San José – El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, firmó este jueves una reforma a la Ley de Armas y Explosivos que endurece los castigos de prisión para quien venda o posea un arma de fuego ilegal.
La reforma establece 8 años de prisión, cuatro años más que antes, para quien adquiera, comercialice, transporte, almacene, introduzca al territorio nacional, nacionalice, exporte, oculte, fabrique, ensamble, transforme o utilice armas de fuego prohibidas o sus componentes.
Además, la reforma de ley aumenta de 3 a 5 años de cárcel el castigo para quien tenga un arma permitida pero sin inscribir.
Esta reforma fue aprobada el pasado 9 de abril por el Congreso y con la firma del presidente este jueves, entra en vigor.
«Estamos demostrando, con medidas como ésta, que Costa Rica es capaz de avanzar hacia un país más seguro y con menos impunidad», declaró Alvarado en el acto de firma, en el que estuvieron presentes el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz; el ministro de Seguridad, Michael Soto, diputados y otros funcionarios.
La nueva legislación establece la obligación del vendedor de un arma de informar sobre el trámite al Departamento de Armas y Explosivos del Ministerio de Seguridad Pública, y además incluye sanciones económicas para quienes no denuncien la pérdida o robo de un arma en un plazo de 5 días.
Otros puntos de la ley estipulan que las casas de empeño que reciban armas, municiones o explosivos podrán ser sancionadas con multas económicas, mientras las empresas de seguridad privada que cierren operaciones están en la obligación de entregar las armas al Ministerio de Seguridad.
«El crimen organizado se nutre principalmente de armas que pasan del mercado lícito al ilícito. Uno de nuestros principales objetivos ha sido sacar armas de fuego ilegales de las calles, muchas de ellas utilizadas para cometer diversos delitos», declaró el ministro Soto.
Esta es una de las dos reformas de ley sobre armas que ha tramitado Costa Rica en los últimos meses en busca de mayores controles.
La otra iniciativa, que está a la espera de la segunda y definitiva votación en el Congreso, reduce de tres a dos la cantidad de armas permitidas por persona en el país, entre otros puntos.
Datos del Ministerio de Seguridad de Costa Rica indican que el 68 % de los homicidios durante el 2018 fueron cometidos con armas de fuego.
Ese año los cuerpos policiales de Costa Rica decomisaron 2.318 armas de fuego, un 13 % más que en 2017.
