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Corte Suprema y Congreso Nacional enfrentan desafíos cruciales para institucionalidad hondureña

Tegucigalpa– La frágil Honduras vive momentos cruciales. Esta semana el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se prepara para ratificar o no el fallo que declara inconstitucional el decreto mediante el cual se aplican pruebas de confianza en la Policía, una medida marcada, según los altos jueces por una práctica violatoria del debido proceso y los derechos humanos y por el otro; el Congreso Nacional se apresta a viabilizar el mecanismo del plebiscito y el referéndum para consultar al pueblo, presuntamente, sobre temas de interés nacional.
 

– El Congreso Nacional inicia hoy el proceso de viabilizar las figuras del plebiscito, referéndum e iniciativa ciudadana.

– El pleno de magistrados está convocado ratificará o no, el fallo emitido por mayoría por la Sala de lo Constitucional.

– El constitucionalista, Juan Carlos Barrientos, advierte que un plebiscito costaría al Estado unos 600 millones de lempiras.

La semana de la verdad sobre el futuro institucional, está matizada por la declaratoria oficial realizada por el Tribunal Supremo Electoral de los candidatos presidenciales surgidos como resultados de unas cuestionadas elecciones internas en los partidos Nacional en el poder, Liberal, principal fuerza en la oposición y en benjamín, Libertad y Refundación, liderado por el ex presidente Manuel Zelaya.

El tránsito democrático no parece dejar espacios para atender la razón fundamental del Estado: sus pobladores, sumidos en una pobreza extrema que afecta a más del 70 por ciento de los 8.2 millones de hondureños; una violencia que coloca al país como el más mortífero del mundo fuera de las zonas de guerra, según las Naciones Unidas; un desempleo que afecta a cerca de la mitad de la Población Económicamente Activa (PEA) y una percepción de corrupción que le colocan como el número uno en el listado de los más corruptos de América Central.

Bajo ese escenario, el presidente del Congreso Nacional y candidato presidencial nacionalista, Juan Hernández, informó que hoy lunes a las 6:30 de la mañana, ese poder del Estado comienza a reglamentar las figuras del plebiscito, el referéndum y la iniciativa ciudadana a fin de aprobarlo esta misma semana.

Titular del Congreso denota urgencia por aprobar figuras

“El lunes, a las 6:30 de la mañana, los vamos a esperar en el Congreso Nacional, porque los diputados proyectistas y los asesores, van a hacer una presentación sobre el proyecto de ley del plebiscito, el referéndum y la iniciativa ciudadana”, señaló Hernández luego de concluir una ceremonia militar.

Agregó que a las 2:00 de la tarde, se presentará en el pleno del Congreso Nacional, para proceder a nombrar la comisión de dictamen por lo que espera que el reglamento del plebiscito y el referéndum quede aprobado esta semana.

Argumentó que “cuando modificamos la Constitución de la República en su artículo cinco, ese artículo fue uno de lo más socializados a lo largo y ancho de Honduras y hoy me siento contento y alegre, de que por lo que he luchado, por el plebiscito y el referéndum desde que llegue al Congreso por primera vez, primero Dios, los diputados lo apoyen”.

Añadió que de esa manera, el pueblo hondureño tendrá la oportunidad de expresarse directamente y no importa que alguien tenga o no dinero, use o no corbata, use sombrero o no, va a valer igual.

El titular del Legislativo, propuso un plebiscito y un referéndum para que el pueblo hondureño determine si se debe o no continuar con la aplicación de las pruebas de confianza en la Policía Nacional, luego de conocer el fallo de la Sala de lo Constitucional que declaró inconstitucional el decreto sobre las citadas pruebas.

“Para tener una Policía confiable, las pruebas de confianza son fundamentales, en ese sentido hay que someter el tema a una consulta vía plebiscito y referéndum” dijo, desnaturalizando los fundamentos jurídicos que dan vida a la resolución de los magistrados.

El Congreso Nacional aprobó las reformas al artículo cinco de la Constitución, lo que hace falta es la ley que explica cómo se implementa el plebiscito y el referéndum, refirió.

Volvió a interferir en el trabajo judicial al lamentar que “si el pleno de la Corte ratifica la decisión de la Sala de lo Constitucional es como que no se hubiera hecho nada”.

Hernández reveló que ha pedido a los proyectistas que “procedan de inmediato para cuanto antes aprobarla y este tipo de medidas someterlas a la consulta del pueblo y que el pueblo vote si quiere o no quiere que su Policía pase por el proceso de pruebas de confianza”.

Advirtió que “no habrá otra alternativa más que irnos a la decisiones que ya no sean apeladas en la Corte Suprema y eso pasa porque el pueblo hondureño apruebe en un plebiscito o un referéndum estas medidas, porque si no seguiremos con esto de que aprobamos leyes y la Corte, por cualquier detalle, las eche para atrás”.

El decreto legislativo 3-2011 que contiene las figuras del plebiscito y el referéndum como mecanismos de consulta, fue publicado en el diario oficial La Gaceta, el lunes 7 de marzo de 2011.

“Luto nacional”

En consonancia con Hernández, el presidente Porfirio Lobo, ha criticado que los magistrados de la Sala de lo Constitucional son enemigos de Honduras porque “no están en sintonía con el interés de la nación”.

Lobo manifestó que “lamentablemente tenemos una Corte Suprema muy insensible, y están tratando de que vuelvan los policías que se sacaron porque supuestamente están vinculados con el crimen organizado”.

“Es cómo ir luchando por una ruta, pero que existe un enemigo de Honduras allá, que todo lo que hagamos lo tire hacia atrás, como en el caso de las Regiones Especiales de Desarrollo ó ciudades modelo; es como que la Corte jugara en contra del país”, expresó el mandatario.

Lobo dijo que por esa razón es que habló con el titular del Congreso Nacional, para aprobar cuanto antes la ley que desarrolla el plebiscito y referéndum.

Ante el fallo de la Sala de lo Constitucional, el presidente Lobo, en el último reciente Consejo de Ministros expresó que “Honduras debe estar de luto porque la Corte, por mayoría, decide que la ley es inconstitucional”. “¿De qué lado están?, ¿del lado de los delincuentes o de la gente honrada de este país? ¿De qué lado están?, ¿de los victimarios o de las víctimas?”.

Mencionando por su nombre a los magistrados que integran la Sala Constitucional -uno por uno, dio la lista de los jueces que votaron por la inconstitucionalidad, aunque destacando la excepción del único magistrado que votó de acuerdo a la línea de la Casa de Gobierno – y con peculiar ánimo sugirió – “la nación debe hacerle un homenaje”.

Tal fue la indignación manifestada en el Consejo de Ministros que varios de sus colaboradores solicitaron agilizar la figura del plebiscito y del referéndum para solicitar un “referéndum revocatorio” del mandato de los magistrados a los que además calificaron de “dioses del Olimpo”.

Exigen respeto a la independencia de poderes

Frente a los señalamientos directos, el pleno de la Corte Suprema exigió respeto a la independencia de poderes y acabar con los ataques a la institucionalidad democrática.

Nadie está por encima de la Ley, recuerdan.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Avilés, compareció para divulgar un comunicado del pleno en el que además de llamar al respeto institucional, reafirma que la Sala de lo Constitucional y la Corte Suprema de Justicia seguirán asumiendo decididamente el rol democrático que debe de mantener.

Igualmente, se pronuncian por la vigencia irrestricta supremacía constitucional, controlando y sometiendo el orden jurídico todos los actos de los demás poderes del Estado, cuando los mismos no se inserten armónicamente en los instrumentos internacionales de los derechos humanos, la Constitución y las leyes para asegurar los ideales propios del estado de derecho a los ciudadanos y ciudadanas.

Pleno de magistrados se apresta a decidir

El pleno de magistrados de la CSJ ha sido convocado para este próximo miércoles a sesión para dirimir, de una vez por todas, los recursos de inconstitucionalidad contra el decreto que faculta a las autoridades la depuración de la Policía.

El debate de esta resolución se registrará al más alto nivel en vista que la Sala de lo Constitucional declaró la inconstitucionalidad de la normativa por cuatro votos a uno.

En este sentido, la sentencia, así como el voto particular del magistrado Oscar Fernando Chinchilla Banegas, ya fue enviada a todos los magistrados para que la conozcan.

Se informó que esta resolución será ventilada a las 10: 00 de la mañana del próximo miércoles, o sea dos días antes que los empleados y funcionarios del Poder Judicial se vayan con 15 días de vacaciones.

Uno de los cuatro magistrados que votó a favor de otorgar el recurso de inconstitucionalidad ofrecerá al pleno una explicación detallada del por qué votaron en ese sentido.

Mientras tanto, el magistrado Chinchilla Banegas, también ofrecerá detalles de su posición, especialmente del por qué cree que la normativa no violenta garantías constitucionales.

Plebiscito y referéndum costaría una millonada

El abogado constitucionalista, Juan Carlos Barrientos, estimó que un plebiscito para consultar al pueblo hondureño sobre la depuración policial, costaría al Estado 600 millones de lempiras.

“El plebiscito cuesta al menos 600 millones de lempiras porque se trata de un proceso electoral con papeletas, urnas y materiales”, explicó.

Cuestionó que en este momento que se pretende hacer la consulta, el Estado está “quebrado”, por lo que no tiene cómo financiar un proceso de esa índole y agregó que “además ni tan siquiera está reglamentado dentro de la ordenanza jurídica del Estado, cómo organizar un plebiscito y un referéndum, el artículo cinco de la Constitución todavía no lo ha reglamentado el Congreso Nacional por lo tanto no se puede llevar a cabo un plebiscito hasta que se lleva a cabo dicha reglamentación”.

Según el profesional de derecho, el plebiscito es una medida extraordinaria que se toma consultando al pueblo para obtener su respaldo sobre medidas legislativas, administrativas, constitucionales o de gobierno sobre los cuales, las autoridades no han tomado una medida.

En ese sentido, explicó que “sí usted le pregunta al pueblo hondureño si está de acuerdo con la depuración, todo el mundo le va a decir que si están de acuerdo, entonces la medida no es esa, la medida es que de manera sabia y racional, legal y constitucional, permita depurar la Policía, pero sin violentarle los derechos a las personas, esa es la medida real que se debe de tomar”.

“Me parece que el plebiscito es una medida hasta cierto punto demagógica porque no se justifica ir a un proceso de esos, cuando perfectamente el Ejecutivo y el Congreso Nacional pueden redactar un buen decreto que permita la depuración de la Policía”, arguyó.

Por otra parte, expresó que el presidente Lobo, no tiene por qué molestarse, ya que nadie está en contra de la depuración policial, sin embargo, “en Honduras las cosas deben hacerse conforme a la ley, conforme a la Constitución, no conforme al capricho de los gobernantes”.

Artículo constitucional que fue reformado para aprobar el plebiscito y el referéndum

ARTÍCULO 5.- El gobierno del Estado debe sustentarse en los principios de la soberanía popular, la autodeterminación de los pueblos y la democracia participativa, de los cuales se deriva la integración nacional, la estabilidad política y la paz social. Para fortalecer la democracia representativa, se instituyen como mecanismos de participación ciudadana el referéndum, el plebiscito y la iniciativa de ley ciudadana.

El referéndum se convocará sobre una Ley Ordinaria o una norma constitucional o su reforma aprobadas para su ratificación o desaprobación por la ciudadanía.

El plebiscito se convocará solicitando de los ciudadanos un pronunciamiento sobre aspectos constitucionales, legislativos o administrativos, sobre los cuales los poderes constituidos no han tomado ninguna decisión previa.

El referéndum y el plebiscito pueden realizarse a nivel nacional, regional, subregional, departamental y municipal. Tienen iniciativa para solicitar referéndum o plebiscito:

1) Al menos el dos por ciento (2%) de los ciudadanos inscritos en el Censo Nacional Electoral.

2) Al menos diez 10 Diputados del Congreso Nacional, y;

3) El Presidente de la República en resolución de Consejo de Secretarios de Estado. El Congreso Nacional debe conocer y discutir dichas peticiones, y si las aprueba debe emitir un decreto que determine los extremos de la consulta, ordenando al Tribunal Supremo Electoral, convocar, organizar y dirigir las consultas a los ciudadanos.

Los porcentajes de aprobación legislativa a las consultas populares son determinados según el tema a ser consultado de conformidad a esta Constitución, por simple mayoría cuando se trate de leyes y asuntos ordinarios, las dos terceras partes de la totalidad de sus miembros cuando se refiera a asuntos constitucionales, y de las tres cuartas partes de la totalidad de sus miembros cuando se refiera a asuntos del territorio nacional.

Algunas definiciones del plebiscito y el referéndum

Los plebiscitos (del latín pebli scita) fueron inicialmente decisiones tomadas por la plebe, que adquirieron mayor relieve progresivamente. En el 465 a. C., el dictador Quinto Hortensio hizo votar por los Comicios Centuriados, la ley que obligaba a todos los ciudadanos a acatar los plebiscitos. Aunque no se precisaba el asentimiento del Senado, fue generalmente solicitado.

El referéndum o referendo es una elección, a través de la cual el cuerpo electoral de un país, nación, región o grupo expresa su voluntad respecto a un asunto o decisión, que sus representantes constitucionales o legales someten a su consulta. Por lo general es de la forma sí o no, donde se responde a una pregunta planteada por el ente electoral y los interesados en llevarla a cabo.

El referéndum es el mecanismo de democracia semi-directa por antonomasia y en la actualidad complementa el régimen de democracia representativa, potenciando la intervención directa del cuerpo electoral.


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