El primer caso que analizarán los jueces es el del comunicador colombiano, en una audiencia que se realizará el próximo viernes, en la que declararán peritos y víctimas, y luego las partes expondrán sus alegatos finales, informó la Corte en un comunicado.
El caso se refiere a un aparente ataque cometido por miembros del Ejército colombiano el 29 de agosto de 1996 en contra del periodista Luis Gonzalo «Richard» Vélez Restrepo, mientras filmaba una manifestación en la que soldados agredieron a los manifestantes.
La demanda señala que luego de estos hechos el comunicador y su familia recibieron amenazas de muerte a raíz de una denuncia que Vélez interpuso en contra de quienes le agredieron.
Además, el periodista denunció que sufrió un supuesto intento de secuestro y debido a esta situación, el 9 de octubre de 1997 salió exiliado de Colombia.
La Corte IDH también escuchará el 29 de febrero a peritos, testigos y las partes del caso conocido como Pacheco Teruel y otros contra Honduras, el cual se relaciona con la muerte de 107 presos en la bartolina o celda Número 19 del Centro Penal de San Pedro Sula, en 2004.
Según la demanda, estas muertes obedecieron a «una serie de alegadas deficiencias estructurales presentes en el centro penitenciario, que habrían sido de conocimiento de las autoridades competentes, quienes tendrían la responsabilidad de atenderlas y corregirlas oportunamente».
La Corte celebrará otros tres juicios durante el periodo de sesiones por los casos conocidos como Furlan y familiares contra Argentina, Palma Mendoza y otros contra Ecuador y Castillo González y otros contra Venezuela.
La demanda contra Argentina se refiere a la supuesta «falta de respuesta oportuna» y «demora excesiva» de las autoridades en la resolución de una acción civil de cuya respuesta dependía el tratamiento médico de un niño con discapacidad.
Por su lado, el caso contra Ecuador busca que se declare culpable al Estado por «la falta de debida diligencia en la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables» de la supuesta retención, desaparición y asesinato de Marco Bienvenido Palma Mendoza, ocurrida el 16 de mayo de 1997, en el cantón Manta, provincia de Manabí.
En un caso similar, la demanda contra Venezuela señala que el Estado «no habría llevado a cabo investigaciones serias y efectivas para identificar a los responsables e imponer sanciones» por un atentado con arma de fuego cometido por desconocidos, en el que murió Joe Luis Castillo González.
Durante su periodo de sesiones, la Corte IDH, con sede en Costa Rica, realizará otras actividades como audiencias sobre medidas provisionales, de supervisión de cumplimiento de sentencias y redacción de fallos sobre casos vistos meses atrás.
