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CorteIDH condena a El Salvador por masacre de cientos de personas en 1981

San José – La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) anunció este lunes que condenó al Estado salvadoreño por «La masacre del Mozote», ocurrida en 1981 a manos del Ejército durante el conflicto armado interno, y en la que murieron cientos de personas.
 

«El Estado es responsable por la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal y a la propiedad privada (…) en perjuicio de las víctimas ejecutadas», indicó la CorteIDH en una sentencia publicada hoy en su página de internet, luego de que notificara a las partes.

Otros derechos violados por el Estado son los de libertad personal, prohibición de la tortura, integridad personal, vida privada, domicilio, circulación y residencia, garantías judiciales y protección judicial.

La Corte «ha logrado constatar que 440 personas fueron ejecutadas por la Fuerza Armada salvadoreña, cifra que por las circunstancias del caso podría modificarse», pues existen «elementos para concluir que el número de víctimas es mucho mayor, aún cuando no consta prueba suficiente para su debida identificación», agrega la sentencia, que tiene fecha del 25 de octubre pasado.

Entre las víctimas se encuentra «gran cantidad de niños», según el fallo.

Según la demanda presentada ante la CorteIDH, la matanza fue de unas mil personas y perpetrada por el ya extinto Batallón de Infantería de Reacción Inmediata Atlacatl, y entre las víctimas estuvieron 450 niños que perecieron entre el 11 y el 13 de diciembre de 1981 en El Mozote y comunidades vecinas de El Salvador.

La CorteIDH ordenó al Estado continuar con el «Registro Único de Víctimas y Familiares de Víctimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos durante la Masacre de El Mozote» y garantizar su permanencia en el tiempo.

Además, el Estado debe «iniciar, impulsar, reabrir, dirigir, continuar y concluir, según corresponda, con la mayor diligencia, las investigaciones de todos los hechos que originaron las violaciones declaradas en la presente sentencia, con el propósito de identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables».

El Salvador también debe identificar sitios de inhumación o entierro de las víctimas con el fin de recuperar cuerpos e identificarlos; crear un plan de desarrollo para las comunidades afectadas por la masacre y garantizar el regreso a esos pueblos de los desplazados.

Los jueces también ordenaron indemnizaciones de 35.000 dólares por cada una de las 440 víctimas confirmadas por la CorteIDH, 20.000 dólares para cada uno de los 48 sobrevivientes acreditados en la sentencia y 10.000 dólares para cada uno de 124 familiares de las víctimas.

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