Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – El Congreso Nacional aprobó este viernes la extensión hasta diciembre de 2028, lo que trasciende dos periodos constitucionales, del contrato de vigilancia para la continuidad de servicios de los proyectos “Ciudades Seguras” en al menos seis ciudades del país con la Sociedad Mercantil Dynamic Corporation, S.A. DE C.V, bajo la modalidad de adquisición directa.
– El contrato será financiada con recursos de la Tasa de Seguridad Poblacional, reza el contrato.
– La opacidad ronda el prolongado contrato
En sesión virtual, con la ausencia de cuatro bancadas y con poca claridad respecto a la asistencia y al sistema de votaciones, se aprobaron varios proyectos, entre ellos la ampliación del contrato de vigilancia del Sistema Nacional de Denuncia 911.
El proyecto, que consta de siete artículos, fue enviado por el Poder Ejecutivo y autoriza al Sistema Nacional de Emergencias 911 para que, de acuerdo a los expuesto, garantice la continuidad de servicios de los proyectos de Ciudades Seguras que se implementan en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Tela, Choluteca, Santa Rosa de Copán y Gracias, mediante la suscripción directa de un contrato con la sociedad mercantil Dynamic Corporation, S.A. DE C.V. que conlleve el sostenimiento y la continuidad de esos proyectos y sus ampliaciones.
Se trata de cinco centros a nivel nacional, con más de 4 mil cámaras y más de 44 mil llamadas diarias, de las que 12 mil son de emergencia real, se justifica.
La aprobación de esta contratación ocurre en un opaco ambiente, donde la sesión vía zoom no dejó a los televidentes, ver durante la trasmisión en el canal oficial del Poder Legislativo, cuantos diputados estaban conectados, cuantos votaron a favor, cuantos en contra o cuantos se abstuvieron. Tampoco los directivos, al frente de la Cámara, describieron con datos cuantificables lo que allí ocurrió, mientras parlamentarios de la oposición que rechazan las sesiones virtuales denunciaron lo acontecido.
La mayoría de estos contratos datan de 2013 cuando fueron firmados por la Secretaría de Seguridad mediante el proyecto Ciudades Inteligentes. Con el paso de los años se firmaron otros y ahora lo que se busca es unificarlos en uno solo, se planteó.
De acuerdo con el proyecto, aprobado bajo dispensa de debates, el mismo tiene como objetivo garantizar y homologar en un solo contrato, los servicios técnicos de sostenimiento, mantenimiento, administración, enlace de datos y soporte técnico para el hardware y software de la Plataforma Tecnológica implementados en los proyectos Ciudades Seguras.
La vigencia del contrato es por siete años y cinco meses, los que comienzan a contarse desde el 1 de septiembre de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2028.
La normativa señala que cualquier modificación o ampliación al contrato será financiado con recursos de la Tasa de Seguridad Poblacional contenida en la Ley de Seguridad Poblacional y sus reformas, ya sea en forma directa o a través del Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional, quien deberá garantizar la disponibilidad y reservas presupuestarias para atender preferentemente y en los plazos contractuales previstos, el compromiso de pago derivado del contrato ordenado en el decreto.
En el caso que no haya disponibilidad de los recursos antes expuestos, se usarán fondos del presupuesto nacional o transferencias, ya sea por créditos o donaciones al Sistema Nacional de Emergencias 911, se aprobó sin discusión alguna.
Además, el contrato suscrito estará exonerado del pago de derechos arancelarios por la importación de mercaderías, así como el pago de impuestos sobre ventas que apliquen a la importación o compra de maquinaria, insumos, equipos tecnológicos, repuestos, materiales e insumos de construcción, mobiliario para acondicionamiento administrativo, soporte, puesta en marcha, mantenimiento de servicios y equipos para la telefonía, internet de alta velocidad, banda ancha y transmisión de datos y todos sus componentes para la operatividad del contrato.
La suscripción del contrato que hace referencia el decreto, el Poder Ejecutivo debe negociar las condiciones presupuestarias y técnicas. La suscripción no requerirá de ulterior aprobación o autorización de naturaleza legislativa, prevén los diputados que aprobaron esta compra adelantada a casi dos gobiernos.
Opacidad en la aprobación
A criterio del director de Gobernanza y Transparencia de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), Lester Ramírez, cuando se aprueban este tipo de contratos bajo la opacidad, lo que generan es suspicacias entre la población.
“Estas son las preocupaciones que nos generan cuando se llevan a cabo estas sesiones del Congreso en momentos coyunturales, en plena campaña electoral en la que la atención de la población está en otras cosas”, reflexionó.
Ramírez criticó que la extensión del contrato pase dos periodos constitucionales, “por eso habrá que revisar las facultades del Congreso para aprobar estos contratos”.
El dirigente de sociedad civil aclaró que no se oponen a mejorar la seguridad y combate a la criminalidad, en lo que no están de acuerdo es a la forma que se aprueban los proyectos en el Parlamento hondureño.
“Hay que preguntarnos quién está detrás de esta empresa (Sociedad Mercantil Dynamic Corporation, S.A. DE C.V.) y si hay intereses políticos para otorgar estos contratos a la compañía”, cuestionó.
Dijo que no le extrañaría que se usen estas decisiones para “de alguna manera darle vuelta a la tortilla con la narrativa que los partidos políticos de oposición están en contra de la seguridad, de los militares y de la Policía”.
Justifican el mega contrato
En comunicación con Proceso Digital, el subdirector Nacional del Sistema 911, Juan Carlos Degrandez, dijo que previo a la finalización de los contratos con la empresa que suministra la herramienta tecnológica, mantenimiento y soporte del sistema de vigilancia, se procedió a solicitar la ampliación del contrato ante el Congreso Nacional.
Desglosó que la ampliación del contrato tiene que ver con las cámaras, transmisión de datos, tecnología de proyección, herramientas inteligentes y otros dispositivos para garantizar el proyecto de Ciudades Seguras.
“Queremos que en los siguientes años se garantice la sostenibilidad y la estabilidad a la institución. Estamos siendo responsables con el pueblo hondureño”, defendió el funcionario.
Degrandez citó que, aunque se vienen elecciones generales y con ello nuevas autoridades, “tenemos que dejar el tema resuelto”.
Mencionó que “hemos evaluado bastante el trabajo de esta empresa y prácticamente lo que estamos buscando es la ampliación de los servicios y lo que buscamos es que ambas partes cumplan con las exigencias”, manifestó.
Negociar contratos
El funcionario refirió que, aunque la ampliación se aprobó hasta diciembre de 2028, ahora se procederá a la negociación de los contratos y se prevé unificar varios que existen en uno solo.
“Pedimos al Congreso que nos permitiera trascender el periodo de gobierno porque la actual administración concluye en enero de 2022, y por eso lo sometimos al Congreso para realizar este tipo de negociación y lo que implica la envergadura del 911”, valoró.
Desglosó que son cinco centros a nivel nacional, con más de 4 mil cámaras y más de 44 mil llamadas diarias. “El proyecto va hasta el 2028 porque la inversión que se hace sería difícil cubrirla en periodo corto de tiempo”, indicó.
El personero del sistema 911, resaltó que la operatividad a nivel del sistema de cámaras de vigilancia sobrepasa las expectativas.
Hasta la fecha se han atendido más de 5 millones de emergencias en los campos de seguridad, salud, accidentes, emergencias y otro tipo de contingencias, justificó.
“La inversión vale la pena y debe seguir por muchos años. Los números de emergencias atendidas nos respaldan”, enfatizó. (JS)
