Tegucigalpa – Luego de realizar un análisis a los tres anteproyectos de Ley que han sido turnados al Congreso Nacional, Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), realizó una serie de recomendaciones técnicas para que la conformación de la Nueva Junta Nominadora y la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a fin de garantizar la promoción de la justicia independiente.
Actualmente han sido presentados ante el CN tres anteproyectos de ley para mejorar la elección de la Junta Nominadora y con ello, la elección de altos funcionarios que corresponde al Poder Legislativo: uno de los anteproyectos fue elaborado por la Secretaría de Transparencia, el segundo por la diputada Fátima Mena, del Partido Salvador de Honduras (PSH); y un tercero, por el diputado Rasel Tomé, del Partido Libertad y Refundación (Libre).
El director de Justicia y Seguridad de ASJ, Kenneth Madrid, expuso que luego de analizar las fortalezas y debilidades de las tres propuestas, recomiendan que se fortalezcan los procesos de la Junta Nominadora y no debilitarla creando otros órganos de elección.
De igual manera, ASJ propone establecer una prohibición expresa para que los candidatos y miembros de los órganos de elección no estén participando activamente en partidos políticos.
También, aplicar una restricción para que la JN no pueda proponer candidatos y que la presidencia de este órgano no recaiga exclusivamente en la CSJ.
Asimismo, señaló que es urgente limitar la participación del Congreso Nacional en los procesos de selección, ya que el involucramiento y concentración de las actuaciones no contribuye a una elección revestida de idoneidad y meritocracia, sino más bien política y acorde a intereses partidarios.
La ASJ, también insistió en la importancia de una veeduría constantes tanto a nivel nacional como internacional, por ello se estan haciendo gestiones importantes para cooperación en cuanto a veeduría internacional.
Finalmente durante la presentación los ejecutivos de ASJ, destacaron que es necesario implementar declaraciones de conflicto de interés y patrimoniales para los miembros de los órganos de elección y candidatos, y destinar una partida de financiamiento para la JN desde el presupuesto general de la República el año en que va a funcionar, para asegurar de esa manera la diligencia e independencia en sus actuaciones. LB
