El “Comité pro defensa de la capital”, como se le denomina al grupo, estará encargado de dialogar con el presidente, Manuel Zelaya, a quien pedirán revertir su decisión de cerrar el aeropuerto capitalino a los vuelos internacionales.
A la reunión asistieron representantes de organizaciones de El Paraíso y Olancho que están preocupados por el anunciado cierre de Toncontín, tras el accidente del vuelo 390 de la aerolínea salvadoreña TACA, que dejó un saldo de cinco personas muertas.
El comité estará integrado por representantes de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT); la alcaldía capitalina; iglesias católica y evangélica; arrendadores de vehículos; Cámara Nacional de Turismo de Honduras (CANATURH); Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (CHICO), cambistas de moneda, taxistas, maleteros y tiendas libres de la terminal aeroportuaria.
Diputados de las cinco bancadas del Congreso Nacional por el departamento de Francisco Morazán; Central General de Trabajadores (CTH); Cámara de Comercio e Industria de Danlí, El Paraíso; el Sindicato Nacional de Motoristas de Equipo Pesado de Honduras (SINAMEQUIPH) y las municipalidades de Valle de Ángeles y Santa Lucía, entre otros sectores.
Según la información preliminar de la CCIT los negocios relacionados al rubro del turismo y al empleo en el aeropuerto, han tenido pérdidas que oscilan entre el 50 y 90 por ciento, situación que podría agudizarse y llegar hasta el despido masivo de trabajadores, si el mandatario mantiene su decisión de restringir los vuelos en aeródromo.
El empresario Emilio Larach, miembro del Comité, dijo a periodistas que el problema provocado por el cierre parcial de Toncontín debe ser solucionado a través del diálogo, pues para encontrar un arreglo satisfactorio para la capital y otras regiones del país, no hay necesidad de confrontar al gobierno con los diferentes sectores sociales.
Hay que hablar con los representantes del gobierno para darle los argumentos de los afectados, pero que hablen claro porque “no se quien está mal aconsejando al presidente”, arguyó.
Añadió que el arreglo del problema “está en manos de los que vivimos en Tegucigalpa, que somos los que sentimos los problemas y el presidente gobierna para todos, por lo que debe acatar lo que dicen las mayorías”.
Por su parte, el obispo auxiliar de Tegucigalpa, monseñor Juan José Pineda, alabó la unidad demostrada por los diferentes sectores en defensa de los intereses de la ciudad ya que para él el problema no sólo es el aeropuerto sino todo los efectos que esto traería a la economía de la capital.
“Dejando caer esa primera pieza se nos cae el resto de la ciudad y eso no lo podemos permitir porque la ciudad de Tegucigalpa la hacemos nosotros los que nacimos aquí”, parafraseó, dando a entender que si el aeródromo permanece restringido poco a poco la capital colapsará en su economía.
“Esa responsabilidad ciudadana, esa responsabilidad civil y ese amor natural a nuestra ciudad no es negociable, nosotros tenemos derecho a decidir y a decir algo respecto a nuestra ciudad. Nos han vendido el concepto de Poder Ciudadano, pues entonces que sea cierto, nosotros somos ciudadanos y el poder que nos están quitando como ciudadanos lo estamos reclamando en este momento”, refirió el prelado
Instó a que los capitalinos reclamen en forma pacífica los derechos que les corresponden y “nosotros, la iglesia católica estamos en Tegucigalpa, estamos con Tegucigalpa y estamos con esta causa”
El alcalde municipal, Ricardo Álvarez, declaró que inicialmente el comité se encargará de convencer al presidente sobre la necesidad de reabrir los vuelos internacionales en el aeropuerto capitalino, pero su labor continuará en forma permanente para buscar soluciones conjuntas a la problemática que enfrenta la ciudad y lograr su desarrollo.
Las pérdidas que se tienen son grandes porque aparte de la capital afectan los municipios aledaños y departamentos como Choluteca, Valle, El Paraíso y Olancho, “y el impacto irá como un efecto dominó afectando poco a poco la clase trabajadora, atacando la inversión, desmotivando al empresario que invierte en nuestra ciudad, y esto realmente es grave”, estimó.
Reconoció que el presidente tomó una buena decisión al decidir utilizar la base aérea de Palmerola como aeropuerto para la capital, algo que ningún gobierno anterior hizo, “pero no intempestivamente, no a la ligera, no sin la planificación debida, que es lo que ha causado el daño y el malestar en todos los ciudadanos de la capital que estamos unidos alrededor de este tema”.
Consideró que si Zelaya en forma rápida tomó la determinación de cerrar parcialmente Toncontín, asimismo debe asumir una posición para que la terminal aérea vuelva a operar como antes y que de un error que pudo haberse cometido se logre algo bueno para la capital y el país.
Álvarez propuso que tanto los aeropuertos como los demás servicios públicos como el agua potable, la energía eléctrica, el fondo vial y otros, que están bajo la administración del Estado, sean manejados por las municipalidades lo cual sería de mucho beneficio porque los alcaldes sólo tomarían decisiones a favor de la comunidad.
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