La segunda audiencia será el próximo 22 de julio donde se discutirá la demanda interpuesta por Martín Escobar, un policía de Tucson que asegura que la implementación de la Ley SB1070 dificultará su trabajo con la comunidad inmigrante y fomentará las prácticas discriminatorias por perfil racial.
«Es un paso muy positivo que la juez federal ya haya establecido una fecha para comenzar el debate sobre la constitucionalidad de la SB1070», dijo hoy a Efe Alessandra Soler Meetze, directora ejecutiva de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en Arizona.
Esto demuestra, añadió Soler Meetze, el interés por parte de Bolton, -a quien le fueron asignadas las cinco demandas establecidas hasta el momento en contra de la SB1070-, por escuchar ambos lados de la discusión, tomando en cuenta todos los factores.
La juez federal también determinó ayer que el Gobierno de México puede presentar un recurso conocido en términos legales como «amicus curiae» (amigo de la corte) a favor de una demanda interpuesta por varios organismos civiles en Estados Unidos, entre ellos ACLU, que cuestiona la constitucionalidad de la Ley SB1070.
La representante de ACLU dijo que se espera una respuesta por parte de la corte federal antes de que entre en vigor la nueva ley estatal el próximo 29 de julio.
«Tenemos frente a nosotros varios posibles escenarios, puede ser que la juez frene por completo la implementación de la SB1070 o quizás permita que partes de la ley entren en vigor y otras no», afirmó Soler Meetze.
Anticipó que, independientemente de cuál sea la decisión final de la corte, es seguro que alguna de las partes presente una apelación a una instancia superior.
Por su parte, la Gobernadora de Arizona, Jan Brewer ya presentó a la corte federal varias mociones para pedir que se desestimen las demandas entabladas en contra de la SB1070 porque, asegura, están basadas en «suposiciones» y en hechos que aún no han ocurrido.
La SB1070 es la primera ley en Estados Unidos en criminalizar la presencia de inmigrantes indocumentados, otorga funciones de agentes de inmigración a los departamentos policíacos locales y obliga a los extranjeros a portar sus documentos migratorios al momento de ser cuestionados por las autoridades.
También convierte en un delito menor solicitar empleo en las calles, tal y como lo hacen los jornaleros, y penaliza a los que alberguen o transporten indocumentados.
