Tegucigalpa – El combate a las pandillas, especialmente a la MS 13, los temas migratorios y la lucha antidrogas, no son los únicos que se encuentran en la agenda de interés de Estados Unidos en Honduras, también están los vinculados a la defensa de los derechos humanos y la lucha anticorrupción, últimos que son recordados con acento por parte de la representación diplomática acreditada en Tegucigalpa, ante los últimos acontecimientos en el país tras el conflicto político post electoral.
En materia de lucha contra la corrupción, el apoyo de Washington a las instituciones que combaten este flagelo ha sido muy directo, en especial a la MACCIH, organismo que recientemente denunció un “pacto de impunidad” por medio de la aprobación de una reforma a la Ley Orgánica del Presupuesto de la República que sirvió de base para que una jueza natural archivara un caso de supuestos ilícitos que implicaba a cinco diputados del pasado Congreso Nacional por el manejo de subsidios.
Ese caso conocido como “Red de Diputados” es solo la madeja para llegar a una trama mucho más amplia, entre 60 o 140, según la MACCIH, entre diputados, ex diputados, funcionarios y ex funcionarios públicos. La reforma, según la Misión, inhibe al Ministerio Público a ejercer la persecución penal del delito pues pasa ese caso al Tribunal Superior de Cuentas quien tendrá un plazo de tres años para terminar la investigación y determinar si existe o no delito penal, civil o administrativo.
La «Red de Diputados» fue denunciada por la MACCIH.
Al respecto, la encargada de negocios de la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, Chargé Heide Fulton, calificó la reforma como un “monumental retroceso” en la lucha contra la corrupción. “El congreso ahora debe actuar para corregir este peligroso error”, posteó en su cuenta de Twitter al trascender la denuncia de la Misión.
En la mira Red de Diputados
La Cámara Legislativa emitió una fe de erratas para enmendar la reforma, pero el caso se complicó porque la MACCIH mostró evidencia que indica que lo actuado por la jueza natural debe ser invalidado porque emitió un fallo en base a una reforma alterada, es decir, lo que se aprobó en el Parlamento no fue lo publicado. Sobre ese argumento jurídico, la jueza puede invalidar su fallo, se indicó.
La Misión advirtió que abrirá una investigación sobre la alteración que hubo en la sesión y la publicación en La Gaceta. El Congreso ha indicado que no retrocederá sobre lo actuado, mientras instancias civiles y el Ministerio Público interpusieron recursos de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional del Poder Judicial para que se anule la actuación del legislativo.
En tanto, la Misión ha indicado que su marco de acción en acompañamiento al Ministerio Público se ve limitado y denunció que el pacto de impunidad busca frenar los avances en la lucha anticorrupción.
En el momento que la MACCIH hizo la denuncia de un pacto de impunidad en el CN.
Ante el anuncio de la Fiscalía del recurso de inconstitucionalidad, nuevamente la encargada de negocios de la legación estadounidense posteó: “un gran paso. El Congreso debe actuar para cambiar esta ley”. Y un último mensaje fue posteado en relación a un video elaborado por el CNA en el cual se explica a la ciudadanía en qué consiste el “pacto de impunidad”. En ese último mensaje Fulton escribió”: La corrupción afecta a todo el mundo. Apoyamos a todos aquellos que luchan por más transparencia en el gobierno”.
El acento en la lucha contra la corrupción no es para Washington un hecho aislado, y en el caso de la MACCIH las señales de apoyo a su trabajo han sido frecuentes y constantes.
Crímenes y derechos humanos
Otro tema que se vuelve del interés de Estados Unidos es la situación de derechos humanos. Hace dos semanas, la diplomática Fulton se reunió con una misión de religiosos que llegó al país para tomar el pulso a la situación humanitaria tras la crisis político post electoral de noviembre de 2017.
Fulton calificó la reunión como “una discusión productiva con la delegación religiosa de los Estados Unidos en temas de derechos humanos, violencia post elecciones y relaciones Honduras-Estados Unidos”.
Heide Fulton en reunión con la Secretaria de Derechos Humanos, Karla Cueva.
Días después, sostuvo un encuentro con la nueva ministra de Derechos Humanos, Karla Cueva, y escribió en su cuenta de Twitter: “El restablecimiento del Ministerio de los Derechos Humanos es un paso crítico que debe seguirse con acciones concretas para mejorar los derechos humanos #Honduras. Un cambio real y duradero debe prevalecer”.
Washington planteaba así su preocupación por las más de una treintena de muertes acontecidas tras los comicios del 26 de noviembre del año pasado.
Oficialmente, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), registra un promedio de 31 crímenes, en tanto Medicina Forense del Ministerio Público informó que han registrado 24 muertes asociadas a la crisis político post electoral. La recién creada Secretaría de Derechos Humanos ha indicado que trabaja en un informe al respecto que será dado a conocer en su momento, así lo ha informado a medios de prensa local.
Simpatizantes de la Alianza de Oposición han hecho protestas violentas en el país.
El tema de las violaciones de los derechos humanos no solo ha centrado el interés de Estados Unidos, también se ha sumado al reclamo la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica que, en su último comunicado de cara al inicio de la cuaresma, pide investigar esos crímenes para que no queden impunes.
“Nos unimos al reclamo del pueblo de Honduras por las más de 30 víctimas mortales en las manifestaciones de protesta causadas por la actual crisis política, que se suma, justamente, a tantos otros reclamos por la negligencia y falta de voluntad del sistema de Justicia del Estado en cumplir con sus obligaciones”, señalan en su comunicado los obispos.
La lucha contra la corrupción y el tema de los derechos humanos seguirán gravitando en los próximos meses y de momento Washington ha dejado entrever claramente que son problemas de interés de su gobierno, tanto o igual que los migratorios y la lucha antidroga.
Las miradas estarán centradas en la labor de la Secretaría de Derechos Humanos, las respuestas del Ministerio Público en cuanto a las investigaciones sobre los crímenes post electorales, así como en las acciones estatales frente a los desafíos en la lucha anticorrupción.
