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Correa tilda de «disparate» medidas cautelares de CIDH sobre caso El Universo

Quito – El presidente de Ecuador, Rafael Correa, tildó hoy de «un disparate total» la petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de que su Gobierno suspenda temporalmente la aplicación de la condena por injurias contra el diario El Universo.
 

«Esto ratifica una vez más la urgencia de un nuevo sistema interamericano, liberado de países hegemónicos y del gran capital», dijo Correa en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el canciller, Ricardo Patiño, acusó a la CIDH, que es un organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), de interferir en el sistema judicial ecuatoriano.

Los tres principales directivos de El Universo y el ex editorialista Emilio Palacio habían solicitado el pasado octubre a la Comisión que interviniera para impedir la entrada en vigor de la condena a tres años de prisión y al pago de 40 millones de dólares a Correa.

En respuesta, la CIDH solicitó este martes al Gobierno que suspenda «de inmediato» la aplicación del fallo contra El Universo «a fin de garantizar el derecho a la libertad de expresión».

La sentencia aún no está vigente, pues restan algunos trámites que durarán entre 10 y 20 días, según dijo a Efe Alambert Vera, abogado de Correa.

Patiño señaló que la CIDH ha hecho una petición y que no se trata de «una disposición que deba acatar el país».

En cambio, Xavier Zavala, uno de los abogados de El Universo, dijo a Efe que esas medidas son «de obligatorio cumplimiento», de acuerdo con la Constitución de Ecuador, ya que el país se ha sometido al marco jurídico del sistema interamericano de derechos humanos.

El letrado afirmó que Ecuador siempre ha acatado las resoluciones de la CIDH, la última vez en 2008, cuando el entonces ministro de Justicia Gustavo Jalkh pidió disculpas a diez ecuatorianos por la violación de sus derechos por parte del Estado.

Correa aun no ha enviado una respuesta oficial a Washington, aunque en Twitter adelantó que la decisión de la Comisión es «un disparate total».

«Ahora que este país camina, avanza, tenemos a la CIDH todos los días atrás de nosotros interfiriendo en el sistema judicial ecuatoriano», se quejó Patiño, quien denunció que «algunos empresarios periodísticos» tienen la capacidad de «mover» a la Comisión.

Las medidas cautelares estarán en vigor hasta el próximo 28 de marzo, cuando la CIDH celebrará una audiencia sobre el caso en su sede en Washington, tras la cual decidirá si las mantiene, las modifica o las levanta.

Ese organismo dijo la semana pasada que el uso de penas de cárcel para sancionar expresiones sobre funcionarios públicos es «innecesaria y desproporcionada», y puede constituir «un medio de censura indirecta dado su efecto amedrentador e inhibidor» del debate público.

En cambio, Vera acusó a la CIDH de querer intimidar a los jueces ecuatorianos con la emisión de las medidas cautelares y de llevar a cabo un ataque «a la democracia, a la independencia judicial y a la jurisdicción interna».

«Nuestra legislación prohíbe que se ejecuten actos ilegales dentro del territorio nacional, por ende, estas intromisiones o estos excesos que denotan parcialización no deberían surtir efecto en Ecuador», afirmó Vera.

Zavala, por su parte, señaló que la acción de la CIDH implica un reconocimiento de «las atrocidades, los atropellos que se provocaron dentro del proceso» contra el diario.

César y Nicolás Pérez, sus subdirectores, están fuera del país, en tanto que Carlos Pérez, su director, se encuentra desde el 16 de febrero en la Embajada de Panamá en Quito.

Panamá, que le ha dado asilo, informó hoy de que ha completado los trámites ante el gobierno de Ecuador para pedir el salvoconducto que le permita viajar al istmo.

Patiño reiteró, de su lado, que Carlos Pérez puede salir de Ecuador cuando lo desee, dado que no existe orden de prisión contra él, y que carece de cualquier razón para estar en la Embajada «a menos que quiera estar ahí distrayéndose».

El caso gira en torno a una columna en la que Palacio, que ha pedido asilo en Estados Unidos, decía que Correa podría ser enjuiciado «por haber ordenado disparar» contra un hospital el 30 de septiembre 2010, cuando hubo una sublevación policial.

El presidente estuvo retenido casi todo ese día en el hospital, de donde fue rescatado en medio de un tiroteo entre fuerzas leales y agentes sublevados.
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