Tegucigalpa – La reducción de muertes violentas en Honduras contrasta con la ejecución de crímenes de alto impacto, que dejan en el ambiente sentimientos de pena, dolor y un temor generalizado en la población.
– “En San Pedro Sula avanza más el crimen que la economía”, dijo el empresario y ex candidato presidencial liberal, Jaime Rosenthal Oliva.
– “No retrocederemos en seguir legislando para atacar a los grupos criminales”, afirmó el jefe de la bancada del Partido Nacional, Óscar Álvarez.

Para el caso en el recién finalizado marzo, en 2014 hubo 504 homicidios, en tanto este 2015 la cifra bajó a 422 (-82), es decir 14 diarios.
Pese a que este país centroamericano ha mantenido una curva descendente en su tasa de homicidios -86 en 2011, 85 en 2012, 79 en 2013 y 68 en 2014- los crímenes de alto impacto no encuentran respuestas por partes de los cuerpos de investigación del Estado.

Continuó que “es absolutamente inaudito que cada tres días revisen las bartolinas de los presidios y les encuentren 40 fusiles y 800 tiros a los privados de libertad.
Es increíble que en el país se publiquen hechos violentos en donde quedan filmados los autores materiales y no se investiguen, mucho menos se castiguen”.
Para el caso, sólo este 2015, han sido asesinados en el norte del país importantes figuras del ámbito deportivo, empresarial, profesional y político, todos estos crímenes se cobijan con la sábana de la impunidad, un flagelo que ha rebasado las capacidades de las instituciones encargadas de establecer las diligencias investigativas.

Es así, que la percepción de incremento de violencia se mantiene latente en la mente de los hondureños cuando ocurren crímenes de alto impacto como el sucedido este viernes en San Pedro Sula,
donde fueron acribillados el ex magistrado (1990-1994) de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Eduardo Gauggel Rivas, y el hijo de éste, actual diputado José Eduardo de Jesús Gauggel Medina.

Ambos líderes del Partido Liberal en el occidente de Honduras, fueron asesinados cuando llegaban a su vivienda ubicada en el barrio Los Andes de San Pedro Sula, tras salir de realizar una fuerte operación bancaria en un banco de la ciudad.

La captura de Gabriel Enrique Ponce (34) se produjo en el Hospital y Clínica La Victoria de Villanueva, Cortés, luego que el presunto malviviente llegó para solicitar asistencia médica. Además se informó que este individuo estuvo preso en el centro penal sampedrano acusado por el delito de robo de vehículos.
Voces del dolor

Recordó que cuando fungió como titular de Seguridad en el gobierno del ex presidente Ricardo Maduro (2002-2006) se logró contener el flagelo de aquella época que eran las maras y pandillas, las que según el parlamentario, “las llegaron a tener en la lona”.
Insistió que desde el Poder Legislativo seguirán impulsando leyes para contrarrestar las operaciones del crimen común y organizado.
Mientras, el empresario y ex candidato presidencial del Partido Liberal, Jaime Rosenthal Oliva, se mostró aturdido y compungido por el deceso violento de los dos correligionarios políticos.
En tono de impotencia y totalmente desencajado, Rosenthal Oliva expresó que “en San Pedro Sula avanza más el crimen que la economía, tenemos no sólo fuga de capitales, sino que de talento humano”.

“Es un obligación del Estado investigar estos delitos y no basta únicamente con que lo digan”, dijo Villeda para luego agregar que los fondos de la Tasa de Seguridad no son utilizados como deberían. “Que pena que Eduardo Gauggel no pudo gozar de los beneficios de estos recursos que él pagó durante su vida”, refirió.
En tanto, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, condenó la ola de muertes violentas en el país y pidió detener la barbarie que sólo este viernes dejo como víctimas a dos profesionales del derecho, con los cuales suman 91 desde el año 2010.
El Ombudsman hondureño se solidarizó con la familia Gauggel e hizo un enérgico llamado a las autoridades a establecer mecanismos efectivos de seguridad que permitan fortalecer la protección del derecho a la vida en el país.
“Condenamos nuevamente esos y otros actos de barbarie que se han perpetrado contra habitantes de Honduras y que afectan igualmente la dignidad del pueblo hondureño”, expresó.
Herrera Cáceres urgió la necesidad impostergable de que el Estado utilice medios, recursos y tecnologías que protejan, cada vez más, el derecho a la vida de los y las habitantes.