Según el funcionario, el lavado de activos va más allá del sistema financiero y es precisamente donde da la alerta a todos los países y Honduras ya lo ha tomado en cuenta con la creación de este proyecto que será aprobado por el Congreso Nacional.
“Es importante mencionar que se necesita de una u otra manera complementariamente la aprobación de la Ley de Superintendencia Mercantiles para efecto de dar cumplimiento total a las nuevas recomendaciones”, señaló.
Indicó que esa superintendencia mercantil tendrá rango constitucional y trabajará de la mano con el Ministerio Público, y tiene como obligación supervisar a todo negocio que tenga una actividad mercantil y que haya ganancias de por medio.
Detalló que dentro de las recomendaciones se establece que los operadores de justicia tendrán tres años para formalizar una causa judicial contra los sospechosos de lavar activos de lo contrario sus bienes serán devueltos.
Igualmente, establece los mecanismos para que se investigue el dinero proveniente de la corrupción.
