Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – Si bien la inseguridad ha disminuido en el país, los delitos violentos y no violentos existen de forma desenfrenada, acarreando enormes costos al sector privado en materia de seguridad y haciendo más lentas las acciones a favor de una Honduras inclusiva y menos desigual, indica el último diagnóstico sobre el país presentado por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).
En relación con el 2011 la tasa de homicidios en Honduras ha disminuido sustancialmente, pero Honduras sigue siendo uno de los países más violentos e inseguros de la región con 45 muertes violentas por cada 100 mil habitantes, cuando la tasa promedio mundial es de 8.8 homicidios por 100 mil personas.
De acuerdo con el informe del Cohep denominado Diagnóstico de Crecimiento Inclusivo en Honduras 2021, Honduras sigue teniendo la quinta tasa de homicidios más alta del mundo, y el país enfrenta desafíos relacionados con delitos diversos, entre ellos robos, hurtos, atracos, chantajes, fraudes, extorsiones y amenazas violentas.
Uno de cada cinco hondureños son víctimas de delito cada año, y la tasa de homicidios indica que el país ha tenido una tendencia al alza, con altibajos en algunos años, pero nada sostenido para indicar que llegará a niveles manejables, señala el informe del sector privado.
Costos de la inseguridad
Los costos de la seguridad para el sector empresarial han sido altos al tener que absorber pérdidas por robo y vandalismo y según el Banco Mundial, los costos combinados de la seguridad privada y las pérdidas sufridas por robo y vandalismo representan el 11.7% de las ventas totales. “Esto es más alto, tanto por componente como, en suma, que, en cualquiera de los países del grupo comparativo y el promedio regional, lo que sugiere que las empresas hondureñas pagan un alto precio sombra por los altos niveles de delincuencia y el entorno de seguridad deficiente en el que operan”, cita el documento.
El impacto agregado de la delincuencia y la inseguridad—remarca—también representa un costo significativo para las tasas y los niveles de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). Según datos del 2019 del Instituto de Economía y Paz, el impacto del crimen y la violencia impone un costo en la economía hondureña equivalente al 13% del PIB. Esto probablemente sea una subestimación del verdadero costo económico del crimen en Honduras, dado que se enfoca solo en la violencia y el conflicto y no en otros tipos de crimen no violento.
Uno de los últimos informes de inseguridad y violencia del Observatorio de la Violencia del Iudpas-UNAH, señala que los homicidios en el 2020 fueron de 3,621 personas, en su mayoría gente joven en la edad productiva en las edades de 17 a 59 años. La vorágine de la violencia le está arrebatando la vida a mucha mano de obra joven, el futuro y motor para dinamizar y echar a andar la economía en un país.
La mayoría de los homicidios en Honduras se producen con armas de fuego en más de un 70% según el Observatorio de la Violencia y las zonas en donde la inseguridad es mayor siguen siendo Francisco Morazán, Cortés, Comayagua, Copán, Lempira, Atlántida, Yoro, Colón, Olancho, todos ellos parte de la corredor turístico, corredor agrícola y corredor del comercio en el país, Nueve de los dieciocho departamentos de Honduras tienen altas tasas de homicidios y su entorno se vuelve de riesgo en inseguro para los negocios.
7 guardias por cada agente de policía
Estos nueve departamentos coloreados en rojo por el Observatorio de la Violencia tienen otros tres en color naranja con tasas de homicidios no tan altas y son Santa Bárbara, Intibucá y Ocotepeque, le siguen cinco más en color amarillo, con tasas de homicidios menores. Estos son La Paz, Valle, Choluteca, El Paraíso y Gracias a Dios o La Mosquitia.
De esta radiografía de inseguridad que hace lenta la Honduras inclusiva y el crecimiento del país, cinco municipios presentan las tasas de homicidio más altas y éstos son: Distrito Central, San Pedro Sula, Choloma, La Ceiba y el Progreso.
En el informe del Cohep se indica que los altos niveles de delincuencia e inseguridad obligan a las empresas hondureñas a utilizar la seguridad privada para proteger sus negocios. El número de personal empleado de seguridad privada es elevado, especialmente en comparación con el número total de agentes de policía.
Honduras tiene uno de los mayores índices de seguridad privada por policía en el mundo, con 7 guardias de seguridad privada empleados por cada agente de policía. Este uso de la seguridad privada también se ha disparado con el tiempo, multiplicándose por diez entre 2007 y 2017, añade el documento del sector privado.
Según el reporte del Cohep, las empresas del sector servicio se ven más afectadas por la delincuencia que las empresas manufactureras, lo que sugiere que los actores menos afectados por la delincuencia y la inseguridad tienen más probabilidades de sobrevivir y prosperar, agrega el documento.
“Los que emplean seguridad privada, experimentan mayores pérdidas debido a robos y vandalismo e identifican el crimen, el robo y el desorden como una gran restricción a una tasa significativamente más alta y existe una brecha igualmente grande en el desempeño: menores ventas anuales, empleo e incremento de la productividad de la mano de la obra”, agrega el informe.
Todos estos factores, sumados al del desempleo-que solo por pandemia y los fenómenos Eta y Iota dejaron al menos 500 mil personas desempleadas-más el fenómeno de la migración, hacen que las desigualdades se profundicen en el país y que las perspectivas de crecimiento, igualdad e inclusión se ensanchen.
En el caso de la pobreza, según el Cohep, ésta varía según el departamento en diferentes magnitudes. Los departamentos con las tasas de pobreza extrema más altas son Francisco Morazán y Cortés, mientras que el resto del país tienen tasas que oscilan entre el 2,2 y el 7,8 %. Los departamentos con mayor densidad de población tienen la tasa de pobreza relativa más alta, entre ellos Cortés (20.7%) y Francisco Morazán (17.6%). Las tasas de pobreza más bajas del país son las de Ocotepeque y Valle con 1.8% y 2.1% respectivamente.
En el caso del crimen y la violencia asociado a la inseguridad y las exclusiones, un informe regional de la OEA señala que en tales circunstancias la exclusión social se convierte en una modalidad de violencia estructural y cultural que impide la realización individual de miles de personas.
Esa violencia estructural, señala el informe, afecta desproporcionadamente a los miembros más vulnerables de la sociedad, tales como las mujeres, los jóvenes y las minorías étnicas. El desafío de los países en donde la inseguridad y la violencia son altas está en abordar políticas integrales con enfoque multidimensional para evitar que la exclusión social asociada a la violencia y la inseguridad siga siendo un círculo vicioso que profundice las desigualdades. (PD)
