Tegucigalpa – El Congreso de Honduras es el más opaco y cerrado del continente americano, con prácticas poco transparentes que lo mantienen en la cola del último ranking, según un informe publicado por el Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa 2023 (ILTL 2023).
El ILTL 2023 se calculó a través de encuestas aplicadas a los Congresos o Asambleas Nacionales de catorce países latinoamericanos, uno más que en la medición anterior. Estos son: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Los dos últimos no participaron en la edición previa. Finalmente, la Asamblea Nacional de Venezuela no fue evaluada.
La Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa (RLTL) reúne a 32 organizaciones de la sociedad civil de 15 países de América Latina que trabajan por la promoción activa de la transparencia, el acceso a la información, la responsabilidad y rendición de cuentas en los poderes legislativos.
Bajo la gestión de Luis Redondo, el actual Congreso ha sido uno de los más cuestionados de la historia, no solo por su poca habilidad para lograr consensos, sino también por la escasa transparencia en el manejo de recursos en apartados de viáticos o como el llamado “Fondo Departamental” o “Subvenciones” que son otorgados especialmente a los diputados afines al gobierno o para aquellos que apoyan algunos proyectos impulsados en el hemiciclo.
La constante inoperatividad con cierres que se han prolongado por meses en periodos activos legislativos, es otro lastre que arrastra la Cámara hondureña. Igualmente, la postergación de leyes, proyectos o decretos importantes que no logran el número de votos requeridos para su aprobación es otro de los denominadores comunes en esta gestión.
Desde la cuestionada juramentación “a empujones, patadas y sin los votos requeridos” del actual titular de este poder del Estado -enero de 2022-, pasando por la elección de cargos importantes en la Procuraduría General de la República, hasta la no aprobación del acta para la adhesión de Honduras a la Corporación Andina de Fomento (CAF), son apenas algunos episodios que han retratado la falta de liderazgo legislativo.
La operación el año pasado -2023- de una comisión permanente legislativa que a través de nueve diputados oficialistas realizó la elección interina de las cabezas del Ministerio Público, es otro de los actos bochornosos e ilegales, según constitucionalistas, que deja la gestión de Redondo.
Por lo anterior y muchos episodios más, el Congreso de Honduras ocupa el último lugar de la fila de los 15 evaluados por el ILTL 2023. Los seis peor calificados son: Guatemala (38.96 %), Panamá (38.93 %), Uruguay (33.32 %), República Dominicana (25.30 %), Bolivia (24.54 %) y Honduras (23.59 %).
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Los cinco parlamentos mejores calificados son: Chile (63.02 %), Perú (59.51 %), México (51.63 %), Costa Rica (50.74 %) y Paraguay (47.82 %). En término medio: Argentina (45.54 %), Colombia (44.36 %) y Ecuador (42.51 %).
Honduras, en el hoyo
El deshonroso ranking, que ubica a Honduras en el último lugar de los congresos de 15 países latinoamericanos, tacha algunas prácticas que lo convierten en el menos transparente de la región.
La Cámara Legislativa hondureña se compone por 128 diputados -de ellos 35 mujeres- de seis fuerzas políticas que integran 29 comisiones. Este Congreso no cuenta con una ley específicamente sobre la transparencia y acceso a la información pública. No existen criterios que regulen la información que es publicada y enviada a través de las solicitudes de información ni normativa nacional referente a la adopción del parlamento abierto o de datos abiertos.
Asimismo, la Asamblea Legislativa hondureña no cuenta con una normativa sobre participación ciudadana, tampoco cuenta con una ley que establezca la obligación del Congreso Nacional de consultar con la ciudadanía las reformas, nuevos proyectos de ley o derogaciones que se pretenden realizar. Es decir, las funciones legislativas del CN no cuentan con la opinión y aprobación del pueblo, reflejando menos legitimidad y aceptación.
Igualmente, no existe reglamentación sobre el cabildeo o lobby que pueden realizar los diputados del Congreso Nacional. Por otro lado, urgen las declaraciones patrimoniales de los congresistas con la finalidad de prevenir actos de corrupción que se pudieran generar desde ese poder del Estado.
En tanto, no existe un registro público de los temas a tratar en las sesiones ordinarias del Congreso, y las convocatorias a las sesiones ordinarias no están acompañadas de una agenda u orden del día. La única manera de conocer la agenda a desarrollarse en las sesiones del Congreso Nacional es estar presente en las sesiones ordinarias, ya sea en el edificio del Congreso o a través de las transmisiones en vivo de las mismas sesiones.
Las comisiones del Congreso, únicamente están obligadas a rendir un informe semestral a la Junta Directiva del Congreso Nacional, el cual no se ha realizado durante el 2022 y 2023. Sin embargo, esta información no es publicada por este poder del Estado. Además, no comprende el detalle de información como las agendas de las reuniones de las comisiones, la asistencia de las y los diputados a las reuniones o las votaciones de los mismos, ni se tiene un registro de los gastos que se realizan en las actividades de las comisiones.
La publicación de los proyectos se realiza una vez aprobado la ley, reforma o derogación. Sin embargo, el proceso de tramitación de dichos proyectos no es publicado. Adicionalmente, la publicación se realiza en una única versión y no se publica en un lenguaje inclusivo para personas con discapacidad. Tampoco se realizan versiones en un lenguaje popular o de menor tecnicismo para mayor compresión de la ciudadanía.
Otro de los cuestionamientos que se hace al CN, es que apenas hace una publicación mensual de la ejecución presupuestaria, pero esta no es de manera desagregada, omitiendo datos de interés como los gastos en alimentación realizados en las reuniones del Congreso Nacional, gastos en acciones de las comisiones ordinarias y extraordinarias, entre otros.
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De la misma forma, no se publican los gastos ejecutados por las bancadas o grupos parlamentarios del Congreso ni se conoce cuál es el porcentaje del presupuesto del Congreso Nacional que se ejecuta en las comisiones o grupos parlamentarios.
Adicionalmente, dentro de su informe de ejecución presupuestaria, únicamente establece el gasto por viáticos de manera general. Es decir, no se especifica a qué diputados o diputadas se destinaron los fondos, el objetivo y destino del viaje ni el tiempo por el cual se viajó, entre otros detalles. Es necesario que la información se brinde de manera detallada.
En este sentido, se sugiere que los gastos del Congreso Nacional en viajes de los diputados sean publicados de forma desagregada, indicando la mayor cantidad de detalles posibles.
Puntos a destacar de la medición
La Red desarrolló el Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa (o ILTL) el cual se aplica desde 2011 con el objetivo de evaluar la efectividad de las políticas y mecanismos de transparencia y participación ciudadana en los poderes legislativos de distintos países de la región.
Si se comparan las mediciones de 2020 y 2023, ocho países presentaron mejoras en su puntaje total, aunque se trata de cambios muy leves que varían desde unas pocas décimas hasta poco más de cuatro puntos, como ocurrió en Paraguay y México respectivamente. Estos países son Argentina, Chile, Ecuador, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú.
Se destaca favorablemente el caso de Perú, que casi duplicó los resultados obtenidos en 2020, pasando del 35.43 % al 59.51 %. Una mejora en el puntaje obtenido por un Congreso o Asamblea Nacional implica un mayor grado de transparencia y apertura legislativa en las distintas cuestiones que se analizan, desde las normativas existentes, las prácticas de participación ciudadana y/o el adecuado manejo presupuestario y administrativo de los mismos.
Mientras tanto, hay cuatro países (Bolivia, Colombia, Costa Rica y Guatemala) donde los puntajes disminuyeron levemente entre una medición y otra. Estas caídas van desde unas pocas décimas hasta poco más de tres puntos, como ocurrió respectivamente con Bolivia y Colombia. En la práctica implica que el Poder Legislativo en cuestión se ha vuelto, en mayor o menor medida, más opaco y cerrado a la participación ciudadana y de la sociedad civil, menos transparente o hay una menor rendición de cuentas, dependiendo el caso.
El promedio regional subió de 39.6 % en 2020 a 42.13 % en 2023. En otras palabras, hay una leve mejora a nivel regional en los niveles de transparencia y apertura de los parlamentos. Ocho de los catorce países se ubican por encima de la media regional. En gran medida, este crecimiento se explica por la mejora en los resultados generales de varios países. Mirando más en detalle, gran parte de los Congresos progresaron en lo relativo a su manejo presupuestario y administrativo y participación ciudadana. Vale destacar que la última es la dimensión de mayor peso del ILTL. PD
