– El Ombudsman recomendó al Gobierno de Honduras ubicar la crisis alimentaria como un tema principal en su agenda, de manera que las políticas y acciones a implementarse, estén orientadas a atender las necesidades y desafíos que la magnitud del problema demanda.
Según el Ombudsman hondureño, la inseguridad alimentaria y nutricional se agudizó en Honduras por la falta de acceso a los alimentos, los altos precios, la escasez y otras dificultades que impiden el goce de este derecho, principalmente en lo relativo a los granos básicos y otros productos esenciales de la canasta básica.
El funcionario recomendó al Gobierno de Honduras ubicar la crisis alimentaria como un tema principal en su agenda, de manera que las políticas y acciones a implementarse, estén orientadas a atender las necesidades y desafíos que la magnitud del problema demanda.
Indicó que la crisis alimentaria que se vive en Honduras y en la región centroamericana vuelve impostergable la necesidad de adoptar medidas inmediatas y urgentes para la protección integral de los derechos humanos asociados a las condiciones de vida de la población.
“Cuando se encarece la vida a quien más se golpea es al pobre”, cuestionó el defensor de los derechos humanos.
Mientras que el hambre está omnipresente en casi todo el territorio nacional, diversos sectores de la sociedad hondureña han cuestionado la falta de una política de seguridad y suficiencia alimentaria en el país.
Debido a que la sequía también afecta a otros países de Centroamérica, Herrera Cáceres no descarta que el tema sea abordado a nivel del Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos (CCPDH).
Esta instancia regional fue creada en 1994 por los procuradores, defensores y comisionados de derechos humanos de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Belice, para velar por la protección y la promoción de los derechos de la población centroamericana.
Desde que asumió el cargo en marzo de 2014, Herrera Cáceres, anunció su intención de reactivar el CCPDH para hacerle frente a las graves violaciones que afectan principalmente a sectores en condiciones de vulnerabilidad en Centroamérica.
Indicó que en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es de vital importancia promover la adopción, a nivel de la región centroamericana, de mecanismos que garanticen la seguridad alimentaria y nutricional, así como, constituir alianzas regionales que procuren la defensa del derecho a la alimentación de los centroamericanos.
Herrera Cáceres señaló que conforme a los convenios y declaraciones de derechos humanos, les corresponde a cada uno de los Estados la obligación de garantizar progresivamente el derecho a una alimentación adecuada.
La seguridad alimentaria y nutricional, es entendida como el estado en el cual todas las personas gozan de forma oportuna y permanente del acceso a los alimentos que necesita en -calidad y cantidad- para su adecuado consumo y utilización biológica, garantizándoles a las personas un estado de bienestar que contribuya al desarrollo humano.
Se estima que alrededor de 6 millones de personas sufren desnutrición en Centroamérica, lo que supone representa un 14% de la población de la región estimada en 44 millones 579 mil habitantes.
Países como Honduras, Guatemala y Costa Rica han declarado emergencias en las zonas más afectadas para facilitar la atención de ayudas, mientras que en Nicaragua y El Salvador anunciaron la dotación de fondos especiales para asistir a los agricultores.
Al parecer, Nicaragua enfrenta en este momento la peor sequía de los últimos 40 años que ha tenido consecuencias dramáticas en los cultivos, animales y amenaza la salud humana debido a los fuertes calores
En el caso de Honduras se han identificado 124 municipios afectados por la sequía distribuidos en 13 departamentos del país, de los cuales, 64 se encuentran priorizados por la condición de crisis grave y 60 en crisis alta.
En el caso de los 64 municipios se estima que unas 76 mil 712 familias de pequeños productores estarían siendo afectados por la sequía de los cuales 37 mil 131 son productores de maíz, 14 mil 075 productores de frijol y 25 mil 506 de maicillo.
Los departamentos priorizados con crisis grave son El Paraíso en la parte sur occidente, Francisco Morazán, centro sur de Comayagua, Choluteca, Valle, el sur de los departamentos de La Paz, Lempira, Intibucá, Copán y Ocotepeque.
