Tegucigalpa – Este martes 1 de agosto la Junta Proponente divulgará la nómina de cinco aspirantes finales al cargo de Fiscal General y Fiscal Adjunto del Ministerio Público para los próximos cinco años.
– Existen dos recursos de amparo interpuestos ante la Sala de lo Constitucional por los postulantes descalificados Mario Urquía y Luis Javier Santos. La admisión con suspensión del acto reclamado entorpecería el proceso de elección.
– Algunos escépticos prevén que no se alcanzará el respaldo de los fiscales en la Cámara Legislativa, por lo que continuará el actual fiscal por más del tiempo que la ley establece. Otro escenario es declarar emergencia en el MP y nombrar una interventora para nombrar las nuevas autoridades.
El proceso que inició con 26 autopostulaciones se redujo a 13, 11 hombres y dos mujeres. Ellos llegaron hasta la etapa final de las audiencias públicas que culminaron la semana anterior.
La Junta Proponente enviará al Congreso Nacional este martes la nómina de cinco aspirantes a fungir como cabezas de la Fiscalía. El Parlamento deberá seleccionar a los dos profesionales del derecho que dirigirán el ente acusador del Estado, pero para ello se ocupa el respaldo de las dos terceras partes de la Cámara, es decir 86 votos.
Existen sendos recursos de amparo interpuestos por Mario Urquía y Luis Javier Santos, ambos apartados del proceso por la Junta Proponente, y que en el caso que la Sala de lo Constitucional los acepte con suspensión del acto reclamado, se entorpecería la elección, de acuerdo a lo expresado por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Ráquel Obando.
Hasta la etapa final llegaron dos mujeres: Reina Valerio y Jenny Almedares, las cuales de hecho ya están en la lista de los cinco, por el compromiso de respetar la equidad de género. De hecho el integrante de la JP, Julio Raudales, admitió que las dos togadas están ya en la lista de los cinco y que deberán seleccionar los tres restantes.
A continuación Proceso Digital te ofrece el perfil de cada uno de los postulantes finales, así como lo más importante que dijeron cuando se presentaron a las audiencias públicas.
1. Marcio Cabañas Cadillo
Tiene 47 años, nació en la ciudad de Tegucigalpa y es soltero, su número de colegiación 07431.
Es licenciado en ciencias jurídicas y sociales desde 1999, se graduó como abogado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) en 2002, sacó una especialización en derecho penal y procesal penal en 2016 en la UNAH y una maestría en políticas públicas y gestión de seguridad en 2013 en la Universidad Nacional de la Policía.
Laboró como procurador en el Bufete Velásquez de 1998 al 2000, analista de investigación III en la Secretaría de Seguridad en el 2000, fiscal auxiliar en el Ministerio Público en Choluteca del 2001-2002, posteriormente ha tenido varias rotaciones en la sede de Tegucigalpa.
Actualmente está asignado en la Fiscalía Especial contra Delitos Tributarios y Conexos desde el 2018.
Cabañas Cadillo enfatizó que la Fiscalía debe liderar la política criminal en el país de una forma protagónica, igualmente resaltó la importancia de fortalecer el programa de protección de testigos y apoyo decidido a las acciones de una eventual Misión de Apoyo Internacional contra la Corrupción.
2. Johel Antonio Zelaya
Tiene 43 años, nació en el municipio de Reitoca en Francisco Morazán, está casado con Gloria María Barrientos y su número de colegiación es 10344.
Obtuvo la licenciatura en ciencias jurídicas en la UNAH en 2004, el título de abogado en 2009 siempre en la UNAH y el título de notario en 2014 en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Inició su carrera laboral como asesor externo de la Procuraduría General del Ambiente del 2005 al 2006, seguidamente fue asesor legal en la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) hasta el 2015.
Actualmente se desempeña como asesor legal desde el 2014 en la ONG “Acción Honduras”, asesor legal en Grupo Flores desde el 2015, socio mayoritario desde el 2015 en el Despacho Legal Zelaya y Asociados, desde el 2022 es consultor externo en el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT). También es actual regidor en el municipio de Reitoca desde el 2022.
Aboga para que cada fiscal se convierta en Fiscal General, empoderar a los funcionarios del MP y que los cargos sean ocupados por meritocracia.
3. Kevin Alessandro Solórzano
Tiene 40 años, es originario de Tegucigalpa, está casado con Linda Sofía Lagos Osorio y su número de colegiación es 13363.
Sacó la licenciatura en ciencias jurídicas en 2007 en la UNAH, el de abogado fue en 2015 en la UNAH.
Ha desempeñado cargos de asistente técnico y oficial de información pública en la Dirección General de la Marina Mercante; analista de investigación, fiscal auxiliar y fiscal titular en el Ministerio Público.
Sus trabajos en el MP los ha realizado en las sedes de Tegucigalpa, Tocoa y Comayagua.
Durante su comparecencia propuso elevar a dirección la Unidad de Protección de Testigos para fortalecer los casos que empuja ese ente acusador.
4. Julio Vladimir Mendoza
Tiene 44 años, nació en la ciudad de San Pedro Sula, está casado aunque su expediente no especifica con quién y su número de colegiación es 10791.
Sacó la licenciatura en ciencias jurídicas y sociales con orientación en derecho mercantil en 2005.
Se ha desempeñado en Bufete Maldonado y Asociados, colaborador para la vicerrectoría académica de Unitec, asesor legal en la Dirección de Protección al Consumidor y actualmente es comisionado en el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
Durante su presentación señaló que su primer trabajo sería hacer una reorganización institucional, sentarse con los directores especiales y hacer alianzas estratégicas.
5. Yuri Fernando Melara
Tiene 57 años, nació en el Distrito Central, está casado con Marisa Scarleth García Linares y su número de colegiación es 2289.
Sacó la licenciatura en ciencias jurídicas y sociales con orientación en derecho mercantil en 1988 en la UNAH, el título abogado en 1995, en 1996 el de notario público, maestría en derecho empresarial en 2003 en Unitec, maestría en derecho procesal en 2012 en Unitec, doctorado en derecho tributario y mercantil en 2020 en la Universidad de San Carlos en Guatemala.
Melara se ha desempeñado en los Juzgados de Letras de Tegucigalpa, Olanchito y Juticalpa en diferentes instancias y cargos.
También fue registrador en el Registro de la Propiedad en Juticalpa en 1989, Fiscal Adjunto del 2004 al 2005, presidente del Colegio de Abogados de Honduras, Instituto de Previsión Social del Profesional del Derecho.
Igualmente, fue consultor legal externo en el Banco Mundial, Ministerio de la Presidencia, Instituto Nacional de la Mujer, Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG). También ha impartido las asignaturas de Derecho Procesal Civil en la UNAH y Derecho Bancario en UTH.
Expuso en su comparecencia que Honduras necesita una Ley de Extradición porque el vigente auto acordado no es suficiente para empujar estos procesos judiciales.
6. Félix Antonio Coca
Nació en el municipio de Guaimaca en Francisco Morazán, tiene 52 años, está casado y su número de colegiación es 07277.
Tiene una maestría en derecho procesal penal en la Universidad Tecnológica Centroamericana (Unitec), la profesión del derecho la obtuvo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
Laboró del 2002-2007 como fiscal auxiliar en el Ministerio Público de San Pedro Sula, hasta el 2010 fue fiscal auxiliar en la Fiscalía Especial de Derechos Humanos en Tegucigalpa, 2010-2015 fue fiscal coordinador de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, 2015-2016 estuvo en la Fiscalía Especial de la Niñez y actualmente es el jefe de la unidad de delitos cometidos en contra de los sectores económicos y de finanzas.
Urgió que la Fiscalía debe involucrarse a la sociedad, especialmente con los grupos vulnerables.
7. Carlos Roberto Cálix Hernández
Nacido el 7 de septiembre de 1968 (54 años) en Santa Bárbara y con colegiación 3,323. El abogado Cálix Hernández tiene un postgrado de Justicia Penal obtenido en Costa Rica y una maestría en Derecho Penal lograda en Nicaragua. Está casado con Yessenia Suyapa García Alvarado y tiene un hijo.
Fue juez de paz, defensor público, juez de letras, magistrado de Corte de Apelaciones, director de administración de personal y jefe de la División Legal del Ministerio Público, este último cargo desde octubre de 2018 hasta la fecha.
Actualmente también imparte clases de la licenciatura de Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio (UCENM).
Apareció en la nómina final de aspirantes al cargo de Fiscal General y Fiscal Adjunto en 2018.
En su audiencia pública, señaló que la honestidad es un valor integral y que es importante en el desempeño de la vida privada, personal y pública así como en el respeto de las leyes. Sostuvo que la transparencia es el método para darle más confianza a la ciudadanía en la institución.
8. Pablo Emilio Reyes Theodore
Abrió sus ojos al mundo el 21 de junio de 1983 (40 años) en Tegucigalpa, Francisco Morazán y con colegiación 14,905. Estudió en el Instituto San Miguel y egresó como abogado en la UNAH, tiene un máster en Derecho Empresarial en la Universidad Tecnológica Centroamericana (Unitec). Está casado con Valentina María Suárez Perdomo.
Ha desempeñado cargos como escribiente, procurador, asesor, liquidador de la DEI y director de la firma legal CONSULTUS desde 2020 hasta la actualidad.
En su comparecencia pública, consideró que el personal de la Fiscalía debe someterse a constantes evaluaciones y pruebas toxicológicas, psicométricas y socioeconómicas para constatar que los empleados no se desvíen del camino.
Propuso fortalecer y mejorar la investigación en hechos penales, reconociendo que es la mayor debilidad del Ministerio Público en investigar estos aspectos. Sugirió que dentro del ente acusador debe haber una unidad de protección a los fiscales que se encargan de llevar casos de alto impacto y de crimen organizado.
9. Ivis Antonio Discua Barillas
Nació el 10 de septiembre de 1951 (71 años) en El Progreso, Yoro, y con colegiación 1,558. Egresó como abogado de la UNAH en 1980, tiene un doctorado en Derecho Mercantil y también es notario. Casado con Francisca Adilia Matute, procrearon cuatro hijos.
Laboró en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), fue secretario municipal de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (1990), magistrado de la CSJ (1998-2022), asesor legal de la AMDC, Ministerio de Seguridad (2010-2014) y alcaldía de San Pedro Sula (2014-2022).
En la docencia universitaria impartió clases de derecho en la Universidad José Cecilio del Valle, en Unitec y la UNAH.
En su audiencia ante la Junta Proponente, se refirió a la figura de la prisión preventiva comentando que la mayoría de las personas deben defenderse en libertad y que esta medida es una excepción a la regla, sin embargo, se ha invertido con el tiempo.
Puntualizó que se debe enfatizar en mejorar la imagen del Ministerio Público es el acceso, explicando que una persona tiene que tener acceso si tiene un caso en su contra, pero teniendo límites. En ese sentido, planteó instalar una plataforma tecnológica que permita dar seguimiento de manera fácil y accesible a las personas implicadas en un caso.
10. Jenny Gabriela Almendares Flores
Nacida en Tegucigalpa, Francisco Morazán, el 12 de marzo de 1971 (52 años), y con colegiación 3,951. Egresó como Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNAH en 1993 y tiene una especialidad en Derecho Penal y un máster en Derecho Procesal Penal.
Tiene 30 años de ejercicio profesional, fue viceministra de Derechos Humanos, fiscal del MP por 20 años, una certificación como consultora internacional de la ONU y ha trabajado de manera independiente. Es la hija del exrector de la UNAH, Juan Almendares Bonilla. Es soltera y tiene un hijo.
En la audiencia ante los proponentes cuando fue consultada sobre implementar medidas para evitar el uso indebido de información confidencial en casos de corrupción, contestó que debe efectuarse políticas públicas dentro del MP que defina cuál es la información que se pueda brindar para transparencia y justicia, y cuales no pueden revelarse.
La profesional del derecho contó que una de sus aspiraciones como Fiscal General es que el MP tenga iniciativa de ley para propugnar las reformas que limitan la facultad investigativa.
Aunque en caso que no logre que el MP tenga iniciativa de ley, propuso luchar con las políticas públicas en coordinación con los entes de persecución penal como el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) para lograr que las investigaciones no sean lentas y haya un ejercicio de la acción penal pronta.
11. Mario Alexis Morazán Aguilera
Con 46 años, nació el 4 de enero de 1977 en la capital Tegucigalpa, tiene colegiación número 8,757. Tiene maestría en DDHH y Doctorado en Derecho Penal obtenidos en Costa Rica. Abogado de la UNAH, con especialidades en Derecho Penal y Procesal Penal. Soltero y no tiene hijos.
Fue juez de Paz, fiscal auxiliar, ministro consejero en la embajada en Costa Rica, fiscal titular, director de política migratoria de Cancillería (2022) y actual secretario general de la Procuraduría de la República.
Ha impartido cátedra de Derecho de Integración y Derecho Penal en la UNAH, Unitec y Ceutec.
En su participación pública ante la Junta Proponente, cuestionó que existen varias fiscalías en el MP que no están desempeñando su labor, por lo que urge una reingeniería. “El Ministerio Público es parsimonioso, no se trata de ejercer las funciones a ultranza, sino enmarcados en la ley. Se debe dar una respuesta asertiva y eficaz al amplio mandato que tiene la institución”, dijo.
Abogó por una persecución penal apegada a los límites legales y constitucionales, se debe utilizar toda la institucionalidad con todas las capacidades de las diferentes direcciones.
Sobre la Dirección de Medicina Forense, apuntó que ha estado abandonada por parte de las máximas autoridades de la Fiscalía. “Una obligación del próximo fiscal es reforzar a Medicina Forense y para ellos se debe tener un presupuesto adecuado, hay que solicitar que se cumpla el presupuesto que por ley corresponde a la institución (3 % del presupuesto general)”, refirió.
12. Reina Teresa Valerio Harry
Nacida el 17 de junio de 1974 (49 años) en Tela, Atlántida. Tiene el número de colegiación 6,365. Egresada en 2002 como abogada en la UNAH, tiene una especialidad en Derecho Internacional de Derechos Humanos en la Universidad para la Paz de Costa Rica. Es de la raza garífuna, soltera y sin hijos.
Se ha desempeñado como fiscal auxiliar, coordinadora de fiscalía, fiscal especial de la defensa de la Constitución, asistente dirección general de fiscalía y actual coordinadora regional de zona norte.
En la etapa de audiencias, la postulante se pronunció en contra de quitar a Medicina Forense bajo la égida del Ministerio Público.
Sobre la intervención en las comunicaciones para delitos con penas menores de cinco años, arguyó que no corresponde, ya que la herramienta judicial debe ser utilizada para casos mayores.
Mientras, sobre la filtración de llamadas que involucran a personas públicas, refirió que deben ser consideradas como delito y perseguir a los responsables porque se violan derechos de privacidad.
La profesional del derecho lamentó la impunidad que ha primado en Honduras. En el caso específico de cinco líderes garífunas desaparecidos hace tres años en Triunfo de la Cruz, citó que se debe revisar los equipos asignados a estos casos complejos y tratar de ofrecer una respuesta digna a las familias afectadas.
13. Raúl Hernán Silva Baltodano
Nacido el 1 de noviembre de 1950 (72 años) en Tegucigalpa, Francisco Morazán, con colegiación 1,077. Título de doctor en derecho en 1975. Casado con Gessenia Moncada, tiene un hijo.
Con 45 años de ejercicio profesional, fue diputado al Congreso Nacional por el departamento de Choluteca, se desempeñó dos veces magistrado en la Corte Suprema de Justicia, y ministro asesor de la Presidencia de la República (2009).
En su audiencia pública dijo que el MP necesita una profunda depuración de sus funcionarios en todos los niveles, por incapaces, corruptos y negligentes en un considerable porcentaje de ellos.
Por otro lado, manifestó que está a favor de que se instale en Honduras un mecanismo internacional contra la corrupción (CICIH), pero está en contra de las Zonas de Empleo de Desarrollo Económico (ZEDEs).
“Estoy en contra de las ZEDEs porque en el territorio de Honduras no se debe entregar ni la sombra de una hoja, de la soberanía de Honduras no se debe entregar la dignidad del pueblo hondureño”, dijo.
Este martes se conocerá a los cinco profesionales del derecho que integrarán la nómina que enviará la Junta Nominadora al Congreso Nacional para elegir al Fiscal General y Fiscal Adjunto del Ministerio Público para el periodo 2023-2028. PD
