguientes.
Durante todo este tiempo, promovieron juicios contra el presidente derrocado –Manuel Zelaya-, y sus funcionarios, contra los ciudadanos que ejercieron su derecho a la protesta social, acciones de desobediencia civil y lucharon por la defensa de la democracia, todos ellos convertidos en presos políticos, de conciencia, perseguidos o exiliados.
Asimismo recordó que la misma comunidad internacional exigió en reiteradas ocasiones a Honduras poner fin a la persecución y liberar a los presos políticos. Recientemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió la demanda contra el Estado de Honduras por el Golpe de Estado y la persecución política. JP
