“No es posible hacer una obra perfecta sin formar antes su diseño; y el Gobierno de una nación exige, más que cualquiera otra obra, un plan profundamente meditado. Sin él no hubiera unidad, se multiplicarían las contradicciones, y todo sería inconsecuencias y desaciertos… Cuando un gobierno presenta el cuadro de lo que ha trabajado y el plan de lo que piensa trabajar, los pueblos se penetran de gozo, estrechan los vínculos de unión con los que gobiernan, les dan su confianza; y esta confianza es el elemento primero de buen gobierno”. José Cecilio del Valle
(Poder nacional, poderes locales y legitimidad social: cumplimiento del mandato legítimo del pueblo soberano, con buen gobierno y fehaciente bien común, sin ninguna discriminación)
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Las recientes elecciones generales evidenciaron que el voto mayoritario resultó de alianzas entre partidos y de decisiones individuales de miles de ciudadanos descontentos con las actuaciones de sus tradicionales partidos y, en especial, del voto joven independiente. La mayor participación democrática lograda y el mejor comportamiento cívico de la ciudadanía durante el proceso y acto electorales, afirmó la voluntad de democratizar Honduras y de honrar más a nuestra nacionalidad, por la vía de la dignificación humana y de la efectividad cierta del Estado Democrático de Derecho.
La contundencia para defender la democracia y la Constitución de la República reveló el anhelo compartido, por esa gran mayoría pluralista representativa, de lograr la transformación de Honduras, votando consciente y responsablemente para exteriorizar su voluntad de elegir e instruir, a los representantes electos, en el sentido de cumplir con el objetivo democrático de convertir a Honduras en un país de dignidad humana, bienestar común y justicia social; y de aplicarse, como equipo nacional, a ejercer sus capacidades y honradez, para lograr ese objetivo de bien común para toda la población, sin exclusión alguna.
La ciudadanía y todo el pueblo, en su conjunto, deben ahora fortalecer su unidad para participar y recorrer asimismo esa vía, avanzando en cohesión social y apoyando al Gobierno, en el propósito común de construir una nueva y diferente normalidad de dignidad humana, bienestar común y justicia social, en la cual el poder político, con trabajo diligente, conduzca hacia ese objetivo social y que lo plasme, en realidades concretas, en la vida cotidiana, iniciándolas, con cambios positivos y más prontos, en la vida de las personas menos favorecidas.
Se ha alumbrado así, el momento democrático, de todos y cada uno de los hondureños y hondureñas, de dar más vigor a nuestra pertenencia a la comunidad municipal y nacional, aplicando solidariamente nuestras capacidades, individuales y colectivas, para asegurar el bienestar de todas y todos los habitantes; y crear una nueva y diferente normalidad conducente al logro de los objetivos sociales imperativamente preceptuados en la Constitución de la República.
En la Constitución, se encuentra el diseño de la organización y funcionamiento de Honduras que, en nombre de la soberanía popular, caracteriza a nuestro país como Estado Democrático y Social de Derecho que, por su fin supremo de promover y proteger la dignidad humana, debe asegurar una sociedad política, social y económicamente justa que viabilice condiciones, concretas y apropiadas, para el bienestar y progreso personal, familiar y social, para todas y todos los habitantes.
Las bases de ese diseño, requieren la colaboración estrecha del Estado y de la sociedad, para utilizar los talentos humanos y los recursos naturales y riquezas nacionales, a fin de crear y fomentar condiciones apropiadas para la seguridad humana y el desarrollo sostenible, a partir del aseguramiento de la vida digna y formación básica de los habitantes. Ello les facilitará seguir superándose, en los diferentes niveles, con oportunidades y posibilidades de fuentes de trabajo decente y empleo productivo que conduzcan al mejoramiento progresivo de la calidad de vida de las familias y de la sociedad entera.
Ahora, el pueblo debe ocuparse del cumplimiento de lo preceptuado constitucionalmente, en cuanto a que el Gobierno de la República debe sustentarse en los principios de la soberanía popular, la autodeterminación de los pueblos y la democracia participativa, de los cuales se deriva la integración nacional, que implica participación de todos los sectores políticos en la Administración Pública, la estabilidad política y la paz social. El cometido es lograr el objetivo central del Estado y la sociedad, de dignificar la vida de todas las personas, asegurándoles el goce real de bienestar, justicia, democracia, libertad y paz. (Preámbulo y Arts. 1, 5 y 59 de la Constitución de la República),
Ese constitucional Gobierno de integración nacional, bajo esos principios, tiene por inmediata tarea: la elaboración del Plan Estratégico de Gobierno 2022 – 2026, como parte del más amplio Plan de Nación 2022-2034, en la perspectiva de la existente Visión de País al 2038 y de la internacionalmente vigente Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Atención principal deberá darse al saneamiento y la adecuación del presupuesto general de la República, al pago de la deuda externa e interna y a eliminar las antes conocidas como partidas confidenciales para altos funcionarios del Estado. Partidas injustificadas, hoy conocidas como “asignaciones globales” que han abierto el arca nacional a los abusos de personas que han irrespetado el honor de su ciudadanía hondureña y los deberes consiguientes. En fin, deberá darse también atención prioritaria a la prevención, control y sanción de la corrupción e impunidad.
El Presupuesto, por naturaleza, debe ser instrumento racional de gestión y control del desarrollo sostenible conducente al bienestar de la población, orientándolo a beneficiar el sector social en salud, educación, medio ambiente y en otros ámbitos como el fomento del crecimiento económico inclusivo y todos aquellos que contribuyan a mejorar la calidad de vida humana. Con esa perspectiva de derechos humanos y para un impacto social más significativo, recomendamos, antes como funcionario estatal y hoy como ciudadano activo en sociedad, que debería preverse asignaciones presupuestarias racionalmente pensadas en orden al desarrollo sostenible, que complementen e impulsen la efectividad y eficacia de los planes municipales de desarrollo sostenible en las comunidades respectivas y estimulen el intercambio y cooperación al desarrollo en y entre las mancomunidades de municipios, en toda la República.
Esta nueva etapa histórica para Honduras, debe coincidir con el inicio del nuevo ejercicio gubernamental, porque, en lo relativo a la legitima representatividad de los funcionarios públicos, es necesario lograr las garantías democráticas, a que tiene derecho el pueblo soberano y las personas que lo integran, a su desempeño conforme al Estado constitucional de Derecho, al cumplimiento del mandato popular y a la gestión diligente y adecuada de la separación e interdependencia de los poderes del Estado, para asegurar realmente la dignidad humana, el bienestar común y la justicia social, de todas y todos los habitantes de Honduras, sin exclusión ni marginación alguna.
El mandato del pueblo soberano, a los representantes estatales electos y para el pueblo mismo representado, es la sujeción y obediencia debida al Estado Constitucional de Derecho y al logro de objetivos sociales que conforman un orden de dignidad humana, bienestar común y justicia social, para todas y todos los habitantes. Ello debe tenerlo siempre presente el nuevo Gobierno, la clase político – partidista y todos los grupos fácticos de poder, sin excepción alguna.
En efecto, tal como también lo comparte la gran mayoría de la ciudadanía: mediante nuestra autodeterminación individual y colectiva como pueblo, hemos coincidido en dar un mandato imperativo a quienes nos representarán en los poderes del Estado y resto de la institucionalidad pública. Mandato según el cual la legitimidad de origen que justifica la investidura como servidores públicos, de nuestros representantes, queda sujeta a la legitimidad de su ejercicio en función de la importancia vital de fortalecer la unidad y bien común de todo el pueblo y de ejercer responsablemente la representación que les hemos confiado, en el marco de la sujeción completa al Estado Constitucional de Derecho.
Ese mandato trae especialmente consigo la democrática orden según la cual nuestros representantes deben superar creencias dogmáticas de tradicionales ideologías políticas, en Honduras, sobre la base de nuestra realidad nacional, de las necesidades y expectativas de toda la población y de nuestra cohesión social y creatividad, teniendo en cuenta y respetando entornos de vecindad geográfica favorables o desfavorables, pero gestionando siempre en función de nuestro propio interés nacional acorde con la dignidad del ser humano. El instrumento a aplicar, para ello, es el que posibilita forjar soluciones innovadoras de dignidad humana, bienestar común y justicia social, que son los componentes esenciales del mandato expresado en el resultado de las urnas por el pueblo soberano.
Este encargo soberano requerirá de una mayor comunicación y de un diálogo constante, de los integrantes del nuevo Congreso de diputados y diputadas, con la sociedad; y de actividades que propicien el consenso nacional, así como de la apropiada concertación con los otros órganos del Estado, en particular con el Poder Ejecutivo y con un Poder Judicial que asuma, a plenitud, su independencia, garantizada por el Estado de Honduras y proclamada por nuestra Constitución, dada la responsabilidad de los magistrados y magistradas, jueces y juezas, como “ encargados de adoptar la decisión definitiva con respecto a la vida, la libertad, los derechos, los deberes y los bienes de los ciudadanos y ciudadanas”, tal como se consigna en los instrumentos normativos correspondientes.
En tuit reciente cuyo enlace adjunto, ya me he referido, en términos generales, a: “El democrático cambio pacífico en Honduras y la responsabilidad histórica de la Presidenta de la República, de los diputados y corporaciones municipales, para el período 2022 – 2026”. En este artículo, expondré más específicamente aspectos relativos al Poder Legislativo, por su especial posición histórica, como calificados agentes de cambio para orientar normativamente hacia una nueva y diferente normalidad que, fundamentada en nuestro Estado constitucional de Derecho, favorezca la conversión de Honduras en una sociedad y un Estado de dignidad humana, bienestar común y justicia social.
Estas aseveraciones son aplicables, en lo pertinente, a los electos miembros de corporaciones municipales, por ser órganos deliberativos de las Municipalidades, electos por el pueblo y la máxima autoridad dentro del término municipal, que deben actuar como órgano de gobierno y administración del Municipio, para lograr el bienestar de los habitantes, promover su desarrollo integral y la preservación del medio ambiente.
Ellos como los diputados y diputadas deberán comprobar, día a día, que son personas comprometidas realmente con la finalidad suprema de la dignidad humana y el bien común; y con el respeto y sometimiento al Estado Democrático y Social de Derecho. En efecto, la organización y el funcionamiento estatal, en nombre de la soberanía popular, está diseñado y previsto en la Constitución de la República y en los compatibles instrumentos complementarios o derivados de ella. Esos instrumentos conforman un marco que presenta, a nuestro país, como Estado constitucional de Derecho que garantiza la protección y promoción de la dignidad humana para vivificar una sociedad política, social y económicamente justa que asegure condiciones, concretas y apropiadas, al bienestar y progreso personal, familiar y social, para todas y todos los habitantes.
Ese diseño y finalidad requieren del Estado y la sociedad, su colaboración estrecha para utilizar los talentos humanos y las condiciones apropiadas para la seguridad humana y el desarrollo sostenible, como medios para asegurar la vida digna y formación básica de toda la gente y las vías de superación constante, con oportunidades y posibilidades de fuentes de trabajo decente y empleo productivo que conduzcan al mejoramiento progresivo de la calidad de vida.
En la interdependencia funcional con los otros poderes del Estado, el Poder Legislativo tiene fundamental representación política integral de los más distintos intereses del pueblo hondureño, tal como reflejados en la Constitución, y la función de cada uno de los diputados y diputadas debe orientarse por esa guía normativa a la cual sujetará su papel parlamentario y su constante atención a los requerimientos de los ciudadanos y ciudadanas.
En atención a ello, la afiliación partidista deberá someterse a la disciplina más elevada del servicio pluralista, sin discriminación, al pueblo de Honduras. Esa disciplina democrática deberá iluminar los pensamientos, comportamientos e iniciativas de los diputados y diputadas y de los miembros de corporaciones municipales, en términos de legitimidad representativa, en sus aportes, debates y concertaciones, para impulsar la construcción del diseño constitucional de dignidad humana, bienestar y justicia social, en Honduras.
Ello garantizará la legitimidad de sus actuaciones diarias, como nuestros legítimos representantes, comprometidos con el correcto desempeño político como hombres y mujeres de Estado integrantes de un Poder Legislativo o de corporaciones municipales que deben caracterizarse, cada vez más, por el sello de la dignidad, responsabilidad y eficiencia, como mensaje constante, a cada ciudadano y ciudadana, de haber realmente asumido constitucionalmente el honor y la responsabilidad del cumplimiento del mandato de la soberanía popular que sigue residiendo en el pueblo.
Así, los representantes del pueblo acreditarán sus conocimientos, honradez, tolerancia y capacidad de diálogo pluralista para encontrar soluciones en favor del progreso nacional, promoviendo iniciativas apegadas a la realidad y documentadas científicamente, realizando verdaderos debates parlamentarios y concertando cívicamente para desarrollar leyes innovadoras de gestión democrática integral, teniendo presente nuestra realidad actual, nuestras limitaciones, nuestros propios recursos valorizados, y nuestras expectativas y aportes en Centroamérica y en el orden internacional en transformación.
Es importante que tanto el diputado (a) y los regidores y regidoras, como el ciudadano y la ciudadana, tengan presente este contenido relacional esencial, entre representante y representado, pues, como se reconoce en democracia, es necesario que tanto el representante legislativo como el municipal piensen, sientan y actúen como un representante de la voluntad popular, para que los ciudadanos y ciudadanas puedan saberse y sentirse concretamente representados por las personas investidas de tales funciones.
Ignorar ese contenido, en democracia, es lo que ha permitido la pérdida progresiva de legitimidad de quienes fueron electoralmente investidos de representación política pero nunca pudieron entender el sentido de la misma o entendiéndolo prefirieron apartarse de la voluntad general para someterse a intereses personales, sectoriales o de grupos determinados.
En ese contexto, nos sitúa la nueva composición del Poder Legislativo y de las corporaciones municipales, en los cuales la importancia del peso de todos los pensamientos políticos y el valor de su presencia en el servicio público serán medidos, en términos de legitimidad representativa, en atención a su capacidad de concertación y votos favorables emitidos para impulsar al país hacía la conversión de Honduras en un país de dignidad humana, bienestar común y justicia social.
Ello dependerá, en adelante, de los conocimientos, honradez, tolerancia, patriotismo constitucional y capacidad de diálogo pluralista de cada una y uno de los representantes del pueblo, para encontrar soluciones en favor del progreso nacional, con verdaderos debates parlamentarios, negociando y concertando cívicamente para desarrollar nuevas formas de gestión política y social, y teniendo presente nuestra situación actual, nuestras limitaciones, nuestros propios recursos valorizados, y nuestra responsabilidad principal de avanzar hacia un orden nacional de dignidad humana, bienestar común y justicia social e impulsar esos valores en el orden internacional en transformación, en nuestra participación internacional en las organizaciones y foros internacionales en los cuales ya participamos; y, en particular, como miembro, a partir del mes de enero del 2022, en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Por todo ello y otras razones más, como lo señala intertemporalmente nuestro sabio José Cecilio del Valle, se espera que, en el Congreso Nacional: “No se oirá…lo personal, individual o privado. Solo resonará lo nacional, lo público o de interés universal para la República. Si queremos que el pueblo cumpla la ley, ame lo justo, respete la autoridad y guarde consideración a los que la ejercen: seremos los primeros a dar ejemplo de respeto a la ley y autoridad, de amor a la justicia, y consideración a los funcionarios celosos en el lleno de sus deberes. Esta sala puede ser el punto de donde salga partida la opinión y divididos los sentimientos en lo más esencial y delicado o el centro de la unidad o armonía; puede ser el origen triste de los partidos o facciones o el principio feliz de la unión de todas las clases en derredor de la Patria; puede ser la fuente de donde fluya el mal o el nacimiento donde emane el bien. La elección está en nuestras manos. Los legisladores deben ser los primeros modelos. Este salón será el templo del Decoro, de la Prudencia y del Patriotismo juiciosos. En las discusiones seremos oradores modestos porque la modestia aumenta los valores del raciocinio y las fuerzas del convencimiento. En las votaciones seremos, como la razón fría y tranquila que decide en calma, sin el calor de los partidos”. Lo mismo es aplicable a las reuniones de las corporaciones municipales.
En fin, convertir a Honduras en una sociedad y Estado de dignidad humana, bienestar común y justicia social: es factible y viable con el concurso patriótico de los habitantes y de servidores públicos, nacionales y municipales, que ejerzan honesta y debidamente sus funciones y acrediten así representarnos legítimamente. Esta conversión es parte de la lógica ética del Siglo XXI, en el cual se busca transformar el mundo, por la vida digna de las personas. Como se reconoce internacionalmente, el camino es acabar con la pobreza y transformar vidas, promocionando el crecimiento económico inclusivo y protegiendo el medio ambiente y nuestros ecosistemas.
Ese camino hay que recorrerlo, teniendo como faro guía los objetivos interrelacionados del plan de acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad, con sus respectivas metas e iniciando, en el 2022, en el caso de Honduras, la focalización y coordinación de las políticas nacionales hacia la vida digna, bienestar y justicia de todo el pueblo, con la implementación del objetivo de: “Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles, instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas”, tal como lo consigna la Agenda 2030 para el Desarrollo sostenible.
En todo ello y en todos los demás aspectos atinentes a la construcción de una diferente y nueva normalidad de dignificación humana, bienestar común y justicia social que afiance gobernabilidad democrática para el desarrollo sostenible: necesitamos, como base, el fomento de la cohesión social y la participación democrática que facilite la expresión de posiciones y la utilización de espacios públicos para que, todas y todos los hondureños, velemos por el imperio de la Constitución, participemos patrióticamente en su aplicación, ejerzamos veeduría social y exijamos verdaderas rendiciones de cuentas de las personas que hemos elegido como representantes estatales o servidores públicos en la gestión 2022 – 2026.
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Ver: nueva integración representativa en la gestión del Estado, en: https://twitter.com/HerreraCaceresR/status/1473042339862044674?t=usyx0SIJinDIZ0Y1LT05Mw&s=08
