Tegucigalpa – El Congreso Nacional aprobó en las últimas horas en tercer y último debate, la totalidad de la Ley de Transparencia y Responsabilidad Fiscal, la que incluye temas como poner un techo al gasto corriente, al endeudamiento público, contratación de personal y establece las sanciones, entre otros temas.
En la discusión de la ley efectuada la semana pasada, quedaron en suspenso los artículos tres, cuatro, 15, 16 y 17, los que se retomaron en la sesión de este martes con los aportes de la comisión dictaminadora y de los diputados de todas las bancadas representadas en el Congreso Nacional.
En la discusión y aprobación de esta ley participó un equipo técnico de la Secretaría de Finanzas, encabezada por el ministro Wilfredo Cerrato; la directora general de Política Tributaria, María del Carmen Jovel; la jefa de la Unidad de Planeamiento y. Evaluación de Gestión, Elizabeth Rivera y la directora general de Franquicias Aduaneras, Alejandra María Chang, entre otros.
El ministro de Finanzas, Wilfredo Cerrato, aclaró que esta ley no es una imposición del Fondo Monetario Internacional (FMI), sino una iniciativa para no poner en riesgo los salarios de los empleados públicos y el pago a proveedores.
Asimismo, destacó que en 2014 y 2015, no hay deuda flotante y para los años anteriores se está haciendo una auditoría que será entregada en septiembre próximo al tiempo que explicó que se logró reducir el déficit fiscal de 7.9 a tres por ciento, lo que equivale a 22 mil 500 millones de lempiras, por lo que no fue necesario salir al sistema financiero a negociar un endeudamiento por ese monto.
La ley tiene como objetivo mejorar la transparencia de la gestión pública y lograr solvencia fiscal sostenible en el tiempo. La normativa contiene reglas claras porque hay conciencia de la necesidad creciente en todo el mundo de que las finanzas públicas necesitan un compromiso de mediano y largo plazo en la disciplina fiscal.
La ley está orientada a evitar que el país vuelva a caer en situaciones de alto déficit en el gasto corriente, como entre el 2009 y 2013, cuando el déficit fiscal se elevó al 7.9 por ciento y la deuda incrementó a niveles actuales por el orden del 46 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
Mediante esta legislación, se adoptarán los principios presupuestarios de rendición de cuentas, transparencia y estabilidad de principios consistentes con las mejores prácticas internacionales.
En el estamento jurídico se crea la Dirección General de Política Macro Fiscal (DGPMF), responsable de la definición de políticas macro-fiscales, dar seguimiento a las finanzas públicas y la economía, elaborar proyecciones económicas y fiscales, para la toma de decisiones de las autoridades superiores, a fin de lograr una política fiscal sostenible, en beneficio de la sociedad hondureña.
La DGPMF será una dependencia adscrita al ministro de Finanzas y estará a cargo de un director y un subdirector.
Asimismo, se establece el Marco Macro Fiscal de Mediano Plazo (MMFMP), como un instrumento de la planificación financiera del Sector Público no Financiero (SPNF), para un período determinado. Tiene su fundamento en la evaluación del comportamiento de las distintas variables económicas y fiscales y se constituye en la herramienta fundamental para la formulación de la política fiscal, que se concreta en el Presupuesto de Ingresos y Egresos del gobierno.
El propósito fundamental de elaborar un MMFMP es contar con un instrumento que permita la toma de decisiones estratégicas sobre la orientación de la política fiscal, la forma en que ésta debe contribuir al logro de los objetivos del gobierno y su impacto en el desempeño macroeconómico del país; generándose una previsión que apoye a la formulación anticipada de la política económica en general.
Una de las novedades es que se establecerá un límite en el déficit del sector público y una restricción a la tasa de crecimiento del gasto corriente. Se fijará una cláusula transitoria que define la ruta para obtener los objetivos programados hasta 2019.
Los objetivos serán compatibles con las metas fiscales del programa económico del gobierno hondureño. El proyecto incluye temas como: poner un techo al gasto corriente, al endeudamiento público, contratación de personal y establece las sanciones, entre otros temas.
En el tema de las exoneraciones, en el caso de las instituciones del Estado que las generan, deberán contar con una opinión favorable de la Secretaría de Finanzas y detallar el monto del sacrificio fiscal para lo cual deben inscribirse en esa dependencia.
En esta nueva ley se establece que las personas jurídicas solamente podrán gozar de un tipo de exoneración para evitar una duplicidad de ese beneficio fiscal que va en menoscabo de las personas naturales.
Por iniciativa del presidente de la comisión de dictamen, Francisco Rivera, se suprimieron los artículos 24, 25 y 26 que se refieren sanciones ya que están contemplados en otro artículo. Asimismo, se eliminó el artículo 32.
Al final de la aprobación, el ministro de Finanzas, Wilfredo Cerrato, felicitó a los diputados por haber actuado con responsabilidad en un tema muy importante e histórico para el país como es el tema fiscal.
