El decreto –que fue remitido la noche del martes por el Poder Ejecutivo-, fue dictaminado por los diputados Daniel Flores Velásquez, Donaldo Reyes, Oswaldo Ramos Soto, José Toribio Aguilera, Celín Discua Elvir, Orle Aníbal Solís, Victoria Carrasco García, y Germán Leitzelar en calidad de asesor, y aprobado en un solo debate.
El decreto contó con el apoyo de 79 congresistas, 25 abstenciones y tres votos en contra.
El artículo 1 del decreto aprobado, en uno de tres debates: “Ordena al poder Ejecutivo para que en un término perentorio de tres días proceda a fijar el salario mínimo de conformidad a lo que establece la ley”.
El artículo 2 manda: “Adoptar medidas transitorias de emergencia consistentes en que el salario mínimo que se fije no deberá ser utilizado como referencia para el incremento de manera automática y directa de los salarios contemplados a servidores públicos regulados por leyes especiales o estatutos profesionales”.
El artículo 3 dice: “Dejar en suspenso durante la vigencia de este decreto los regímenes económicos establecidos en los diferentes estatutos profesionales,
El artículo 4 manda: “El Poder Ejecutivo en un plazo de 90 días, y previa negociación con las organizaciones gremiales fijará el ajuste al sueldo base de los servidores públicos regulados por leyes especiales o estatutos profesionales de acuerdo a la política salarial del estado, sin que esto incremente los beneficios colaterales”.
Artículo 5: “Para mejorar la administración del sistema educativo en uso de las facultades que le confiere la ley de procedimientos administrativos, el Poder ejecutivo deberá ordenar la intervención de la oficina de recursos humanos docentes de la secretaría de Estado en el despacho de Educación”.
Artículo 6:”El presente decreto tendrá vigencia de un año a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta”.
El decreto fue ratificado anoche mismo por los congresistas.
El presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, dijo que la decisión se enmarcaba en la necesidad de aprobar un beneficio para los más pobres.
Es una decisión, dijo, que beneficiará a más de 500,000 trabajadores y permitirá a los maestros sentarse con el Ejecutivo para definir una ruta clara para establecer una política salarial en el país.
Según Hernández “este decreto viabiliza que se sienten a conversar (maestros y Gobierno) y produzcan a más tardar en tres meses un resultado, porque también el maestro merece un incremento salarial”.
Confió que “este proyecto va a provocar un gran pacto nacional para definir una política salarial”.
Diputados advierten crisis
En la discusión, el diputado del Partido Unificación Democrática (UD, de izquierda) pidió la suspensión de la discusión en tanto se iniciaba una concertación con los maestros, pero la solicitud no fue atendida.
El diputado de ese colectivo Sergio Castellanos, dijo que a pesar de que no se planteaba claramente, lo que se estaba aprobando era una reforma al Estatuto del Docente.
“Esta es una reforma al Estatuto del Docente”, aseveró el congresista, quien cuestionó la ligereza con que se estaba aprobando el proyecto de ley, al grado que ni siquiera tenían en sus manos los documentos en discusión.
Dijo estar de acuerdo con la urgencia que el poder Ejecutivo apruebe el aumento al salario mínimo de los trabajadores no organizados, pero en contra de que se haga sacrificando a otros grupos sociales, en este caso los maestros.
“Tomar una decisión de este tipo no creemos que sea correcto. Busquemos un consenso”, recomendó.
El también diputado de la UD, Marvin Ponce, advirtió a la Cámara de Diputados que la decisión a adoptar traería consecuencias, pues los docentes advirtieron que no se quedarían de brazos cruzados.
En opinión de Ponce, vicepresidente del Congreso Nacional, el Ejecutivo no estaba cumpliendo los acuerdos con el sector docentes.
“Este es un elemento que va a venir a dividir más al pueblo hondureño, yo les aseguro que las convocatorias de los maestros a instalarse permanentemente en este congreso”, se van a dar, advirtió.
“El Congreso es el que recibe los golpes después, por eso es que los diputados tenemos mala fama porque aquí se aprueban todas las cosas malas. Quitarle un derecho a un sector que ya lo tiene adquirido es una cuestión terrible en un país que tiene poca seguridad social”, planteó el congresista, que calificó la decisión a tomar como “terrible”.
La diputada María Bertilia Zepeda también estuvo en contra del proyecto “porque se estaría vedando un derecho, que es una ley”, al tiempo que advirtió que “los compañeros maestros no se van a quedar con los brazos cruzados, y la crisis viene y nadie la detiene”.
