Una misión del FMI revisó la semana pasada en Tegucigalpa el desempeño de la economía de Honduras bajo el programa contingente o stand-by firmado por el Gobierno del presidente Manuel Zelaya y ese organismo en abril pasado.
La masa salarial es uno de los indicadores que se ha disparado en este Gobierno por las constantes demandas de gremios y el cumplimiento de estatutos especiales de que gozan los maestros y los médicos, según reconocen las autoridades.
El representante residente del FMI en Honduras, Mario Garza, dijo en una declaración escrita emitida hoy, en la que informó de los resultados de la evaluación, que «las autoridades han ejecutado elementos claves de su programa».
«En general, el presupuesto se ha ejecutado en línea con lo planeado, se han mejorado las finanzas de la ENEE (Empresa Nacional de Energía Eléctrica), reducido los subsidios no focalizados a los combustibles y a la electricidad», indicó.
Agregó que, «aunque el crecimiento económico se mantiene sólido, las presiones de demanda interna y el choque externo asociado con el alza en los precios de los alimentos y los combustibles han elevado la inflación y ampliado el déficit comercial externo».
La misión, precisó Garza, recomendó al Gobierno hondureño «intensificar decididamente el esfuerzo en las políticas monetaria y cambiaria para fortalecer el balance externo; contener la concesión neta de préstamos de los fondos de pensión del sector público y mantener el control de la masa salarial para proteger la inversión y el gasto social; y fortalecer aún más la supervisión bancaria».
«Las autoridades están analizando las políticas que serán necesarias para enfrentar estos retos y asegurar el logro de los objetivos del programa del Gobierno. En las próximas semanas, se mantendrá un diálogo estrecho para proseguir con la evaluación del acuerdo stand-by», puntualizó.
El FMI indicó en Washington el 8 de abril que un elemento «clave» del acuerdo con Honduras es la reforma del sector eléctrico, que incluye la elevación de las tarifas.
El Gobierno hondureño, además, saldaría los pagos en mora con las generadoras eléctricas, y con la ayuda del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) pondría en marcha un plan para reducir los robos de energía y mejorar la gestión de la ENEE.
En el ámbito fiscal, el acuerdo prevé que los gastos por salarios públicos se estabilizarán y posteriormente se reducirán como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB).
En abril pasado, los gastos por salarios ascendían al 9,2 por ciento del PIB, porcentaje muy alto en relación a otros países de peso económico comparable al de Honduras, según Garza.
El acuerdo tiene como metas que Honduras logre un crecimiento del cinco por ciento este año y mantenga la inflación en un dígito (llegó al 9,1 por ciento a julio pasado).
Al mismo tiempo, contempla un aumento de la inversión pública, que pasaría del 4,8 al 6,5 por ciento del PIB, y se centraría en las hidroeléctricas y el transporte, según el FMI.
