Congreso salvadoreño recibe solicitudes de 4 aspirantes a procurador general

San Salvador – Cuatro abogados de El Salvador han presentado sus solicitudes para participar en la elección del nuevo titular de la Procuraduría General de la República (PGR) para el período 2019-2022, informó este viernes la Asamblea Legislativa.

El órgano de Estado abrió el pasado 15 de enero el proceso de recepción de documentos de los interesados y determinó que el plazo habilitado para que los profesionales interesados entreguen sus papeles es el lunes 11 febrero.

Indicó que las solicitudes deben incorporar, entre otros requisitos, una constancia extendida por la Fiscalía General de la República (FGR) y por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

Asimismo, los candidatos que ocuparon un cargo público deben presentar una constancia emitida por la Corte de Cuentas y otra del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en la que conste que no tiene afiliación partidaria.

El Congreso señaló que al finalizar la fase de recepción, los documentos serán remitidos a la Comisión Política del Parlamento para que se «determine el procedimiento a seguir de conformidad a lo estipulado en la Constitución de la República y el Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa».

Esta misma Comisión Política es la misma que el 21 de diciembre de 2018 eligió al abogado Raúl Melara como nuevo fiscal general de la República.

Melara ocupará su cargo hasta 2022 al igual que el nuevo procurador, que sustituirá a la jurista Sonia Cortez de Madriz, titular de la PGR desde abril de 2016 cuando los diputados del Congreso la eligieron con 83 votos de los 84 posibles.

El artículo 192 de la Constitución establece que para ser elegido procurador general se debe «ser salvadoreño, del estado seglar, mayor 35 años, abogado de la República, de moralidad y competencia notorias; haber servido una Judicatura de Primera Instancia durante 6 años o haber obtenido la autorización para ejercer la profesión de abogado por lo menos 8 años antes de su elección».

Además, «estar en el goce de los derechos de ciudadano y haberlo estado en los seis años anteriores al desempeño de su cargo».

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