Como resultado natural de nuestra supervisión constante del derecho a la salud y del servicio público, en Honduras, por medio de nuestro contacto directo y constante con la población y los centros de salud y hospitales, en la casi totalidad de los municipios (tal como consta en los informes anuales del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) y en dos informes especiales del 2014 y del 2018 sobre la situaciòn del sistema de salud y servicios al pueblo de Honduras): en el 2020, aún en el cargo de Defensor del Pueblo, acudí sistemáticamente a la información y recomendaciones provenientes de las Naciones Unidas (ONU), Organización Mundial de la Salud (OPS – OMS), Organización Internacional del Trabajo (OIT), Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos y otras fuentes; consulté a médicos e instituciones nacionales competentes; y expresé nuestras valoraciones y recomendaciones, al Gobierno y a nuestro pueblo, sobre la prevención, lucha, vigilancia y control de la pandemia. Publicamos adicionalmente datos fehacientes, en el 2020, contenidos en cuatro informes especiales, señalando lo que habíamos recomendado, la insignificante respuesta positiva recibida y la frustración creciente que constatamos en nuestro pueblo, con respecto a la garantía de sus derechos humanos.
El tema de las medidas de bioseguridad y de las vacunas fue igualmente objeto de la especial atención que, ahora como ciudadano activo nacional y del mundo, hemos venido dando hasta el presente, recordando que toda persona y el pueblo entero tienen derecho a la vacuna como bien público universal, al cual todos (as) deben tener equitativo acceso, en un ambiente de solidaridad internacional.
Ambiente mucho más justificado cuando los pueblos de Estados en vías de desarrollo y los sectores más vulnerables a lo interno de cada uno de ellos: han sido los más desproporcionadamente afectados por la pandemia y sus efectos, aumentando la desigualdad y obstaculizando el desarrollo sostenible, tal como lo constatamos en nuestro país y, se acredita haber acontecido, a nivel universal, en el Informe de la ONU sobre el Financiamiento para el Desarrollo Sostenible 2021.
Por lo cual, hemos coincidido también en otra constatación expresada, por la ONU, en los siguientes términos: “Lo que esta pandemia ha demostrado más allá de toda duda es que ignoramos la interdependencia que todos tenemos a nivel mundial y lo dejamos a nuestro propio riesgo. Los desastres no respetan las fronteras nacionales. Un mundo divergente es una catástrofe para todos nosotros. En el interés económico de todos es moralmente correcto ayudar a los países en desarrollo a superar esta crisis”.
A ello se debe mi persistencia en seguir escribiendo sobre la pandemia y el desarrollo sostenible del pueblo hondureño y sobre el acceso equitativo a vacunas seguras y eficaces como bien público universal; en apoyar iniciativas internacionales para todos los pueblos en análogas o más difíciles condiciones que el nuestro; y en plantear, en Honduras, Centroamérica y América, la necesidad de tener un alto perfil para salvar a nuestros pueblos.
Creo importante exponer, en este artículo, que la efectividad de la materialización de la solidaridad que se necesita: se traducirá en un círculo virtuoso de la Salud y de la economía para el control de la pandemia y la pronta y productiva reactivación económica de los países desarrollados y de los países en desarrollo que, en su interdependencia, utilizarán también innovadoras formas para hacer posible una cadena internacional de buenos resultados, en ambos sentidos.
El apoyo a los Estados en desarrollo, asegurándoles la disponibilidad inmediata de vacunas y en medios para retomar la senda del desarrollo, tendrá un efecto boomerang positivo en la salud de los pueblos de los Estados desarrollados, al alejarlos del peligro de la recurrencia y agravamiento pandémico en ciernes de la COVID – 19 con sus nuevas y sucesivas variantes.
Entonces los países desarrollados tendrán condiciones estables que les permitirán, entre otros aspectos, empeñar todo su vigor en la generación de empleo, la innovación y la productividad de su economía y el crecimiento económico inclusivo nacional que, además de su fuente y mercado interno, necesita de materias primas y elaboradas de otros países y de mercados de exportación de su producción, en bienes y servicios.
Es más, como ciudadano del mundo e inspirado por mi conciencia universal, pienso que si esta solidaridad internacional se logra hacer efectiva: será el primer paso de una nueva y diferente realidad hacia un modelo internacional de relaciones internacionales, con fraternidad universal, fundamentado en la dignidad humana y la justicia social, entre todos los países del mundo.
En esa virtud y por la dignidad de todos los seres humanos: urge concretar esta solidaridad con los Estados en vías de desarrollo para su inmediato acceso equitativo a las vacunas y para retomar, con mayor decisión de eficacia, la aplicación del promisorio plan mundial de acción reflejado en la Resolución de las Naciones Unidas sobre la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en favor de las personas, la prosperidad y el planeta. en la cual se consigna también que Estados desarrollados y Estados en vías de desarrollo: “Estamos decididos a tomar las medidas audaces y transformativas que se urgentemente para reconducir el mundo por el camino de la sostenibilidad y la resiliencia, Al emprender juntos este viaje, prometemos que nadie se quedará atrás”.
En Honduras, esas medidas audaces y transformativas, las necesitamos ir tomando ya, al estar próximos a las elecciones generales, en las que los (as) aspirantes a cargos públicos deben saber y estar conscientes de que: la soberanía popular, el derecho humano de libre determinación, el derecho humano al desarrollo y el derecho humano a la democracia, son un conjunto unitario del pueblo soberano que deben respetar y cumplir como servidores públicos o como ciudadanos (as).
Ese conjunto unitario de derechos del pueblo soberano se ejerce mediante la libre expresión de la voluntad popular del pueblo en favor del pueblo mismo, sin discriminación alguna, en cuanto a su participación y beneficios equitativos que debe derivar de su opción colectiva de desarrollo sostenible y bienestar de toda la población; y a la determinación de quiénes, para asegurar esa opción, se desempeñarán como sus representantes en el Estado.
Por eso, las elecciones auténticas, libres y justas, son un medio o instrumento clave que debe utilizarse en condiciones de igualdad, respeto a la dignidad y transparencia, posibilitando conocer previamente los antecedentes de los aspirantes políticos y sus planes de gobierno con datos ciertos de causas estructurales, encadenamientos de efectos coyunturales y con prioridades para crear soluciones a las necesidades que confrontan diariamente las personas y comunidades, en Honduras.
En esa dirección, necesitamos que los aspirantes demócratas presenten su oferta política electoral, a la brevedad, con planes de gobierno vinculantes que, para ser serios y responsables. requieren fundamentarse y guiarse por la “Ley para el Establecimiento de una Visión de País y la Adopción de un Plan de Nación para Honduras” y los diecisiete objetivos y metas de la “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, vigente en Honduras.
Lo que, es más, estando por vencer el Plan de Nación 2010 -2022, debería presentarse por sociedad civil, desde lo local, un diseño de Plan de Nación 2022 -2034, que sería oficializado, respetado y cumplido, por el nuevo y sucesivos gobiernos, para asegurar la libre determinación, voluntad soberana y el derecho al desarrollo y a la democracia, del pueblo. Ello sería, asimismo, el mejor homenaje al significado de nuestra independencia nacional en el Bicentenario de la misma, en este año 2021.
La ciudadanía debería plantearlo, como demanda política electoral, para asegurar elecciones auténticas y justas que le posibiliten ejercer su derecho al voto, de manera libre, responsable y consciente de sus implicaciones sobre su vida, en la sociedad y en el Estado.
