Tegucigalpa – Lo ocurrido el jueves de esta semana en el palacio de justicia de El Progreso, Yoro, donde miembros de la mara MS-13 rescataron a uno de sus líderes y mataron a cuatro efectivos de seguridad, tan solo demuestra lo que desde hace algunos años se ha evidenciado, la vulnerabilidad de los recintos judiciales.
– Usaid donó un equipo para el desarrollo de audiencias virtuales en San Pedro Sula, pero las mismas no se han echado a andar, denunció la jueza Norma Iris Coto.
– El jefe de las FFAA dijo que no es posible que los peligrosos jefes del crimen sigan siendo trasladados a los juzgados sin tomar las medidas correspondientes.
Muchas personas confluyen en la cotidianidad del ejercicio de los tribunales de justicia. Empleados, abogados, imputados y sus familiares, periodistas, e incluso personas ajenas a un proceso judicial se confunden todos los días en los juzgados.
Lo ocurrido en los juzgados de El Progreso, donde más de una veintena de mareros vestidos con indumentaria policial y militar, y armados con armas largas procedieron a rescatar al líder de la MS-13, Alexander Mendoza, alias “El Porkis”, dejando muertos a cuatro efectivos de seguridad, en un hecho sin precedentes en la historia del país.
El suceso golpeó la institucionalidad del país. De inmediato el propio presidente Juan Orlando Hernández ofreció una recompensa de 2 millones de lempiras para quien ayude a dar con el paradero de “El Porkis” y prometió que lo buscarán hasta dar con él. Mientras, el titular de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta, dijo que este tipo de sucesos no se pueden tolerar y prometió mayor seguridad en los palacios de justicia de todo el país.
Lo cuestionable de este suceso, según coinciden analistas de seguridad, es que “El Porkis” estaba recluido en la cárcel de Támara, zona central de Honduras, y tuvo que ser llevado bajo mínimas medidas de seguridad hacia los tribunales progreseños.
Asalto en sede judicial y otros sucesos
Varios hechos violentos se han registrado en los recintos judiciales, desde asesinatos en los predios de los mismos hasta el rescate de imputados por turbas, tal como ocurrió en julio de 2015 con el periodista David Romero desde una sala de audiencias.
En esa oportunidad, mientras se realizaba la audiencia judicial, decenas de personas irrumpieron por la fuerza en la sede judicial y sustrajeron al enjuiciado.
A raíz de eso las autoridades del Poder Judicial anunciaron medidas extremas de seguridad a efecto que la justicia pudiera actuar libremente y sin presiones de ningún sector.
Mientras, en agosto de 2016, la abogada Mercedes Miriam Izaguirre del Cid fue asesinada a inmediaciones de los Juzgados de Letras de Francisco Morazán, que se ubican en el barrio La Granja de la capital hondureña. En el ataque criminal también murió Douglas Geovany Barahona Figueroa mientras dialogaba con la togada.
La reconocida profesional del derecho fue atacada a balazos cerca de una pulpería que se ubica a un costado de los juzgados capitalinos, donde estaba con el joven, éste también acribillado en la escena.
En diciembre de 2018, el abogado Reynaldo Barahona fue asesinado a balazos en una caseta de la CSJ, en Tegucigalpa. A escasos metros también estaba un destacamento de la Guardia de Honor Presidencial, pero eso no impidió que se materializara el crimen.
Igualmente en más de una oportunidad se han registrado fugas mientras imputados llegaban a los tribunales a comparecer en audiencias programadas.
Más seguridad y audiencias virtuales
Norma Iris Coto.La presidenta de la Asociación de Jueces y Magistrados, Norma Iris Coto dijo que lo ocurrido en el palacio de El Progreso los tiene sorprendidos y preocupados.
“Ha quedado evidenciado que las fuerzas que tienen estos grupos del crimen organizado es más fuerte que la seguridad que tenemos los jueces en las respectivas judicaturas”, manifestó.
Pidió a los encargados “tomar medidas drásticas” para evitar que estos hechos ocurran de nuevo porque se socava la institucionalidad.
“Pedimos seguridad en los edificios y en forma personal para los jueces, que nos ofrezcan garantías de protección, ya que ni los portones para entrar a los edificios están debidamente resguardados. Ojalá que esto sirva de prevención y tomar medidas que eviten otras situaciones similares a las de El Progreso”, exigió.
La jueza Coto sugirió que cuando se trata de privados extremadamente peligrosos por los casos que están involucrados, “las policías deben venir debidamente resguardados y con suficiente personal, no con tres policías cuando se sabe que detrás de cada uno de estos privados de libertad hay toda una organización delictiva”.
Asimismo, pidió que lo ocurrido en el palacio de justicia progreseño sirva para acelerar las audiencias virtuales y de esa forma evitar los traslados de peligrosos jefes del crimen a los juzgados, “así se evita el riesgo para los imputados, para la policías y para los jueces”.
Mencionó que en San Pedro Sula ya está instalada una sala de audiencias virtuales con todo el equipo tecnológico de punta. El equipo fue donado por Usaid y está listo para usarse cuando las máximas autoridades del Poder Judicial así lo estimen conveniente.
Puntualizó que la seguridad en los recintos judiciales depende exclusivamente de las máximas autoridades de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Rostros descubiertos de custodios
Mario Díaz.De su lado, el coordinador de Tribunales de Sentencia, Mario Díaz anunció que solicitarán a los entes de seguridad que los custodios que están asignados a los juzgados anden con el rostro descubierto.
“Es una petición que tendremos que hacer en su momento a las entidades a partir de este nuevo suceso”, declaró Díaz refiriéndose a la liberación del líder de la MS13, Alexander Mendoza alias “El Porkis”.
Añadió que un agente que esté con su rostro oculto es difícil determinar si pertenece o no a la fuerza policial, por lo tanto, exhortó a buscar una solución favorable.
El juez explicó que los custodios se confundieron porque los autores del tiroteo andaban con indumentaria policial y ahí prácticamente no se puede hacer nada.
Asimismo, señaló que se deberá aplicar protocolos especiales de seguridad cuando imputados de alto impacto ingresen a los tribunales de justicia.
“Vamos a mejorar los controles de tal manera que sepamos a qué ingresa una persona, cuáles son sus propósitos, cuál es la instalación física en que estará y cuál es el objetivo de su visita en nuestras instalaciones”, concluyó.
Edificios mal diseñados
Marlon Arévalo.Finalmente, el abogado Marlon Arévalo criticó que los tribunales de justicia están mal diseñados porque no cuentan con estrategia para ofrecer atención al público.
“Lo hemos dicho en reiteradas oportunidades que la unidad de antecedentes penales, que es la que más flujo le da a los tribunales de justicia debería de estar en sitios aparte. Aquí vienen personas a decir que vienen a tramitar la hoja de antecedentes, muestran el recibo y entran”, expuso.
Refirió que cuando ocurren hechos como lo acontecido en El Progreso lo que hacen es que se tomen medidas extremas por varios días, pero luego se abandonan y todo vuelve al estado natural de las cosas.
Arévalo citó que hace unos años se escaparon tres personas de las celdas de los juzgados capitalinos, igualmente muchos de los familiares tienen contactos corporales con los imputados precisamente porque no se ponen en práctica medidas de seguridad. “Aquí si quieren atentar contra alguien es fácil porque no hay medidas de seguridad”, finalizó.
