Tegucigalpa – Uno de los hechos que marcó el año que recién finaliza, fue el tema migratorio, en particular la migración infantil, al verse abocados los gobiernos de Honduras, El Salvador y Guatemala, países que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica, a una de las mayores crisis humanitarias y migratorias registradas en las últimas décadas.
Para Honduras, esa crisis representó para el gobierno la toma de algunas acciones que pasaron por cambios en las políticas de la niñez, al desaparecer el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (Ihnfa) y crear la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf), un órgano desconcentrado adscrito a la Secretaría de Desarrollo Social.
Motivado por el éxodo de menores no acompañados, el gobierno decidió declarar una “emergencia humanitaria” mediante el decreto ejecutivo PCM-33-2014 el que fue publicado en el diario oficial La Gaceta el 11 de julio del presente año.
Asimismo, obligó a debatir el problema migratorio y de la niñez en particular, al instalar en la capital hondureña una conferencia internacional sobre migración que permitió a los países implicados en la crisis humanitaria delinear las políticas a seguir a favor de los migrantes y la migración.
Los presidentes del Triángulo Norte sostuvieron, incluso, una reunión con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, para abordar este tema y pedir a Washington un cese a la criminalización de los migrantes, así como políticas de atención efectivas para evitar que los menores, solos o acompañados, así como los migrantes, abandonen sus países de origen por falta de oportunidades.
Para atender las emergencias migratorias, se crea la Fuerza de Tarea del Niño Migrante, integrada por diversas instancias gubernamentales y civiles, bajo la coordinación de la primera dama, Ana de Hernández, quien viajó a Estados Unidos para constatar in situ la situación de los menores en los campamentos de Texas.
Asimismo, acompañó el retorno de los primeros vuelos de menores solos o acompañados que llegan al país como parte de las deportaciones masivas de unidades familiares migrantes, practicadas por Estados Unidos.
Todas esas acciones y como respuesta a la cita con el presidente Barack Obama, los presidentes de Honduras, Guatemala y El Salvador, presentan la propuesta del “Plan Alianza para la Prosperidad”, en donde el gobierno hondureño tuvo un destacado liderazgo y la que contó con el visto bueno del vicepresidente estadounidense, Joe Biden.
Jaque al sistema migratorio
Para la coordinadora del Centro de Atención al Migrante Retornado (CAMR), sor Valdette Willeman, el tema migratorio fue sin duda un hecho que “puso en jaque al sistema migratorio de Honduras y de los países de la región”.
La activista que ha estado al frente del recibimiento de los deportados vía aérea, expresó que “la migración es un tema que en este año no sólo puso en jaque al sistema migratorio nacional, sino que también al de Estados Unidos”.
El 20 de noviembre pasado, Estados Unidos anunció una Acción Ejecutiva para frenar la deportación de unos cinco millones de inmigrantes que residen en ese país sin tener documentos migratorios que legalicen su situación.
Deportados según gobierno
Un informe oficial presentado por el gobierno de Honduras en el cual se compilan las estadísticas proporcionadas por diversas instancias estatales y civiles, señala que del 1 de enero al 10 de diciembre de 2014, habían retornado a Honduras cerca de 43 mil 984 personas.
Diez municipios del país marcaron ese retorno de migrantes deportados, señala el Informe, destacando el Distrito Central, San Pedro Sula, La Ceiba; Catacamas, El Progreso, Juticalpa, Choloma, Tocoa, Choluteca y Trujillo.
El 46 por ciento de las personas deportadas son jóvenes en las edades de 18 a 30 años, seguido de la población adulta y de menores.
En medio de la crisis migratoria que tuvo sus meses pico en abril, mayo y junio, y luego de las campañas de contención de los países del Triángulo Norte para evitar que siguiera el flujo de migrantes a Estados Unidos, las autoridades de Washington anunciaron para Honduras una nueva ampliación del Estatus de Protección Temporal (TPS), por sus siglas en inglés.
Mediante ese beneficio se busca favorecer a los hondureños que se acogieron al TPS desde 1999 para que puedan residir y trabajar sin problemas legales en la nación del norte.
El Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos (USCIS) reportó que al mes de septiembre, se encontraban bajo el amparo del TPS cerca de 59 mil 961 hondureños.
De ese registro, al mes de diciembre de 2014, solo unos 35 mil hondureños habían renovado su TPS y se espera que el resto lo haga antes de vencer la ampliación del plazo de reinscripción dado por las autoridades estadounidenses.
Remesas crecerán pese a deportaciones
Aunque la crisis humanitaria captó gran parte del interés nacional e internacional a inicios y mediados del 2014, a nivel del flujo de remesas que envían los migrantes al país, los expertos señalan que las mismas no se verán mermadas.
Se estima que al cierre del presente año, las remesas habrán crecido un ocho por ciento en comparación al año anterior.
De acuerdo a un análisis hecho por el ex vicepresidente del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), Helmis Cárdenas, las recientes medidas en materia migratoria aprobadas por el gobierno estadounidense tendrán un impacto en la economía de Honduras hasta el próximo año.
En ese sentido, el dirigente gremial vaticina que el crecimiento en el envío de remesa familiares en el 2015 será de un 10 por ciento, lo que representaría unos tres mil 450 millones de dólares.
En EEUU viven más de un millón de hondureños entre documentados e indocumentados y cálculos preliminares indican que cada uno de ellos envía a sus familias en promedio 350 dólares mensualmente. Las remesas, si bien en su mayoría provienen de Estados Unidos, también de países como México, España e Italia, entre otros países.
Las remesas representan para Honduras el 15% del Producto Interno Bruto (PIB), arriba de las divisas generadas por la exportación de café, según Cárdenas.
Asimismo, obligó a debatir el problema migratorio y de la niñez en particular, al instalar en la capital hondureña una conferencia internacional sobre migración que permitió a los países implicados en la crisis humanitaria delinear las políticas a seguir a favor de los migrantes y la migración.
Para atender las emergencias migratorias, se crea la Fuerza de Tarea del Niño Migrante, integrada por diversas instancias gubernamentales y civiles, bajo la coordinación de la primera dama, Ana de Hernández, quien viajó a Estados Unidos para constatar in situ la situación de los menores en los campamentos de Texas.
Para la coordinadora del Centro de Atención al Migrante Retornado (CAMR), sor Valdette Willeman, el tema migratorio fue sin duda un hecho que “puso en jaque al sistema migratorio de Honduras y de los países de la región”.
Aunque la crisis humanitaria captó gran parte del interés nacional e internacional a inicios y mediados del 2014, a nivel del flujo de remesas que envían los migrantes al país, los expertos señalan que las mismas no se verán mermadas.
