Tegucigalpa – El Poder Legislativo (CN) se pronunció sobre los últimos proyectos de ley aprobados, uno de ellos tiene que ver con la inmunidad parlamentaria y el otro con la asignación de fondos departamentales, por lo que este poder del Estado considera que “la información que circula no es más que una campaña de desinformación por sectores políticos”.
En un comunicado oficial, el Congreso lamenta la campaña de desinformación impulsada por sectores sociales y políticos que le apuestan a la confrontación del pueblo hondureño como mecanismo para obtener espacios mediáticos y de poder a costa del caos provocado por sus falacias, y niega rotundamente que lo aprobado en la sesión del pasado miércoles 16 de octubre, y que fue publicado este día en el Diario Oficial La Gaceta, se trate de una reactivación de la inmunidad parlamentaria.
El escrito señala que, el hondureño interesado puede verificar en la publicación de La Gaceta, que se adjunta a este comunicado, que la reforma aprobada a la Ley Orgánica del Congreso Nacional, “no blinda a ningún diputado de la posibilidad de ser acusado formalmente ante los tribunales de justicia del país” por la comisión de cualquier delito de índole común o relacionado con la corrupción gubernamental.
En ese sentido indican que “los 92 diputados consideraron justo fue establecer un fuero legislativo similar a la que ya existe en todos los parlamentos o congresos nacionales del continente americano, que abarca la responsabilidad civil, administrativa y penal, surgida únicamente por su gestión legislativa”.
Por lo que explican: es decir por votar a favor o en contra de alguna ley o moción, por presentar iniciativas legales, por participar en comisiones de dictamen o en comisiones de estilo y por sus aportes durante los debates legislativos, entre otras acciones, que en su calidad de representantes del pueblo la ley les exige cumplir.
Según el Poder Legislativo, Honduras era el único país de América que no incluía esta salvaguarda en favor de sus diputados, lo que había hecho que el CN se mantuviera prácticamente paralizado durante el último año por el temor de muchos parlamentarios de firmar dictámenes, presentar proyectos de ley e incluso de votar o de participar en debates legislativos, por la posibilidad de ser acusados solo por cumplir con la responsabilidad que el pueblo hondureño les había trasladado mediante su voto en las elecciones.
“Rechazamos enfáticamente que esta reforma se trate de una coraza de inmunidad como han acusado ciertos sectores de manera malintencionada”, agrega el escrito.
Y finalmente sostiene que la comisión de cualquier delito común o relacionado con la corrupción podrá representar para todo diputado una acusación formal sin seguir ningún trámite adicional al que se debe cumplir por acusar al más común de los ciudadanos del país, esto gracias a la reforma aprobada por este Congreso Nacional el 23 octubre 2003 y ratificada el 29 de julio del 2004, que eliminó para siempre la inmunidad parlamentaria de cualquier estamento legal del país.
